SIN JUSTICIA INDEPENDIENTE Y TRANSPARENTE NO HAY DEMOCRACIA NI LIBERTAD
El gobierno de Luis Arce no quiere dar cumplimiento a las recomendaciones del Informe GIEI – CIDH referidas a los cambios urgentes que requieren el Ministerio Público y el Órgano Judicial, imprescindibles para tener fiscales y jueces independientes, imparciales, idóneos y de alta credibilidad y confianza ciudadana.
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La Alianza Comunidad Ciudadana lamenta la posición asumida por el gobierno y el Movimiento al Socialismo que, a través del presidente de la Cámara de Diputados Freddy Mamani Laura, ha rechazado la propuesta de avanzar hacia un acuerdo de paz y reconciliación en el país, y continua con su política de confrontación, con una lógica hegemónica y excluyente.
Lo único que le interesa al gobierno y al MAS es mantener el actual sistema de justicia sumiso a sus órdenes, ilegítimo y carente de credibilidad.
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El Informe del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI), ha puesto en evidencia la debacle del sistema judicial boliviano, cuyos operadores han perdido toda su legitimidad e idoneidad para garantizar el acceso a la justicia y defender el imperio de la Ley.
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En tiempos políticos oscuros como los que vivimos, se impone una palabra de interpelación a los poderosos.
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Carlos D. Mesa Gisbert
Con la retórica de la mentira a la que se han acostumbrado, las principales autoridades del gobierno masista han decidido aprovechar la inauguración del segundo esperpento arquitectónico en la plaza Murillo -en este caso el millonario edificio de la Asamblea Legislativa- para profundizar la retórica del “cambio” y la supuesta “sepultura del Estado republicano y colonial”.
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Carlos D. Mesa Gisbert
Cuando la mentira tiene el tamaño de una gigantesca montaña, cuando la desvergüenza es imposible de ocultar, cuando el uso brutal del poder es la única credencial que se puede exhibir, más temprano que tarde la verdad de los hechos sale a brillar y hunde en la contradicción, el disparate y la caricatura a los “acusadores” de ocasión.
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Transcribo el documento que presenté a la fiscalía el día 17 de junio de 2021, en el que presento los argumento para ejercer mi derecho constitucional a no declarar.
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Durante toda mi vida he estado comprometido con Bolivia y con la democracia, la he practicado, la he defendido y me he desprendido del poder cuando lo tuve, por mi convicción de que el respeto a los derechos humanos y a la vida es uno de sus valores más importantes.
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LA AUDITORÍA DE LA OEA PEDIDA POR MORALES PROBÓ EL FRAUDE
La auditoría de la OEA después de las elecciones del 20 de octubre de 2019 fue pedida por el MAS, no por la oposición. La pidio el Presidente y candidato Evo Morales el 22 de octubre de 2019, a través de su ministro de RR.EE. Diego Pary, quien comprometió entonces que: “sea cual sea el resultado, nosotros como gobierno vamos a aceptar el resultado”.
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La grave crisis de salud provocada por la pandemia que, ni el gobierno de Jeanine Añez ni el de Luis Arce, han manejado con responsabilidad y transparencia; la estrategia gubernamental para intentar posicionar la mentira de un falso “golpe de Estado” que justifique la persecución política y; la evidencia de los graves hechos de corrupción cometidos por el ex Ministro Arturo Murillo que han causado indignación en la ciudadanía, demandan de Comunidad Ciudadana una posición clara y sustentada en la verdad.
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Con una nueva aberración jurídica, el Tribunal Constitucional del país acaba de ratificar su burla al Referendo de 21 de febrero de 2016. Además, el TCP insiste en declarar inconstitucionales varios artículos de la Constitución para mantener vigente la reelección indefinida, atribuyéndose competencias de Poder Constituyente que son de exclusiva potestad del pueblo boliviano en el ejercicio pleno de su soberanía. Por estas razones, Comunidad Ciudadana ha decidido presentar una petición a la CIDH para que ponga fin de una vez por todas a la discrecionalidad autocrática del gobierno del MAS que, otra vez, prueba que el Órgano Judicial está completamente a su servicio.
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Como Presidente de la Alianza Comunidad Ciudadana he enviado una carta que denuncia la ejecución de un plan de violación sistemática de los derechos humanos de líderes de oposición por el gobierno de Bolivia
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COMUNIDAD CIUDADANA AL PAÍS
La Alianza política Comunidad Ciudadana denuncia ante el país que ha comenzado un proceso brutal y arbitrario de persecución política, basado en la insólita invención de un caso. Un inexistente golpe de Estado supuestamente consumado en 2019.
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Comunidad Ciudadana ha presentado el martes 23 de febrero de 2021, a través de su bancada parlamentaria, el proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública para consideración de la sociedad boliviana y la Asamblea Legislativa. Nuestra Alianza cree que la aprobación de una ley de esta naturaleza es indispensable para el fortalecimiento de la democracia en el país, sobre todo en el contexto del autoritarismo que caracteriza a la actual administración de gobierno.
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Carlos D. Mesa Gisbert
Somos herederos, somos hijos, hemos sido nombrados, pertenecemos a un lugar y compartimos una comunidad. Esa noción de ser y estar, se hace profunda en el momento en que un nombre nos abarca porque al escucharlo nos sentimos llamados, identificados. Desde tiempos inmemoriales los seres humanos se reconocen entre sí porque aquello que les es común, además de un nombre, está marcado por símbolos, los que definen la identidad individual y colectiva. En nuestros días en las naciones del mundo, los dos símbolos más importantes de esa identidad son la Bandera y el Escudo.
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El 13 de enero de 2021 el gobierno de luis Arce ha aprobado el DS 4451 estableciendo el cambio de un símbolo fundamental del Estado, el Escudo de Bolivia, que ha sido sustituido por la Cruz Chakana. Dicho cambio que viola la CPE se ha aplicado en la correspondencia del gobierno, en los edificios públicos, en medios de comunicación estatales, en embajadas, en consulados, etc. Comunidad Ciudadana repudia esta acción que pretende, una vez más, borrar el pasado y crear un nuevo lenguaje simbólico despreciando los símbolos patrios establecidos por la Constitución. Por esa razón ha presentado una demanda de inconstitucionalidad de tal medida ante el Tribunal Constitucional.
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En el mundo paralelo en el que vive el gobierno del MAS desde hace ya tantos años, uno de los objetivos que persigue es el de la invención de una historia también paralela. Una decisión que desprecia intencionalmente toda construcción colectiva que se haya producido antes de 2006.
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PACTO NACIONAL POR LA SALUD DEL PUEBLO BOLIVIANO
Bolivia vive hoy la segunda ola de contagios que supera en intensidad a lo que sufrimos desde marzo hasta octubre de 2020. Hemos pasado los 170.000 contagios y los 9.300 fallecimientos.
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El 28 de diciembre envié una carta a Antonio Guterres Secretario General de la ONU, en la que denuncio la estrategia del MAS que pretende desconocer la flagrante evidencia del fraude electoral perpetrado por el gobierno de Evo Morales en 2019, como parte de una arremetida para seguir judicializando la política. En la carta le solicito la instalación en Bolivia de una oficina permanente de la ONU para la defensa de los DDHH.
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Ante la decisión de la jueza Claudia Castro de anular el proceso penal interpuesto por el ex Presidente de la República y actual presidente de nuestra alianza política, Carlos Mesa, en contra de Evo Morales Ayma, Álvaro García Linera y cuatro ex Ministros de Estado, por delitos relacionados con el fraude electoral de 2019, la Alianza Comunidad Ciudadana expresa lo siguiente:
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