Quienes estuvimos en la plaza Murillo la tarde-noche del 10 de octubre de 1982 y vimos aparecer al Presidente Hernán Siles Zuazo en el balcón de palacio de gobierno, en medio de una gran algarabía, no podíamos adivinar que en ese día afortunado se inauguraba el más largo periodo democrático de nuestra historia.

De hecho, cabe la reflexión en torno a si esa jornada culminaba la recuperación o era en realidad la inauguración de la democracia en nuestra vida política. Con el paso del tiempo y la experiencia directa, creo que es perfectamente legítimo afirmar que fue el comienzo de la vida democrática de la sociedad boliviana. Las experiencias anteriores a 1952 estaban estigmatizadas por el voto censitario que excluyó a la inmensa mayoría de los bolivianos del ejercicio de la ciudadanía (mujeres e indígenas, especialmente).  Después de la revolución del 52 vivimos la paradoja de que la universalización de los derechos a través del voto universal, la reforma  agraria y el código de educación, condujo a la autocracia de partido único, el MNR, hasta su derrocamiento en 1964 que abrió un largo periodo de dictaduras militares con brevísimos interregnos constitucionales.

En cambio, desde 1982 y por primera vez, el pueblo boliviano comenzó a vivir bajo el imperio de la ley con las garantías reconocidas por la Constitución, proceso cuyo desarrollo mostró evidentes luces y sombras, algunas de las cuales se proyectan largas sobre la sociedad en la actualidad.

Hoy, podemos juzgar los más y los menos de ese camino hacia la libertad que conquistó el pueblo en su conjunto en todos los estratos de la sociedad con una transversalización étnica, regional, social y económica que confluyó en el periodo 1978 (caída de Banzer)-1982 (elección congresal de Siles), particularmente inestable y turbulento, pero riquísimo y generoso en entrega , compromiso y sacrificio de miles de hombres y mujeres que hicieron posible que se abrieran las puertas de la libertad en Bolivia.

El año 40 de la democracia, sin embargo, nos encuentra bastante lejos del ideal del 10 de octubre. Vivimos un país distinto en un mundo distinto. El paradigma democrático está sometido a las más fuertes tensiones en su propia cuna. El desencanto se ha apoderado de la nueva generación que cuatro décadas atrás creyó en una utopía que cambiaría todo para bien. No contábamos con el nuevo panorama mundial en el que una nueva polarización se ha apoderado del escenario global. Polarización entre el bloque occidental y el oriental, no sólo geográfico sino ideológico. Polarización en el seno de Occidente y en el de América Latina en el que el populismo impulsado por la fuerza de las redes sociales, el nuevo mecanismo de control colectivo, ha instalado la posverdad (que en buen romance no es otra cosa que la mentira) como caballito de batalla política. Las ideas se subordinan cada vez más a su caricatura. Los hechos, desnaturalizados por esa fuerza perversa, son manipulados a gusto y sabor por intereses políticos que los cambian sin rubor ante una sociedad literalmente ahogada en medio de espasmos audiovisuales personalizados que ponen en duda la verdad hasta concluir que ésta es susceptible, no de ser interpretada, sino de ser negada, maquillada o cambiada cínicamente por el poder.

La democracia heredada de una larga y rica historia universal, es víctima de sus propios mecanismos de funcionamiento. La fuerza de sus valores se pone en cuestión no en la forma sino en el fondo. La legitimidad de origen ganada por el voto popular, es el trampolín del populismo autoritario para construir el edificio de la dictadura y saltar a la ilegitimidad del poder total mal disfrazado de celofán legal.     

En Bolivia, como en varios países de la región, el agotamiento del modelo bautizado como neoliberal en los años noventa del siglo pasado, se hundió en medio de la protesta popular y el surgimiento de una propuesta de cambio estructural que incluía en nuestro caso el reconocimiento definitivo del mundo indígena como protagonista e igual en una sociedad que necesitaba cerrar la página de la inclusión abierta en 1952.

La gran impostura de esa propuesta encarnada en la Constitución de 2009, aprobada en medio de una violencia desbordada y en el nuevo denominativo del país como Estado Plurinacional, fue la apropiación patrimonial del Estado en su conjunto por un caudillo, Evo Morales y su partido, el MAS, un conglomerado de movimientos colectivos de diverso origen. La suma de la atractiva propuesta de reformulación del camino a la inclusión y la igualdad y una bonanza económica apalancada por los más espectaculares precios históricos de nuestras materias primas, dio paso al gobierno más largo de la República y a la evidencia de que progresivamente el poder atrabiliario y su control indefinido eran los verdaderos objetivos de Evo Morales y su estructura política. Ambos insertados en una corriente latinoamericana de populismos “progresistas” que se apropiaron del poder en sus respectivos países. Desde las dictaduras abiertas de Venezuela y Nicaragua (descontando la añeja dictadura cubana muy anterior e ese momento) hasta los gobiernos autoritarios que vivimos en parte de América Latina.   

La caracterización de este momento tras cuatro décadas de democracia, requiere entender su secuencia. Entre 1982 y 1985 se cimentó el respeto a la democracia, la libertad y los derechos humanos en medio de una crisis económica brutal que desfondó las bases mismas del funcionamiento del país. 

Entre 1985 y 2003 se vivió la consolidación de una economía de signo liberal que salvó al país de la debacle económica con un alto costo social (siempre menor que el costo de la hiperinflación que la precedió). En esa etapa se llevaron a cabo dos reformas a la Constitución (1994 y 2004) que reconocieron al país como multiétnico y pluricultural, con una democracia representativa y participativa (a través del referendo y la asamblea constituyente). Se garantizó una Corte Electoral independiente, se creo el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo. Se aprobaron las leyes del medio ambiente, participación popular, reforma educativa, la nueva reforma agraria y la capitalización de cinco empresas del Estado (la más polémica y cuestionada medida de todo el este periodo). Fue un tiempo de alternancia en la presidencia entre oficialismo y oposición en el contexto de un triángulo político protagonizado por el MNR, el MIR y la ADN (en el espectro de posiciones de centro y de derecha). La implosión en medio de la violencia de ese segundo periodo de la democracia, tuvo que ver con el alejamiento progresivo de los partidos gobernantes de su base social, la creación de un círculo cerrado de control del poder político y económico, el crecimiento de la corrupción y el surgimiento de partidos populistas críticos al poder, pero sobre todo la insurgencia de movimientos sociales (cocaleros e indígenas) que reivindicaron un espacio central en la toma de decisiones y enfrentaron sin matices al poder. A todo ello se sumó la injerencia descarnada del gobierno de los Estados Unidos en política interna, a título de la guerra contra las drogas y el narcotráfico.

Entre 2003 y 2006 se produjo un momento de transición en el que, en medio de una fuerte tensión social, se recuperó el valor de la vida y el respeto a los derechos humanos, se cambió la política de hidrocarburos a través de un referendo que permitió un incremento impositivo a las transnacionales y la creación del IDH y se viabilizó el camino a las autonomías y a la Asambleas Constituyente.

En 2006 la esperanzadora insurgencia del MAS en medio de una marea de votos inició un momento auspicioso que se desbarrancó progresivamente hasta marcar la desafiante realidad de hoy. Se ha agotado completamente el programa del “proceso de cambio” y se ha envilecido la relación del Estado con la base de la sociedad (los movimientos sociales). Los avances en el crecimiento económico, estabilidad monetaria y energética y reducción de la pobreza, hoy están congelados o en retroceso. No pueden ser ya la bandera de promoción de un viejo modelo de desarrollo rentista y extractivista, a los que se suma la migración deliberada que contribuye a la depredación, la destrucción del equilibrio ambiental, el irrespeto a los derechos indígenas de tierras bajas y la corrupción sistemática en varios estamentos del poder.

Esa ansia ilimitada de poder de Evo Morales la demostró en los hechos. Puso en grave riesgo la democracia con sus sucesivas vulneraciones a la Constitución: reelección ilegal (2015), burla de la voz popular (21 de febrero de 2016), postulación inconstitucional, fraude electoral (20 de octubre de 2019), huida del país intentando generar un vacío de poder y promoviendo la violencia con el cerco y desabastecimiento de ciudades. Fue sin duda la etapa de mayor riesgo real para la continuidad democrática y de acciones autocráticas que no solo desoyeron la voz del pueblo, sino que lo escarnecieron de la manera más desaprensiva. 

La sucesión constitucional, tras la grave crisis política de 2019 y la huida de Morales, solo fue un lamentable paréntesis de un mal gobierno golpeado además por la peor crisis de salud de rango planetario de la historia reciente, el COVID.

El estancamiento del que somos víctimas por la insistencia del actual gobierno en repetir en tiempos nuevos viejos esquemas, nos condena a un futuro en el que no hay espacio para nuevos paradigmas productivos, ambientales y vitales, en el contexto de la destrucción de valores esenciales, entre los que está la ausencia de una ética del trabajo y del bien hacer, en medio del mar de corrupción que asola al país.

La conmemoración de estos 40 años se hace cuando tenemos un gobierno elegido por el voto que no cumple su mandato básico, el respeto y el cumplimiento de la Constitución nacida por imposición del partido que hoy dirige al país. Hemos retrocedido grandemente desde 1982. Seamos claros, Bolivia no vive hoy una democracia sino una autocracia que no respeta ni la democracia participativa solo válida cuando se trata de quienes son afines al MAS, ni la representativa con un descarado control y uso y abuso de los cuatro órganos del Estado, ni comunitaria cuando se trata de garantizar los derechos de los pueblos indígenas más pequeños y débiles, sobre todo en los llanos de la patria.

Nos toca recuperar en primer lugar la justicia y el ministerio público, en segundo lugar el órgano electoral. Nos toca lograr un censo que nos de el retrato correcto del país que somos hoy para perfilar respuestas de políticas públicas, reordenamiento presupuestario y reordenamiento de los espacios parlamentarios y geográficos de la reconfiguración política para el futuro. Nos toca proponer un nuevo paradigma de desarrollo, una transformación educativa y de salud y una nueva ética colectiva, que recupere los valores de una sociedad moderna y democrática con equidad y verdadera igualdad de género, étnica, económica y social.

Si queremos una democracia como la que soñamos y conquistamos en 1982, debemos entender desde la oposición a corregir nuestros errores, derrotar egos y construir juntos una alternativa de poder para 2025 cuya base central sea la unidad, no la retórica, sino la real de una candidatura que represente esas ideas y que aglutine al país para derrotar esta autocracia destructiva y contraria a las ideas que hicieron posible la epopeya de octubre de hace 40 años.