La Alianza Comunidad Ciudadana lamenta la posición asumida por el gobierno y el Movimiento al Socialismo que, a través del presidente de la Cámara de Diputados Freddy Mamani Laura, ha rechazado la propuesta de avanzar hacia un acuerdo de paz y reconciliación en el país, y continua con su política de confrontación, con una lógica hegemónica y excluyente.
Lo único que le interesa al gobierno y al MAS es mantener el actual sistema de justicia sumiso a sus órdenes, ilegítimo y carente de credibilidad.
Esta actitud no sólo implica un mayor debilitamiento del Estado de Derecho, sino que refleja con claridad la decisión del gobierno y del MAS de rechazar las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que en el punto 6 de su documento conclusivo señala que “El GIEI observó la existencia de serias deficiencias del Estado boliviano en garantizar y respetar la independencia y autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público, además de debilidades en las capacidades de estas instituciones para garantizar la debida diligencia y el debido proceso en sus actuaciones”. (Página 462)
Comunidad Ciudadana, en coincidencia con el GIEI y varios organismos multilaterales e instituciones nacionales, plantea de buena fe una solución integral, viable y rápida, que nos habría permitido llevar adelante procesos jurídicos que garanticen una justicia oportuna, independiente, creíble y transparente, sin privilegios ni impunidad y sin dilaciones ni venganzas, en el tratamiento de los juicios de responsabilidad por los trágicos sucesos de 2019 que implicaron graves violaciones a los derechos humanos y las garantías constitucionales.
La respuesta del gobierno y el MAS incumple y desprecia un aspecto esencial del documento del GIEI en su recomendación Nº 10 cuando señala que “Nada de lo anterior puede llevarse adelante sin una firme voluntad política –desde el más alto nivel– explícita y compartida entre las autoridades del Estado Plurinacional, para fortalecer la independencia de las instituciones públicas que deben afirmar su autonomía y un funcionamiento transparente (…)”. (Página 463)
La falta de voluntad y el desprecio del MAS para garantizar la justicia, la legalidad y la vigencia de los derechos humanos, se burla nuevamente del pedido del pueblo boliviano de construir un futuro en unidad y respeto, sin discriminación ni violencia; y de concentrar los esfuerzos actuales en salir de las crisis sanitaria, social y económica que nos están afectando cada día con mayor rigor. En cambio, el MAS decide mantener la agenda de la venganza, la confrontación y la persecución.
Comunidad Ciudadana está convencida de que el único camino posible está en lograr una JUSTICIA INDEPENDIENTE QUE SE ADMINISTRE CON IMPARICIALIDAD EN EL TIEMPO MÁS CORTO QUE SEA POSIBLE. Por ello, continuará en su objetivo de impulsar una agenda política y social, basada en el respeto a los derechos humanos y la obediencia a los mandatos constitucionales y sostiene todos los aspectos señalados en su propuesta de un Acuerdo Nacional para reformar el sistema judicial.
La Paz, 24 de agosto de 2021
Carlos Diego de Mesa Gisbert 
Dn. Carlos Mesa, necesita una entrevista internacional !!
Está claro que el MAS no quiere soltar el timón ni el sillón bajo ningún motivo, no están dispuestos a acatar ningún arreglo para el bien de Bolivia hasta que dejen todo sin ningún posible arreglo.
Justicia independiente? Es algo muy dificil de exista en Bolivia en este momento y no veo que la situacion pueda mejorar. Despues de los 14 anos de Evo y estos meses de Arce, se puede concluir algo que tal vez no se veia tan claro como ahora: El gobierno del MAS no tiene ninguna intencion de gobernar teniendo en cuenta a todos los bolivianos. Tienen una ideologia egoista y no tiene intenciones de pensar en todos sino en si mismos. Esta idea es profunda y de vez en cuando descubren la misma cuando, por ejemplo Arce declara que las vacunas no seran para la oligarquia, pero sabemos que se referia a la oposicion, cualquiera sea su status economico. A proposito, esto merecia, minimo, una critica de derechos humanos o una sancion de la ley del racismo, pero por supuesto, el mismo no fue creado para masistas, solamente para la oposicion.
Asimismo, Choquehuanca dijo que no deberian haber ministros blancos, refiriendose a la oposicion, asi sean blancoides o con ideas opuestas. Y de nuevo, esto deberia haber sido penalizado por la ley del racismo (quien vela por ella? No deberian ser sancionados por abandono de deberes?).
Y ya sabemos lo que decian Evo o Linera, que ofrecian obras a los pueblos que voten por ellos, en una distorsion sumamente equivocada de lo que deberia ser un gobierno que se debe a todos, nuevamente cometiendo una ilegalidad en la que cayo Arce cuando, en forma sin verguenza (no se dan cuenta de su accion ilegal) dijo que seria mas facil trabajar con los alcaldes masistas, y esto es de nuevo otro hecho que no deberia ser parte de un gobierno que tiene intenciones de tratar a todos por igual.
En conclusion, nos encontramos con un gobierno cuyo proceder es exclusivista, racista al extremo y que no quiere incluir a todos, y lo peor, no les importa. Es un gobierno especial, negativo y permisivo con actos delincuenciales y que como Afaganistan, un gobierno que tolera la droga teniendo en cuenta que no se sabe donde va buena parte de la coca.
Dn Carlos con mucho respeto, no hay que ser ingenuos en política menos aùn con los operadores de Morales que manejan este gobierno.
Primero un juicio de responsabilidades y después antes o después vendrá el juicio a Evo morales. La ley en su independencia es un trabajo de toda la vida. Todos los países desarrollados y democráticos luchan todos los días para lograr la independencia del poder político.
Estimado Carlos,
todos estamos atentos a la decisión que tomará Ud, impunidad o no impunidad? Los hechos son reales, muertes de gente anónima con educación la que tenián, dada por gobernantes bolivianos. La vida de esta gente vale o no vale? La ley es igual para todos? Estas personas valen o valen en el pueblo que nacieron?
Se volveran a repetirse estos casos?
Todos queremos saber, que decisión tomará su partido, que al final es la decisión de Ud.
El informe»..» es claro : muertes y hay responsables.
Los bolivianos queremos ver si los ciudadanos anónimos valemos o no valemos.
Informe GIEI. El grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
Su pregunta es totalmente correcta. Los ciudadanos, anónimos o no, debemos valer exactamente igual ante la justicia.
Es verdad, cambiar el sistema judicial hasta sus raíces -lo que es imperativo e indispensable- demanda mucho tiempo.
Sobre esa base de razonamiento es que debemos encontrar respuestas.
Su pregunta vale para todos, no sólo para Comunidad Ciudadana. Vale para el MAS, para nosotros y para Creemos.
¿Cómo se responde?
Estableciendo con claridad qué es lo que está en juego.
1. Hay dos expresidentes que tienen responsabilidad en la crisis de 2019:
a) Evo Morales por dos temas. El primero: se presentó ilegal e inconstitucionalmente como candidato violando el art. 168 de la CPE después de haberse burlado de la voluntad popular el 21F, y por si fuera poco cometió un gran fraude. El segundo: por violación de DDHH en Montero, Vila Vila y Quillacollo en sus últimos días de gobierno.
b) Jeanine Áñez, que fue legítima y constitucionalmente Presidenta por el mecanismo de sucesión constitucional, por violación de DDHH en Senkata y Sacaba.
2. Para que hayan juicios de responsabilidades que busquen justicia y no venganza, o linchamiento político, o encubrimiento, o impunidad, POR LO MENOS, se deben cambiar los operadores del Ministerio Público y del Órgano Judicial. ¿Por qué?, porque TODOS; gobierno, oposición, ciudadanos y comunidad internacional, coincidimos en que son serviles a las órdenes del gobierno, corruptos y sin idoneidad profesional para hacer bien su trabajo.
3. ¿Qué operadores deben ser cambiados?: a) El Fiscal General y los 9 fiscales departamentales. Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y los magistrados del Tribunal Constitucional (TCP).
4. El proceso de cambio de esos operadores judiciales en el caso de los fiscales NO REQUIERE MUCHO TIEMPO. Se ha demostrado que cuando hay voluntad política y consenso, se pueden hacen nombramientos rápidos y llevar adelante procesos acelerados como ocurrió en 2019 con el nombramiento de un nuevo Tribunal Supremo Electoral y convocatoria a elección (las que se celebraron en 2020).
En este caso es perfectamente posible resolver ese desafío en UN MÁXIMO DE 90 DÍAS. Con buena fe y voluntad política podría hacerse aún en menos tiempo.
¿Cuáles son los pasos indispensables y sencillos para hacer los juicios de responsabilidades?
1. Cambiar al Fiscal General y los 9 fiscales departamentales por 2/3 de votos de la ALP, una vez hecho el acuerdo político propuesto de una modificación de Ley Orgánica del Ministerio Público.
2. Iniciar (no concluir antes de los juicios de responsabilidades) una Reforma Constitucional o aprobar en su defecto una Ley de Garantía de Independencia del Órgano Judicial para el cambio del TSJ y el TCP, que comprometa que el años 2023, cuando de acuerdo a la CPE corresponde una elección judicial, la Ley mencionada o la Reforma Constitucional, garanticen contar con un Órgano Judicial Independiente.
Es importante decir que los antecedentes históricos de juicios de responsabilidades realizado en nuestro país, indican que su duración desde el inicio hasta la sentencia, es de entre 4 y 7 años, lo que prueba que esperar 90 días para garantizar el cambio inmediato de fiscales y compromiso de contar con un TSJ y TCP Independientes en un plazo máximo acordado de menos de dos años, no es en absoluto ni un tiempo largo ni una dilación.
De ese modo cumplimos todos el objetivo de JUSTICIA PARA TODOS y cumplimos las recomendaciones del GIEI: Hay que sancionar a los responsables de las violaciones a los DDHH garantizando una Justicia independiente. AMBAS COSAS SON COMPLEMENTARIAS E INSEPARABLES, SI DE VERDAD QUEREMOS JUSTICIA.
Y usted cree que le escucharán? aceptarán??
Sr. Mesa, todas son buenas intenciones, pero no hay ciego que no quiera ver, el Gobierno de “Arce, Choquehuanca” y de Linera y Morales en los últimos 11 años, han mantenido la sumisión y dependencia de fiscales, jueces, medios de comunicaciòn, jefes policiales y militares y a dirigentes sindicales, todos condicionados a vivir bajo sus ordenes para la represión y linchamiento político-judicial y hasta la eliminación física de personas, persecuciònes y destierro forzado de ciudadanos bolivianos, con acciones similares a las que se viven en Colombia y Nicaragua (algo en común tendrán).
Piden tiempo para desterrar el discurso de odio, venganza y fanatismo? la respuesta es que pierden su tiempo, el papel aguanta todo.
Bajo estas condiciones, la historia nos demuestra el camino que se debe tomar, para desterrar esta vieja práctica de hacer política que tiene a todos los bolivianos bajo una tensión e indefención como si vivieramos nuevamente en las épocas de las dictaduras militares Y UNO SE PREGUNTA, HASTA CUÁNDO??