Texto de la carta que he hecho llegar a la Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados por el Consejo de Derecho Humanos.

La Paz 15 de enero de 2024

Señora 

Margaret Satterthwaite

Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados por el Consejo de Derechos Humanos

Ginebra.-

Distinguida Relatora:

El pasado 2 de enero de 2024 los altos magistrados del Órgano Judicial de Bolivia (OJ), rompieron el orden constitucional del país al permanecer en sus cargos habiendo terminado su mandato de seis años de ejercicio de acuerdo a nuestra Carta Magna. Este hecho ha generado la más grave crisis de la justicia boliviana en su historia democrática. 

Para tener una dimensión exacta de la situación que vivimos es imprescindible apelar al artículo 14 numeral 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, que  establece que todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia y que toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. Esta norma internacional consagra el principio del “juez natural”.

En la Constitución de Bolivia la competencia, independencia e imparcialidad de las altas magistraturas judiciales del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Agroambiental (TAA) y Consejo de la Magistratura (CM), están determinadas por sus artículos 183, 188 III, 194 III y 200, que establecen un plazo de funciones de 6 años, sin derecho de reelección y con cesación de funciones al vencimiento de su mandato, que emana del voto  universal. 

Los ex Magistrados y Consejeros que asumieron estas funciones producto de la última elección popular en el año 2017, por la fecha de su posesión, cesaron en sus cargos por la mencionada prescripción constitucional, el 2 de enero de 2024. A pesar de estas prescripciones constitucionales, decidieron autoprorrogarse en sus cargos sin tiempo límite, en un evidente conflicto de intereses y en provecho propio, a través de la Declaración Constitucional Plurinacional 0049/2023 numeral 4 de su parte resolutiva, fechada el 11 de diciembre de 2023. Esta Declaración del Tribunal Constitucional Plurinacional, se hizo como parte de una consulta de constitucionalidad sobre un proyecto de ley de convocatoria a elecciones judiciales, que de acuerdo al Código Procesal Constitucional de Bolivia, debió limitarse a declarar específicamente si había artículos inconstitucionales en dicho proyecto de ley. 

Con evidente abuso de poder y exceso en sus funciones los Magistrados salientes del TCP, a veinte días de la conclusión de su mandato, incluyeron en la Declaración su autoprórroga y la de los Magistrados y Consejeros de los otros tribunales y consejos del OJ, cuando en el ordenamiento jurídico nacional e internacional no existe la figura de “prórroga del mandato” de magistrados que, de acuerdo a Constitución, han fenecido en sus funciones como lo ha señalado para el caso boliviano la organización internacional de derechos humanos Human Rights Watch.

Esta gravísima alteración del orden constitucional y democrático en Bolivia, se profundiza porque los magistrados autoprorrogados del TCP han sido parte de un sabotaje permanente, en alianza con el gobierno nacional, en contra de la Asamblea Legislativa Plurinacional, bloqueando y demorando las iniciativas legislativas que esta adoptó para viabilizar las elecciones judiciales por voto popular durante el año 2023, conforme manda la Constitución de Bolivia. Más grave aún, los magistrados prorrogados del TSJ, que actualmente están ejerciendo de facto estos cargos, han designado a 46 Vocales de los Tribunales de Justicia Departamentales que, también por el vicio de origen de quienes emana su designación, carecen de legalidad y legitimidad.

Esta situación ha generado una crisis de institucionalidad democrática y conflicto de poderes en Bolivia, que hace difícil la paz y la convivencia social, además de que socava las bases del orden constitucional y del Estado de Derecho, comprometiendo toda la administración de justicia, especialmente en el ámbito penal, por las consecuencias que genera el hecho de que no exista en este momento el “Juez Natural”.

En este contexto quiero recordar que el entonces Relator de la ONU, Diego García Sayán, vino en febrero de 2022 en una misión a Bolivia sobre el entonces ya delicado tema de la subordinación de nuestra justicia al Órgano Ejecutivo del Estado. En su informe señaló claramente que no existe independencia judicial en el país, hecho que se agrava ahora con la citada autoprórroga inconstitucional de toda la cabeza del OJ. Al ser él guardián de la Constitución (el TCP) el que la vulnera, respondiendo a intereses políticos del gobierno nacional, estamos indefensos para proteger los derechos humanos en su conjunto.

Llamo su atención sobre esta problemática, para que dentro del ámbito de sus funciones, realice la evaluación y recomendaciones que el caso amerite, como una contribución de su institución a Bolivia, para coadyuvar al restablecimiento del orden constitucional y democrático en mi país.

Aprovecho la oportunidad para expresarle mis más altas consdieraciones

Carlos Diego de Mesa Gisbert

Presidente de la Alianza Comunidad Ciudadana

Ex Presidente de Bolivia