Hoy día, como me corresponde y es mi obligación, asistí a la convocatoria de la Fiscalía de La Paz, para comparecer como «testigo» en una investigación que emana del informe de la Asamblea Legislativa referida al caso Lava Jato Camargo Correa. Este es el documento que presenté en esa comparecencia:
La Paz, 12 de noviembre de 2018.
Excmo. Señor
Álvaro García Linera.
Vicepresidente del Estado
Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Presente.-
Ref: En ejercicio del derecho constitucional a la defensa, solicito intervención en la Asamblea Legislativa Plurinacional en la sesión de consideración del Informe Final INF – CEMISOyLJ N° 014/2018 – 2019 de la Comisión Especial Mixta de Investigación del Caso Odebrecht (EEUU) – Lava Jato Camargo Correa (Brasil).
A pesar de las evidencias ya existentes en la investigación «Castillo de Arena» de la Policía Brasileña, la Comisión de la ALP presidida por Susana Rivero, se negó a incluir la gestión de Morales en la investigación del caso Camargo Correa. El 4 de noviembre el periódico «El Deber» amplía la investigación con nuevos elementos que la Comisión debiera incluir. Dicho trabajo ratifica que todas las operaciones de supuesto soborno se hicieron en los periodos de los presidentes Rodríguez y Morales. Por esa razón le he enviado una nueva carta a la diputada Rivero
Diputada Susana Rivero, Presidenta de la Comisión que investiga el caso Camargo Correa
El 31 de agosto de 2018 envié a la Diputada Susana Rivero, presidenta de la Comisión de la Asamblea Legislativa que investiga los supuestos sobornos en el caso Camargo Correa (CC), vinculados a la construcción del tramo carretero Roboré-El Carmen, esta carta en la que establezco con claridad, no sólo mi posición en torno a sus actuaciones públicas, sino la demostración de la incongruencia de vincular mi nombre a determinadas iniciales, y el hecho de haber sido ya sometido a una investigación por la UIF, que establece la total transparencia de mis movimientos bancarios en el periodo investigado.
El 31 de agosto de 2018 envié a la Diputada Susana Rivero, presidenta de la Comisión de la Asamblea Legislativa que investiga los supuestos sobornos en el caso Camargo Correa (CC), vinculados a la construcción del tramo carretero Roboré-El Carmen, mis respuestas al cuestionario que me hizo llegar por escrito. Por la importancia del tema adjunté a mis respuestas dos cartas complementarias. Estos son los puntos más destacados de esa correspondencia.
En los próximos días la Comisión de la Asamblea que investiga el caso Camargo-Correa, difundirá su informe final. Dado que he decidido presentarme como candidato a la Presidencia del Estado, creo pertinente hacer conocer a la opinión pública todos los documentos que hice llegar a esa instancia legislativa, para que los ciudadanos cuenten con el contexto adecuado a la hora de conocer y valorar el citado Informe.
El Presidente Morales ha hecho conocer el 27 de septiembre de 2018 que nos concede una amnistía a Jorge Tuto Quiroga y a mí con el siguiente argumento: “Tomo esta decisión de manera personal apoyándome en la autoridad legal que la Constitución me confiere y lo hago sin solicitar a los expresidentes nada personal a cambio, sólo que defiendan […] nuestro derecho a una salida soberana al océano Pacífico con todas sus energías, con todo su corazón y capacidad intelectual”.
¿Cumplirá el Procurador el Art. 14 de la CPE y se atreverá a acusar al Presidente Morales por Daño al Estado en el caso Guaracachi?
el 24 de julio de 2018 le he entregado una carta al Procurador, diciéndole que debe acusar al Presidente Evo Morales por la expropiación de Guaracachi-Rurelec, en estricto cumplimiento del artículo 14, I de la CPE que establece igualdad de trato para todos los ciudadanos. De lo contrario debe retirar la acusación en mi contra. El Laudo del Tribunal Arbitral de la UN, desarrolló exactamente los mismos argumentos para Guaracachi que usó el CIADI para Quiborax. A igual daño al Estado, igual acusación… En lo personal acuso de ese daño en Quiborax a Arce, Menacho, Navarro y Arismendi.
Héctor Arce y Pablo Menacho, autores de una de las mayores aberraciones del actual gobierno: el caso Quiborax
Es difícil encontrar un caso más flagrante de la acción canalla de un gobierno y unos funcionarios que cometieron delitos de complicidad con una empresa extranjera, que defendieron de manera vergonzosa los intereses del país, con probadas irregularidades en el proceso internacional de más de una década y que, de la manera más descarada, tratan -basados en su impunidad y en el manejo de la justicia como una oficina servil a sus intereses- de endilgarme, sin el menor respaldo jurídico, su responsabilidad, la de regalarle 42,6 millones de dólares a unos empresarios y a una empresa pirata.
El 17 de julio de 2018 presenté un nuevo Memorial al Tribunal Supremo de Justicia, en el que hago conocer la falsedad ideológica en la que incurrió el Procurador General en su proposición acusatoria, al pedir que se me juzgue por el DS 27589 que dicté en 2004 en torno a Non Metallic Minerals, cuando en su defensa ante el Tribunal Arbitral del CIADI la Procuraduría defendió la total legalidad de dicho DS, incurriendo en una flagrante contradicción cuya tipificación no es otra que falsedad ideológica.
El 13 de julio de 2018 entregué el 2º Memorial al Tribunal Supremo de Justicia, con nuevos elementos de juicio para que el TSJ anule la Proposición Acusatoria en mi contra presentada por el Fiscal General. Estos son: La recepción extemporánea del testimonio del Expresidente Rodríguez, y el haber emitido opinión sesgada sobre su contenido, cuando ya cesó su competencia en esta etapa del proceso.
El día 12 de julio de 2018 envié una carta al Director Ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización de Empresas (AEMP), para pedirle que retire el desistimiento de la acusación que la AEMP hizo para permitir la absolución del empresario acusado de falsificación en el caso Quiborax, Allan Fosk.
El Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, ha declarado el 12 de julio de 2018 que el testimonio del expresidente Eduardo Rodríguez sobre el caso Quiborax “es lapidario para el exmandatario Carlos Mesa porque con esa acción (mi DS de expulsión de Non Metallic Minerals) se habría reconocido que hubo irregularidades” y que “de haberse tomado en cuenta ese caso todavía sería más lapidario para el expresidente Mesa”.
El día 10 de julio de 2018 he presentado ante el Tribunal Supremo de Justicia, una petición para que anule la acusación del Fiscal por diversas y graves irregularidades en la investigación, no convocatoria a testigos claves y no inclusión de varias autoridades y ex autoridades de este gobierno implicadas en el caso.
Andrés Jana abogado de Quiborax y abogado de Chile contra Bolivia en La Haya, César Navarro Ministro de Minería y Pablo Menacho Procurador General. Apretón de manos cerrando el acuerdo por el que Bolivia le pagó 42,6 millones de dólares a NMM-Quiborax
Con este titular publicado el 8 de julio de 2018, el periódico “El Deber” confirma lo que vengo diciendo desde que el Procurador hizo una proposición acusatoria en mi contra. El objetivo de este proceso es la destrucción personal y política de Carlos de Mesa y no la defensa de los intereses de Bolivia.
Héctor Arce y César Navarro en la «interpelación» orquestada por el oficialismo para darles un voto de confianza en el caso Quiborax
Hay muchas razones que presenté a consideración del Fiscal General, que prueban la mala defensa que hicieron tanto el Ministerio de Defensa del Estado como la Procuraduría en el caso Quiborax.
El 5 de julio de 2018 presenté a consideración del Fiscal General, el DS 3582 del gobierno de Evo Morales que autorizó el pago de 42,6 millones de dólares a NMM-Quiborax Dicha norma optó por pagar el monto de la 3º y peor de las tres negociaciones realizadas entre las Partes.
El 5 de julio de 2018 presenté un Memorial al Fiscal General del Estado, en el que pruebo que Bolivia, teniendo los elementos claros sobre los vicios de origen que dieron lugar a la nulidad de las concesiones de NMM-Quiborax hecha por la Superintendencia de Minas en mi gobierno, no los usaron adecuadamente para desbaratar el litigio presentado por Quiborax en el CIADI. Pruebo además, de letra del propio Procurador Menacho, que Quiborax denunció a Bolivia por el control que tenía la Procuraduría sobre el Órgano Judicial del país, generando en gran parte la dureza de la confirmación del fallo contra el país.
De esta forma precaria operaba Non Metallic, Quiborax. Por estas inversiones e infraestructura se le compensó con 42,6 millones de dólares (foto de principios de 2004)
SEÑOR FISCAL GENERAL DEL ESTADO.
Hace conocer elementos de juicio adicionales para el rechazo de la Proposición Acusatoria presentada por el Procurador General del Estado dentro del caso denominado “Quiborax”.
Otrosí.- (Su contenido).
Carlos Diego de Mesa Gisbert 