El control del Órgano Judicial es la llave del poder de los autócratas, y su recuperación, la llave de una verdadera democracia

Carlos D. Mesa Gisbert
Hay un solo camino para derrotar al autoritarismo y la autocracia que se ha instalado en Bolivia con Evo Morales desde el 22 de enero de 2006, sin modificaciones en los gobiernos de Jeanine Áñez y de Luis Arce.
¿Cuál es? Recuperar la justicia para la democracia.
No es ningún secreto, por el contrario, está a la vista de todos que en América Latina los regímenes dictatoriales abiertos o sagazmente disfrazados, percibieron muy pronto que el instrumento más importante para coronar su objetivo de poder absoluto por tiempo indefinido, convenientemente adobado de una retórica “revolucionaria y transformadora”, es el Órgano Judicial.
El Ministerio Público (la fiscalía) y el Órgano Judicial son imprescindibles para hacer posible el control total de un país y la reproducción de su poder. Por eso, la lucha por una justicia independiente es de vida o muerte para la democracia. Mientras la justicia sea el botín de los autócratas, seremos objeto y no sujeto de nuestro destino colectivo.
¿por qué es tan decisivo este tema?
Porque permite la construcción de un “corpus” de leyes adecuadas a los intereses de los gobernantes, reglas de juego restrictivas para los opositores, delimitación de una legislación y una geografía electoral (vía circunscripciones) que favorezca al partido de gobierno, condiciones desequilibradas en caso de procesos revocatorios, representación injusta en los gobiernos subnacionales y, finalmente, mecanismos de manipulación y fraude en espacios geográficos (sobre todo rurales) convertidos por la vía del prebendalismo, la corrupción, el chantaje y la complicidad, en áreas vetadas a los tribunales electorales y, por supuesto, a la fiscalización de la oposición y de veedores independientes nacionales y extranjeros.
Porque todo delito de quienes manejan el gobierno queda impune, desde la corrupción pura y dura hasta la vulneración de la soberanía popular. Porque todas nuestras libertades y derechos constitucionales quedan en manos de la autocracia, desde la violación sistemática de los Derechos Humanos hasta la anulación de las garantías de un debido proceso.
Porque toda legislación por arbitraria que sea es cohonestada, desde la aprobación de leyes inconstitucionales hasta el rechazo a cualquier propuesta legislativa de la oposición.
Porque todo adversario político es convertido en enemigo, amenazado, perseguido y encarcelado a discreción, desde la validación de cualquier arbitrariedad del mandamás hasta los juicios inventados con pruebas falsas o amañadas.
En este contexto brutal, la vulneración sistemática del estado de derecho y el debido proceso son la regla y no la excepción.
Como siempre, además, fiscales y jueces meten en el mismo saco el trigo y la paja y confunden a los ciudadanos mezclando delitos reales con delitos inventados, hasta que en medio del barro nadie puede distinguir una cosa de la otra.
El control del Órgano Judicial y la Fiscalía pasan por un triple rasero:
1. jueces y fiscales militantes o adeptos al partido de gobierno.
2. serviles a las órdenes de quienes manejan la estrategia de control de su funcionamiento, en consecuencia, complacientes y corruptos
3. preferiblemente, con escasa idoneidad profesional.
El resultado es catastrófico, no sólo para el sistema de separación e independencia de poderes, sino para el ciudadano común que sufre un mecanismo podrido del que es víctima todos los días en fiscalías y juzgados desde el nivel local hasta los más altos tribunales.
Se trata de recuperar la justicia para todos, para los más débiles, para los desamparados, para los que no pueden pagar un fallo, para las acosadas, violadas y asesinadas, para romper el ciclo de montañas de papeles que tardan una infinitud en moverse, procesos que sólo avanzan con dinero contante y sonante, para quienes están más tiempo presos en “prisión preventiva” que el que establecería una hipotética sentencia que nunca llega, para un sistema podrido hasta la raíz en el que se mezcla la militancia política, la venalidad y la ineptitud.
Cuando la justicia está en manos del autócrata, no hay proceso judicial, propuesta legislativa, demanda de inconstitucionalidad, apelación, petición de libertad, votación popular, interpretación de la Constitución, que prospere.
Por eso proponemos una reforma inmediata del Órgano Judicial y el Ministerio Público, por eso estamos abiertos al diálogo, por eso estamos convencidos de que una nueva justicia es el único camino para nuestra democracia y para la reconciliación y la paz entre compatriotas.
Pero a la vez, hemos llegado al convencimiento de que este cambio crucial debe conquistarse arrancándoselo democrática pero firmemente al gobierno autocrático de Luis Arce-Evo Morales. Una conquista que debemos encarar juntos la sociedad civil, el bloque cívico, las organizaciones sociales, los partidos políticos y los Asambleístas democráticos. ¡Todos juntos y al unísono!