Educación. Lo Hecho y lo por Hacer

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Desde la recuperación de la Democracia en 1982, el país ha trabajado en dos grandes proyectos de reforma de la educación sobre la premisa de que de todos, es el mayor desafío del país: La Reforma Educativa de 1994 y la de 2011. Se diga lo que se diga, las dos son complementarias en lo esencial, aunque el enfoque ideológico y algunas cuestiones estructurales aparezcan como antagónicas y enfrentadas.

La Reforma de 2011, igual que la Constitución, tiene como defecto el exceso de palabras que definen y califican, y que pueden llevarnos a la confusión y a perder de vista los aspectos verdaderamente importantes referidos a cantidad y calidad educativas. Este es el recuento de cómo define a nuestra educación la Ley Siñani-Pérez: El derecho a la educación es “universal, productivo, gratuito, integral, intercultural y sin discriminación”. La educación es “unitaria, pública, democrática, participativa, comunitaria, descolonizadora y de calidad, intracultural y plurilingüe”. El sistema educativo es “abierto, humanista, científico, técnico, tecnológico, productivo, territorial, teórico y práctico, liberador, revolucionario, crítico y solidario”. ¡Son 28 (veintiocho) características, cualidades o adjetivos¡

Si navegamos por encima de este mar de palabras debemos aceptar que el Estado ha hecho un verdadero esfuerzo por transformar la educación, tarea que está en plena construcción, pero que enfrenta aún serias dificultades.

El gasto en educación pasó de 6.500 millones de bolivianos en 2006 a casi 19.000 en 2014 (cifra que probablemente se ha reducido en el periodo 2015-2016). El Bono Juancito Pinto pasó de 1 millón de beneficiarios en 2006 a 1,7 en 2012. Según el censo de 2012 la tasa de asistencia a centros educativos en el rango de edad de 6 a 19 años es del 87%. Tenemos 3 millones de estudiantes (1,3 en primaria, 1,1 en secundaria y 0,8 en alternativa) que equivale al 30% de la población total del país. Enseñan a esa cantidad de alumnos 150.000 maestros (120 mil en educación regular y 30 mil en especial), teóricamente un maestro cada 20 alumnos.

De acuerdo a la Unesco (2015), la matrícula en todos los niveles de educación se incrementó significativamente llegando en algunos casos al 100%, disminuyó la tasa de abandono, aumentó el porcentaje de culminación del sexto grado tanto en primaria como en secundaria, mejoró sustantivamente la meta de lograr la paridad de género (100% de matrícula en hombres, 93% de matrícula en mujeres), se incrementó el número de profesores normalistas con relación a los interinos, aumento el número de establecimientos escolares y, finalmente, se redujeron las diferencias entre los indicadores de área rural y área urbana.

Son logros que no sólo no se pueden desconocer, sino que deben aplaudirse como el producto de un compromiso genuino del Estado en sus tres niveles, central, departamental y municipal.

Pero está claro que este escenario enfrenta dificultades muy grandes a la hora de la evaluación de los logros cualitativos de nuestro sistema que es el mayor de los problemas, al que se suman el abandono escolar, que a pesar de haber disminuido es relevante, la violencia en las escuelas y como elemento referente de una realidad compleja, el incremento de embarazos en pre adolescentes y adolescentes. La cuestión de la calidad educativa tiene que ver con la necesidad de un enlace entre la salud y nutrición en los primeros cinco años y los contextos culturales urbanos y rurales en esa etapa de la vida de los niños. La formación de los alumnos depende de un entorno grato y humano en el que se combina la infraestructura escolar (aún muy deficiente), el entorno escolar referido a la vida en común, higiene y adecuados usos y costumbres, y el manejo administrativo de los niños y adolescentes (no exclusivamente maestros) y, por supuesto, el nivel académico de los profesores.

En este último aspecto -probablemente el crucial- se debe establecer una relación inseparable entre el contenido de la curricula, el grado académico de quienes educan a los educadores y los aspectos intrínsecamente ideológicos que marcan las líneas maestras de nuestros contenidos y métodos educativos. El país afronta desafíos parecidos a los de su economía, la necesidad de dar un salto cualitativo que, eventualmente, queme etapas. Pasar de la educación decimonónica a la del siglo XXI, de los ciclos y grados convencionales a la educación de redes, de la información a la elaboración, de la clase magistral a la adaptación a los desafíos por emulación de los juegos-preguntas, etc. Pero esa complejidad tiene que ver con aceptar con qué bueyes aramos y reconocer que esa estructura no se puede desmantelar, sino que se debe transformar, confiar en que el núcleo del desafío está en la formación de educadores y que los instrumentos tecnológicos sean entendidos como medios y no como fines.

Hoy por hoy, lo que tenemos es una educación cuantitativamente buena (salvo en infraestructura) y cualitativamente todavía muy deficiente.

Sobre “Principios y Gastos Reservados”

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El Vicepresidente, una vez más, ha decidido soslayar la cuestión medular referida al cumplimiento de la Ley anticorrupción y su irretroactividad. Ahora se ha empeñado en cuestionar mis principios para descalificar mis observaciones jurídicas, y lo hace a propósito de mi D.S. 27345 referido a Gastos Específicos-Gastos Reservados en su art. 10, que establece que los gastos “que SEAN ACEPTADOS por el Contralor, deberán ser destruidos o incinerados por éste, en presencia del ministro respectivo, debiendo dejarse constancia en acta de este hecho”.

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