DOCUMENTO SUSCRITO POR COMUNIDAD CIUDADANA, CREEMOS, CONADE Y COMITE CÍVICO PRO SANTA CRUZ

SIN JUSTICIA INDEPENDIENTE Y TRANSPARENTE NO HAY DEMOCRACIA NI LIBERTAD

El gobierno de Luis Arce no quiere dar cumplimiento a las recomendaciones del Informe GIEI – CIDH referidas a los cambios urgentes que requieren el Ministerio Público y el Órgano Judicial, imprescindibles para tener fiscales y jueces independientes, imparciales, idóneos y de alta credibilidad y confianza ciudadana.

Este es el único camino para que las investigaciones y procesos penales por violaciones a los derechos humanos, señaladas en el mismo informe, den lugar a un verdadero acto de justicia, especialmente con relación a las pérdidas de vidas humanas, bajo la premisa de que todas deberían valer por igual ante la justicia (Recomendaciones 9 y 10 del Informe Final GIEI – CIDH).

El gobierno del MAS no quiere asumir su responsabilidad para la realización de estos cambios urgentes al Ministerio Público y al Órgano Judicial. Se niega a aceptar un diálogo plural con líderes políticos y sociales, que es el único camino para alcanzar la paz y la reconciliación entre los bolivianos por los hechos ocurridos en la crisis del año 2019 (Recomendación 11 del Informe Final GIEI – CIDH).

El gobierno de Luis Arce busca mantener la sumisión y dependencia de fiscales y jueces al ejecutivo con objetivos políticos y de represión. Los procesos penales que están instaurados por acción del Ministerio Público, son en los hechos, acciones de linchamiento político-judicial mientras archiva y desestima casos de gente del MAS y de operadores del gobierno mediante un certificado de impunidad o encubrimiento, como lo es el sobreseimiento del caso Fraude Electoral; o simplemente el Decreto Presidencial de Amnistía e Indulto. Esta actitud demuestra que el Gobierno Nacional quiere mantener y acrecentar la polarización, división y confrontación en la sociedad boliviana, manteniendo presos políticos, causas que vulneran el debido proceso y garantías constitucionales.

El hecho de que el Gobierno Central, no haya tomado ninguna acción de destitución del Fiscal General del Estado Juan Lanchipa Ponce, es la prueba irrefutable de que el estamento político del MAS mantiene un pacto de encubrimiento  de Evo Morales Ayma; a pesar de que el Informe Final GIEI–CIDH identificó actos de impunidad evidentes: Quillacollo, Vila Vila, Yapacaní, Betanzos y Montero entre otros. Estos hechos tienen antecedentes muy graves, el mayor el pisotear la voluntad del pueblo al desconocer el 21-F, engendrar violencia, confrontación, resentimiento y muerte a través de su constante discurso de odio, promovió el mayor fraude electoral en la historia de la democracia.

Con estos hechos inconstrastables, las instituciones de la sociedad civil y las alianzas políticas que suscribimos este documento, consideramos indispensable para alcanzar paz social y concordia entre todos los bolivianos:

1.   Que las investigaciones y procesos penales por las violaciones a los derechos humanos ocurridas el año 2019, se lleven a cabo con un Ministerio Público y Órgano Judicial renovados, con nuevos operadores que garanticen independencia, imparcialidad, transparencia e idoneidad.

2.   Que la detención preventiva, por la forma arbitraria de su aplicación y duración se convierte en un castigo anticipado contrario a la presunción de inocencia constitucionalmente garantizada. Esta medida debe ser la excepción y no la regla. Las personas detenidas deben defenderse en libertad, con la aplicación de medidas alternativas o sustitutivas que garanticen su presencia en el proceso. Se exige la libertad de los presos políticos, el cese inmediato de las aprehensiones por razones políticas, a los que denuncian corrupción o luchan por los derechos humanos.

3.   Que la única forma de que exista un diálogo plural con actores políticos y sociales para llevar adelante acciones inmediatas de renovación total del Ministerio Público y del Órgano Judicial, pasa por escuchar a todos y abrir una mesa de dialogo con verdadera voluntad política de llegar a acuerdos. Mientras el Ministro de Justicia y el gobierno de Luis Arce no expresen su intención de apertura, se profundizará la crisis de la justicia en Bolivia.

4.   Elevar estas denuncias ante la CIDH como garantes del seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe GIEI, así como a la Organización de los Estados Americanos y a toda la comunidad internacional, sobre todo, por el riesgo que existe para todos los bolivianos bajo un Gobierno que no respeta los más elementales Derechos Humanos. Denunciar que las bolivianas y bolivianos no contamos con  un sistema de Justicia que defienda al pueblo, al contrario, este se ha convertido en un arma política de Intimidación, persecución y apresamiento.

La justicia sólo puede existir en democracia, es tiempo de desterrar el discurso de odio, venganza y fanatismo.

Bolivia, 28 de agosto de 2021

COMUNIDAD CIUDADANA

CREEMOS

CONADE

COMITÉ CÍVICO PRO SANTA CRUZ