Como Presidente de la Alianza Comunidad Ciudadana he enviado una carta que denuncia la ejecución de un plan de violación sistemática de los derechos humanos de líderes de oposición por el gobierno de Bolivia
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COMUNIDAD CIUDADANA AL PAÍS
La Alianza política Comunidad Ciudadana denuncia ante el país que ha comenzado un proceso brutal y arbitrario de persecución política, basado en la insólita invención de un caso. Un inexistente golpe de Estado supuestamente consumado en 2019.
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El 28 de diciembre envié una carta a Antonio Guterres Secretario General de la ONU, en la que denuncio la estrategia del MAS que pretende desconocer la flagrante evidencia del fraude electoral perpetrado por el gobierno de Evo Morales en 2019, como parte de una arremetida para seguir judicializando la política. En la carta le solicito la instalación en Bolivia de una oficina permanente de la ONU para la defensa de los DDHH.
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La mayoría de quienes hablan -bien o mal- de la Auditoria de la OEA realizada entre el 31 de octubre y el 4 de diciembre de 2019 (el informe preliminar se conoció el 10 de noviembre), no están al tanto de su contenido que se puede encontrar en este enlace:
https://www.oas.org/es/sap/deco/informe-bolivia-2019/
Por esa razón, me parece importante hacer conocer algunos de los hallazgos y evidencias más importantes de dicha auditoría, que demuestran la perpetración de un gigantesco delito de fraude electoral el 20 de octubre de 2019:
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Ante la decisión de la jueza Claudia Castro de anular el proceso penal interpuesto por el ex Presidente de la República y actual presidente de nuestra alianza política, Carlos Mesa, en contra de Evo Morales Ayma, Álvaro García Linera y cuatro ex Ministros de Estado, por delitos relacionados con el fraude electoral de 2019, la Alianza Comunidad Ciudadana expresa lo siguiente:
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Pide restituir los dos tercios para el debate legislativo en la reforma constitucional y demanda que el Gobierno no aproveche los meses previos a la reforma judicial para su “ajuste de cuentas”.
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Comunidad Ciudadana denuncia que las elecciones subnacionales para gobernadores y asambleas departamentales, se llevarán a cabo con una ley que legitima una de las mayores aberraciones que se conozcan para la asignación de escaños, burlando la voluntad popular y el valor del votos de los bolivianos.
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En nuestro programa de gobierno en las elecciones de 2019 y 2020, uno de los pilares del fortalecimiento de la democracia boliviana era y es la reforma estructural de la Justicia sobre la premisa de que sin justicia no hay democracia. Este es el texto de nuestra propuesta al país, abierta al diálogo y a la construcción de un acuerdo nacional que la haga viable y realizable en la más corto plazo.
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El día de hoy 6 de mayo de 2019 he presentado en la Fiscalía de Santa Cruz una petición de ampliación de la investigación en el caso Medina:
Hoy día, como me corresponde y es mi obligación, asistí a la convocatoria de la Fiscalía de La Paz, para comparecer como “testigo” en una investigación que emana del informe de la Asamblea Legislativa referida al caso Lava Jato Camargo Correa. Este es el documento que presenté en esa comparecencia:
Para que no quepa duda de la claridad de la operación de compra venta del departamento de mis padres y su relación con un depósito en mi cuenta bancaria, adjunto el informe que el abogado Paulino Verástegui hizo sobre todos y cada uno de los pasos de ese procedimiento legal, normal y transparente.
En una campaña de mentiras, falsas acusaciones y difamaciones sin límite, el gobierno intenta una vez más echar lodo sobre mi dignidad. Primero fueron los misiles, después Quiborax, luego Camargo Correa, anteayer la supuesta inmunidad para militares de Estados Unidos, ayer Gonzalo Medina, mañana cualquier otra infamia.
La Paz, 12 de noviembre de 2018.
Excmo. Señor
Álvaro García Linera.
Vicepresidente del Estado
Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Presente.-
Ref: En ejercicio del derecho constitucional a la defensa, solicito intervención en la Asamblea Legislativa Plurinacional en la sesión de consideración del Informe Final INF – CEMISOyLJ N° 014/2018 – 2019 de la Comisión Especial Mixta de Investigación del Caso Odebrecht (EEUU) – Lava Jato Camargo Correa (Brasil).
A pesar de las evidencias ya existentes en la investigación “Castillo de Arena” de la Policía Brasileña, la Comisión de la ALP presidida por Susana Rivero, se negó a incluir la gestión de Morales en la investigación del caso Camargo Correa. El 4 de noviembre el periódico “El Deber” amplía la investigación con nuevos elementos que la Comisión debiera incluir. Dicho trabajo ratifica que todas las operaciones de supuesto soborno se hicieron en los periodos de los presidentes Rodríguez y Morales. Por esa razón le he enviado una nueva carta a la diputada Rivero
Diputada Susana Rivero, Presidenta de la Comisión que investiga el caso Camargo Correa
El 31 de agosto de 2018 envié a la Diputada Susana Rivero, presidenta de la Comisión de la Asamblea Legislativa que investiga los supuestos sobornos en el caso Camargo Correa (CC), vinculados a la construcción del tramo carretero Roboré-El Carmen, esta carta en la que establezco con claridad, no sólo mi posición en torno a sus actuaciones públicas, sino la demostración de la incongruencia de vincular mi nombre a determinadas iniciales, y el hecho de haber sido ya sometido a una investigación por la UIF, que establece la total transparencia de mis movimientos bancarios en el periodo investigado.
El 31 de agosto de 2018 envié a la Diputada Susana Rivero, presidenta de la Comisión de la Asamblea Legislativa que investiga los supuestos sobornos en el caso Camargo Correa (CC), vinculados a la construcción del tramo carretero Roboré-El Carmen, mis respuestas al cuestionario que me hizo llegar por escrito. Por la importancia del tema adjunté a mis respuestas dos cartas complementarias. Estos son los puntos más destacados de esa correspondencia.
En los próximos días la Comisión de la Asamblea que investiga el caso Camargo-Correa, difundirá su informe final. Dado que he decidido presentarme como candidato a la Presidencia del Estado, creo pertinente hacer conocer a la opinión pública todos los documentos que hice llegar a esa instancia legislativa, para que los ciudadanos cuenten con el contexto adecuado a la hora de conocer y valorar el citado Informe.
Como era previsible el Procurador Menacho, viola el art. 14 de la CPE al rechazar con argumentos falsos mi pedido de que, o abra una acusación contra el Presidente Morales y sus ministros en el caso Guaracachi, o retire su acusación en mi contra en el caso Quiborax, ante la evidencia de que los tribunales internacionales que fallaron en ambos casos, declararon ilegales ambas expropiaciones y obligaron a Bolivia a pagar una compensación de 42,6 y 31,5 millones respectivamente. Lo hace faltando a la verdad en su argumentación y reiterando, una vez más, que me acusa por razones políticas y para proteger al ministro Arce, al ministro Navarro y a él mismo, por la pésima defensa del Estado en Quiborax.
¿Cumplirá el Procurador el Art. 14 de la CPE y se atreverá a acusar al Presidente Morales por Daño al Estado en el caso Guaracachi?
el 24 de julio de 2018 le he entregado una carta al Procurador, diciéndole que debe acusar al Presidente Evo Morales por la expropiación de Guaracachi-Rurelec, en estricto cumplimiento del artículo 14, I de la CPE que establece igualdad de trato para todos los ciudadanos. De lo contrario debe retirar la acusación en mi contra. El Laudo del Tribunal Arbitral de la UN, desarrolló exactamente los mismos argumentos para Guaracachi que usó el CIADI para Quiborax. A igual daño al Estado, igual acusación… En lo personal acuso de ese daño en Quiborax a Arce, Menacho, Navarro y Arismendi.
Héctor Arce y Pablo Menacho, autores de una de las mayores aberraciones del actual gobierno: el caso Quiborax
Es difícil encontrar un caso más flagrante de la acción canalla de un gobierno y unos funcionarios que cometieron delitos de complicidad con una empresa extranjera, que defendieron de manera vergonzosa los intereses del país, con probadas irregularidades en el proceso internacional de más de una década y que, de la manera más descarada, tratan -basados en su impunidad y en el manejo de la justicia como una oficina servil a sus intereses- de endilgarme, sin el menor respaldo jurídico, su responsabilidad, la de regalarle 42,6 millones de dólares a unos empresarios y a una empresa pirata.
