Carlos D. Mesa Gisbert

Alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado (de 5 a 15 años de cárcel), atribuirse los derechos del pueblo (de 1 a 2 años de cárcel), conspiración (de 1 a 2 años de cárcel), atentados contra el presidente y otros dignatarios de Estado (de 5 a 10 años de cárcel), instigación pública a delinquir (de 3 meses a 2 años de cárcel), organización criminal (de 2 a 6 años de cárcel) y genocidio (de 10 a 20 años de cárcel). De todos esos delitos me acusan. Pero no sólo a mí. Somos 23 denunciados (con la acostumbrada muletilla de “…y otros”).

Este nuevo paso del masismo desbocado solo merecería ser considerado como un sainete cuyo destino es ir al canasto de la basura y quiza, un comentario piadoso para el “jurista” acusador que carece de los más mínimos instrumentos éticos, académicos e intelectuales que le permitan un ejercicio respetable de su profesión. Pero en realidad se trata de una caza de brujas, una persecución para descabezar todo vestigio de oposición, una forma más de revelar su cercanía a las dictaduras de Nicaragua y Venezuela.

La suma ilimitada de cinismo que desde 2006 aplican los gobiernos de Morales y Arce, se agrava día a día y está consiguiendo el objetivo de mezclar todo en el barro de sus mentiras. Al expresidente huido le faltan palabras para agraviar y descalificar a sus adversarios y comienzan a faltarle también artículos del Código Penal para vaciarlos sobre nosotros.

A esta lógica se suma la decisión de acallar las protestas legítimas y democráticas en las calles, literalmente a golpe de mazo, con grupos de choque masistas, policías reprimiendo, detenciones indiscriminadas y amenazas a cualquier paro o expresión popular libre, de responder con violencia y con cárcel a sus protagonistas.

Morales, que no se ha cansado de violar la Constitución sistematicamente sigue impune. Fue habilitado inconstitucionalmente como candidato en 2014 violando la disposición transitoria primera de la Constitución; desconoció su derrota en el Referendo de 2016; el TCP, bajo sus órdenes, inventó un supuesto derecho humano violado en su contra y lo habilitó inconstitucionalmente como candidato en 2019, suspendiendo para ello cuatro artículos de la CPE; ante la evidencia de que con el resultado electoral no podía evitar la segunda vuelta que me era ampliamente favorable en todos los sondeos, perpetró un gigantesco fraude probado por una auditoria internacional pedida por él mismo; renunció voluntariamente a la presidencia y acto seguido huyó a México dejando vacante el puesto, incurriendo en los delitos de incumplimiento de deberes y abandono del cargo; desde su refugio promovió el cerco y desabastecimiento de las ciudades del país.

La razón obvia por la que Morales sigue impune es que, a pesar de los juicios abiertos en su contra (por ejemplo el de ser autor intelectual del fraude electoral de 2019), goza de la abierta protección del Ministerio Público y los máximos jueces del Estado.

Es este personaje respaldado por el actual Presidente y su gobierno, quien usa a sus obsecuentes abogados disfrazados de “defensores de derechos humanos y luchadores por el imperio de la justicia”, para armar acusaciones delirantes a diestra y siniestra, mezclando a justos y pecadores con intención de perpetuar la mentira. 

Lo hacen él y sus socios de gobierno y de partido, sobre la penosa verdad de que todo el sistema judicial es un instrumento de sus designios, dispuesto a cumplir sus órdenes e imputar y detener con o sin argumentos, o peor, con los argumentos más desquiciados, a quienes ellos les digan que deben imputar y detener.

En la grave crisis política de 2019 la Iglesia (cuya valentía y claridad en su mensaje sobre el tema es un ejemplo), la Unión Europea, la ONU y la OEA (cuyo Secretario General fue muy claro al tipificar a Morales de golpista al perpetrar el fraude que puso en jaque lo más sagrado del sistema democrático, el voto popular), hicieron una contribución invalorable a la paz y a la democracia bolivianas; la respuesta de los autócratas fue acusarlos y descalificarlos. No contentos con eso persiguen, hostigan, apresan y condenan a quienes fuimos invitados por esas instituciones para que esos objetivos tan necesarios al bien común, fuesen posibles.

Para tener claro el tamaño y gravedad de lo que vivimos es imprescindible recordar que el 23 de septiembre de 2021 en la Asamblea General de la ONU, el Presidente Arce dijo: «La ruptura del orden constitucional en mi país tuvo la participación de… la jerarquía de la Iglesia católica y medios de comunicación hegemónicos. Pero también contó con la participación de la OEA, a través de su Secretario General Luis Almagro, también otros gobiernos de la región como el anterior de Argentina, del propio representante de la Unión Europea y otras organizaciones de origen internacional«.

Dicho lo cual ¡no pasó nada! A nivel internacional, más allá de un comunicado de protesta ante semejante mentira, la Unión Europea o la ONU (implicitamente mencionada por Arce) no cuestionaron las relaciones bilaterales o de bloque con el gobierno (la UE está conformada por 27 países y la ONU por casi dos centenares).

Cuando se imponga la verdad, que más temprano que tarde se impondrá, se podrá valorar la evidencia de que el verdadero intento de golpe lo protagonizó Morales quien, además de ser el autor del fraude electoral, organizó -afortunadamente sin éxito- una trama para dejar al país con un total vacío de poder y sumido en el caos.

No es este un espacio para dar explicaciones sobre las nuevas acusaciones que hace públicas el “jurista” de marras, que no harían otra cosa que avalar a quienes han dado un golpe de hecho al Órgano Judicial y pretenden darlo al Órgano Legislativo y Electoral. Pero sí lo es para reflexionar sobre el saldo de todo este cúmulo de abusos que colocan al Ejecutivo cada vez más cerca de la dictadura desembozada.

Lo más doloroso de todo es el camino deliberado del gobierno y los jararcas del MAS para profundizar las brechas de odio y rencor en nuestra sociedad; sobre todo las brechas étnica y regional.

Quienes gobiernan desde hace tres lustros han promovido y promueven la degradación y el envilecimiento progesivo de nuestra sociedad, cercada por la corrupción, el narcotráfico (cada vez con mayores signos de violencia), el contrabando y las mafias organizadas en todos los niveles sociales, que medran del dislocamiento total de una institucionalidad que está desapareciendo.

Cualquier desaprensivo puede soltar el bulo que quiera a sabiendas de sus altas posibilidades de ocupar una primera plana o un títular de apertura en los medios. Que venga luego el damnificado y aclare…

La tarea de oposición democrática, en nuestro caso permanentemente ligada al espíritu de diálogo, reconciliación y paz, con hechos tangibles y demostrables, es calificada de un plumazo como ineficiente, inútil, o -siguiendo el guión de los autócratas- estéril de propuestas y con un solo supuesto objetivo: bloquear los acuerdos que el país necesita.

De ese modo, se deduce que cuando a los detentadores del poder les basta la mayoría absoluta en la Asamblea, la oposición es inepta y cuando necesita los 2/3 y la minoría no se los regala para evitar la consumación de nombramientos de acólitos funcionales al gobierno, la oposición sólo sabe bloquear. ¿No bloquear quiere decir sumarse funcionalmente al MAS y votar por sus candidatos a Defensor del Pueblo y Contralor, militantes y útiles a los intereses del gobierno?

En este mundo al revés que nos quieren imponer,  el mayor riesgo es que acabemos creyendo que las cosas son como las cuentan y que su posverdad, difundida a golpe de millones en publicidad y repetición hasta la nausea en sus medios de comunicación propios o aquellos que controlan sin disimulo, se acabe convirtiendo en “la verdad”.

Es esto lo que debemos combatir quienes hemos dedicado -y seguiremos en ello- toda nuestra vida a la construcción de una sociedad democrática, justa e inclusiva, con instituciones serias, con ciudadanos educados y preparados para vivir con respeto y creatividad en el complejo mundo que nos ha tocado.