Carlos D. Mesa Gisbert 

El 2 de abril de 2023, en el tercer año de gobierno de Luis Arce, el expresidente Evo Morales tuiteó: “El MAS-IPSP” (Movimiento al Socialismo-Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos) no está en el gobierno. Es totalmente falso que hubiéramos pedido ministerios. Cuando ganamos las elecciones le aclaré y sugerí al hermano @LuchoXBolivia que prepare su gabinete con personas que le respondan a él. No pedí ningún cargo, nada”. 

Han pasado 17 años y medio desde que el 22 de enero de 2006 Morales y el MAS accedieron al gobierno tras un claro triunfo electoral. Ese mismo día posesionó, como parte de su gabinete, al actual presidente como su ministro de Economía y Finanzas que éste ocupó por casi 12 años (salvo una renuncia temporal por padecer de cáncer entre 2017 y 2019), hasta la mañana del 10 de noviembre de 2019, cuando horas antes de la renuncia de Morales a la presidencia, le envió una carta en la que decía: “La actual coyuntura política tras un irresponsable trabajo del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) hace necesaria la pacificación del país, por lo que por la presente presento a usted mi renuncia irrevocable al cargo de Ministro de Estado”. Irónicamente, se refería al fraude electoral perpetrado el 20 de octubre de ese año por el OEP que alteró los resultados finales de la elección, dándole el triunfo en primera vuelta a Evo Morales. 

La todavía incierta confrontación del MAS entre lo que en Bolivia se conoce como “sector evista” (que respalda a Morales) y “sector arcista” (que respalda a Arce), retrata el momento complejo y difícil que enfrenta el movimiento político más relevante del país en el siglo XXI. Ocurre en el umbral de una crisis económica también de impredecible desenlace que pone en jaque al gobierno y al modelo vigente desde 2006. El “milagro económico” del periodo 2006-2014, se esfuma entre los dedos de Arce y Morales que se jactaron ante el mundo de su éxito hasta hace poco tiempo.

¿Qué camino transitaron ambos personajes para llegar a este presente?

Aquellos años de gloria

Queda ya en la bruma la euforia de una sociedad que apoyó con más de la mitad de los votos a Morales, como primer presidente indígena en la historia del país y a su movimiento como la expresión plural de una sociedad, en la que un estrato de ella conquistaba por fin la centralidad y el protagonismo del poder. Votaron entonces por el llamado “proceso de cambio”, no sólo las bases populares, sino una cada vez más ensanchada clase media e incluso algunos sectores de las élites. 

Morales y el MAS se habían alimentado con éxito de la antipolítica, el discurso antiimperialista (basado en la defensa a ultranza de los cultivos de hoja de coca, tanto legal como ilegal) y de la decadencia del sistema de partidos que había apuntalado la conquista de la democracia el 10 de octubre de 1982, que se encontraba -a pesar de sus incuestionables aportes a ella- profundamente desgastado por la parcelación del poder en favor de sectores minoritarios y una corrupción creciente.

“Proceso de cambio” quería decir entonces igualdad, inclusión, fin de la discriminación y el racismo y consolidación de los derechos plenos de los indígenas. Un ejercicio que tenía como objetivo cerrar la página de las grandes conquistas sociales abierta por la revolución de 1952 y continuada por la apertura democrática de 1982

El periodo democrático 1982-2006

Quienes dominaron los espacios de las decisiones de Estado a partir de 1982, no pudieron sustraerse a su propia mirada de las cosas, a su concepción del mundo y a la preservación de sus intereses. El error en el punto de partida estuvo en creer que los cimientos de la revolución nacionalista de 1952, habían sido lo suficientemente profundos, y que ese salto –gigantesco, por cierto- no contemplaba algo importante, que el “objeto” colectivo del cambio (la población indígena) se convirtiera en sujeto a partir de esa transformación. A pesar de todo, en ese periodo se abrieron las puertas al mayor tesoro que una persona puede tener, el conocimiento a través de la educación. Con todos sus defectos, la universalización de la educación (1955) y la reforma educativa subsecuente (1994), permitieron un nuevo pensamiento que miraba la realidad con otros ojos y tenía protagonistas nacidos en las bases populares y rurales de la sociedad. 

Más allá de lo que se piense en torno a lo que es hoy la bandera multicolor de la nación, está claro que el diseño de la casa democrática en 1982 no alcanzó a abarcarla totalmente. El cambio, en consecuencia, se planteó de un modo incompleto, no por la falta de proyección o las ambiciones de su propuesta, sino porque se desarrolló sin lograr que el brazo de la identidad, de las culturas, de la aparición cada vez más demandante de la parte indígena de la sociedad, fuera respondida adecuadamente. La idea de que la pobreza era el verdadero problema y de que la tarea principal era superarla, enfrentaba una insuficiencia, la brecha para resolverla es (aún hoy) de tal magnitud que requiere de por lo menos un par de generaciones para ver resultados, por eso, la ruta por sí sola no alcanzaba. 

Pero, para quienes piensan que el primer gobierno de Morales fue el “año cero” de un nuevo país -sobre todo relativo al mundo indígena-, vale la pena subrayar que la génesis del Estado Plurinacional estaba ya en conceptos incluidos en la Constitución reformada en 1994 y en 2004. El primero, su artículo 1 que reconoce el carácter multiétnico y pluricultural de la nación. El segundo, el artículo 171 que a la letra dice: “Se reconocen, respetan y protegen […] los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas […] los relativos a sus tierras comunitarias de origen garantizando el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales […] su identidad, valores, lenguas, costumbres e instituciones […] las autoridades naturales de las comunidades indígenas y campesinas podrán ejercer funciones de administración y aplicación de normas propias como solución alternativa de conflictos en conformidad a sus costumbres y procedimientos”.  

Adicionalmente, se deben destacar tres aportes estructurales de cambio. La ley de participación popular, el verdadero nacimiento de las autonomías municipales territorializadas, que marcó la descentralización del poder, los recursos económicos y la capacidad de toma de decisiones desde lo local. La reforma educativa que propugnó la educación intercultural y bilingüe. La nueva ley de reforma agraria que reconoce las tierras comunitarias de origen tanto de las tierras altas como de las regiones de los llanos y establece el criterio de la función económica y social de la tierra.

¿Por qué no alcanzó?, porque los escenarios de participación en el corazón mismo del poder, se reservaron mayoritariamente para bloques de clase media acomodada y élites. Un extremo del espectro dio pie al otro extremo, una exclusión mental abrió las puertas para otra exclusión. Los goznes se desquiciaron y una espesa cortina tapó las respuestas de quienes desde el gobierno pecaron además, por la negación de la ética como valor esencial de la legitimidad. Los cambios de los años noventa se debilitaron porqué no hicieron carne en la idea de compartir, de representar realmente a todos y de comprender que la interpretación de la sociedad mayoritariamente mestiza (correcta, sin duda), estaba fuertemente condicionada por su tinte indígena (el mayor de América Latina con un 40% de la población según el censo de 2012). Las medidas verdaderamente de vanguardia no abrieron en los hechos las puertas del poder político y la capacidad directa de decisión, de esa parte de la sociedad que las normas reconocían casi a plenitud.

Desde la base, la sed de cambio, la demanda de participación, la exigencia de hacer verdad la soberanía del pueblo en la construcción social, comenzó a transformarse en una energía que desbordaba su fuerza en la confusión, el desorden, la sensación cada vez más tangible de que el verdadero poder se ejercía desde las calles. Lo que estaba ocurriendo era algo terriblemente real, el Estado (su administración) se desmoronaba víctima de su propia miopía y la sociedad se atomizaba por la falta de un norte claro, alimentada por el radicalismo y la falsa ilusión de la democracia directa. Ese desmoronamiento impresionante, que pudimos sentir y vivir casi todos los días en el periodo 2000-2003, coincidiendo con el nacimiento del nuevo siglo, hundió algunas ideas sin las que la vida en comunidad se hace muy difícil de encarar: ley, deberes, derechos, aceptación explícita e implícita de que el pacto social que hemos suscrito, nos protege a todos por igual y garantiza para todos el desarrollo de nuestras aspiraciones individuales y colectivas. El complejo periodo de transición (2003-2006) se llevó adelante con propuestas de transformación y rectificación que, el vendaval de la revuelta, postergó en una aplicación que con un inicio esperanzador terminó en la degradación total.

Los significativos avances de los noventa devinieron, paradójicamente, en el colapso del Estado, entre otras cosas porque no contaba con el símbolo imprescindible, porque se pensó equivocadamente que cuerpo y alma pueden separarse. 2006 demostró que el alma es mucho más importante de lo que parece, que nada puede construirse, por bueno y atractivo que parezca, sin alma (ajayu se diría en aymara).

La fuerza de lo simbólico 

Fue la carga simbólica de la propuesta electoral de Morales y el MAS en 2005, el verdadero sustento de su éxito electoral que le permitió iniciar un periodo tan relevante como traumático de nuestra historia. Las gigantografías diseminadas por todo el territorio nacional en esa campaña electoral lo expresan muy bien, el rostro de rasgos indígenas del candidato con un reclamo al votante que apelaba a la identidad: “Tú eres él”, era la esencia de un mensaje que llevó a la conquista de un voto duro indígena y a una adhesión más allá de esa frontera, que se mantuvo firme hasta la elección de 2014.

Morales llegó al poder con el 54 % de los votos, el porcentaje más alto logrado por un candidato en elecciones limpias y el mayor desde 1966. Fue el primer gobernante indígena de nuestra historia (a pesar de su formación personal y política claramente mestizas, incluida su dificultad para hablar aymara o quechua) con toda la carga interna e internacional que eso representó. El tiempo demostró que esa credencial le dio un margen de credibilidad tal, que sus excesos que debilitaron dramáticamente las bases democráticas del país, tardaron mucho en aceptarse como tales, sobre todo por una comunidad internacional fascinada -particularmente la occidental- con una visión roussoniana y de mala conciencia por su pasado colonialista. Ese margen de respaldo acrítico, cuyos rastros todavía quedan, no lo tuvo ninguno de sus antecesores y generó un doble rasero para juzgar a uno y otros, al margen de sus acciones en el ejercicio del gobierno. 

Llegaba un anhelado redentor de pueblos, culturas y cosmovisiones que clamaban por completar la ruta de la igualdad y la inclusión. Se proclamaba que las bases morales ancestrales de la sociedad indígena sustituirían las prácticas de corrupción en toda la sociedad, pero muy especialmente en sus gobernantes.

La lectura de las horas iniciales fue de euforia y esperanza. Incluso quienes no habían votado por Morales estaban llanos a darle el beneficio de la duda. Todos, cansados de un pasado inmediato de inestabilidad social y política (2000-2006), suponían que el orden volvería a reinar en el país, entre otras cosas porque el gran jefe de las movilizaciones y bloqueos había finalmente llegado al poder. Era un momento augural, la situación económica se perfilaba como la mejor de toda nuestra historia republicana. La Asamblea Constituyente se vislumbraba en el horizonte como el escenario de un nuevo pacto social que la gran mayoría deseaba. 

El tiempo, implacable, fue develando que esas premisas se estrellaron con la cruda realidad de la repetición de prácticas políticas y de administración del Estado, hasta convertirse de nuevo en un cáncer que carcome las bases de la sociedad y sus valores, en medio de escándalos diversos protagonizados por las nuevas élites de los gobiernos masistas que habían tomado el relevo de los viejos estamentos políticos. 

La legitimidad del voto abrió las puertas para la desinstitucionalización total del orden democrático “occidental y burgués” que había escogido el país como meta histórica en 1982, para dar lugar a la construcción de un “orden revolucionario”, con la premisa de que los cambios en ese contexto son “irreversibles” y la garantía de su vigencia está anclada en la reproducción indefinida de su instrumento político, el MAS y su líder Evo Morales. El viejo concetpo de “la Revolución soy yo” fue el inicio de un camino hacia la autocracia.

En su discurso inaugural de 2006 el flamante presidente dejó las cosas claras. El nosotros de su visión de país era solo el nosotros indígena, preeminente y dueño de la centralidad del poder. Afirmó entonces: “Estamos acá para decir basta a la resistencia. De la resistencia de 500 años a la toma del poder para 500 años, indígenas, obreros, todos los sectores para acabar con esa injusticia, para acabar con esa desigualdad, para acabar sobre todo con la discriminación, opresión donde hemos sido sometidos como aymaras, quechuas, guaraníes”. 

Para muestra un botón. Un día antes de sus tres posesiones formales en el palacio legislativo en 2006, en 2010 y en 2015, Morales fue literalmente entronizado como una suerte de emperador aymara en el complejo arqueológico de Tiwanaku (cultura indígena andina que tuvo su apogeo entre el 600 y el 900 d.C.) con vestimenta ritual y con los símbolos del poder en su cabeza y en sus manos, tomados de los rastros visuales existentes de esa civilización.

La construcción de la idea del Estado Plurinacional como aporte central de una “nueva” nación aparentemente liberada de exclusión, discriminación y racismo y portadora del ideal del “vivir bien” (en la lógica de que filosóficamente esa premisa es distinta y cualitativamente superior a la aspiración occidental de “vivir mejor”), ha permeado hondamente en el conjunto de la sociedad a lo largo de dieciséis años, mediante el mecanismo eficiente y demoledor de propaganda en los medios de comunicación estatales y paraestatales, en las redes sociales y en una educación primaria y secundaria con esa orientación, transmitida a través de nuevos textos oficiales obligatorios de ciencias sociales, que cuentan un pasado reelaborado e inventado a imagen y semejanza del discurso oficial. Este aparato incontrastable ha logrado convencer a gran parte de los bolivianos (incluso a una parte de los que militan en la oposición) que, en efecto, el 22 de enero de 2006 se produjo una segunda fundación de Bolivia con su certificado de nacimiento el 7 de febrero de 2009 (día de la promulgación de la nueva Constitución). 

Según esa falsa premisa, el país antes de esas fechas era algo así como una Sudáfrica sudamericana, en la que primaba el apartheid y en la que los indígenas vivían marginados en una sociedad que no había logrado nada o casi nada en el camino de la búsqueda de igualdad de oportunidades y en el reconocimiento de los derechos ciudadanos, económicos y sociales. Esa visión idílica hizo una omisión intencional de logros anteriores, fundamentales y transformadores. Los de 1952: el voto universal, la reforma agraria, la universalización de la educación -sobre todo en áreas rurales- la seguridad social también universal, y los ya citados del periodo democrático 1982-2006.

Ese discurso secante construyó además un imaginario peligroso para el presente y el futuro, más cercano a las visiones previas a la hecatombe de la segunda guerra mundial, que a los desafíos de una sociedad plural y multicultural del siglo XXI.

De ese modo, el masismo y su método sobre la premisa de hacer énfasis en las medias verdades, las mentiras flagrantes y el nuevo mecanismo conocido popularmente como posverdad, han extendido un discurso que ha minado seriamente las bases de la unidad de Bolivia que la Constitución proclama y que los hechos desmienten.

La nueva Constitución como retrato del ideario del régimen

El corazón del proyecto masista fue el nuevo texto constitucional. Su construcción debía reflejar, y de hecho lo hizo, el proyecto histórico de la nueva élite gobernante, sus objetivos y la concepción de la sociedad que quería. 

El proyecto de Constitución no fue realmente debatido por sus representantes elegidos por voto popular en 2006 (255 asambleístas con mayoría masista y minoría opositora), debido a las interminables violaciones a la ley que convocó a la Asamblea y las reglas que estableció para su aprobación. Fue un proyecto que se aprobó sin haber debatido jamás uno solo de sus artículos en el plenario. Sus sesiones se suspendieron sine die por un conflicto sobre cuál ciudad debía ser la capital del país y sede de sus cuatro órganos de poder (Sucre o La Paz). La negativa del MAS a ese debate y la respuesta exasperada de los ciudadanos (la sede de la Asamblea era la ciudad de Sucre), impidió que los constituyentes se pudieran volver a reunir. Este hecho insólito  llevó a la aprobación “en grande” del proyecto constitucional, con la sola presencia de representantes del MAS, en un cuartel militar en las afueras de Sucre custodiado por las FF.AA. El texto era un borrador redactado por un equipo internacional (sobre de todo español) y nacional financiado por el gobierno, en medio de disturbios que produjeron tres muertos. Meses después se aprobó “en detalle” en Oruro, de nuevo sin presencia de los asambleístas de la oposición. Tras un periodo de violencia e intolerancia y un acuerdo congresal “in extremis” entre gobierno y oposición (fuera del el seno de la Asamblea, en el Congreso ordinario y con mediación internacional, vulnerando el mandato que esta tenía) el texto modificado se puso a consideración de un referendo popular, que fue aprobado por mayoría absoluta.   

La nueva Constitución ha cambiado el nombre del país, de República de Bolivia a Estado Plurinacional de Bolivia. Adopta como sistema de gobierno la forma democrática participativa (referendo, revocatoria de mandato, iniciativa legislativa ciudadana, cabildo); representativa (con cuatro órganos, el legislativo, el ejecutivo, el judicial y el electoral, reconociendo así que el país sigue siendo una República) y comunitaria (a través de la tradición organizativa indígena).

Reconoce, manteniendo el unitarismo de la nación, ser un Estado con autonomías basadas en los municipios, las regiones y los departamentos a través de elecciones de autoridades ejecutivas y legislativas y con derecho a recibir y administrar recursos propios. Premisa que el cdentralismo secante de los cuatro gobiernos masista ha incumplido sistemáticamente.

Es garantista y amplia en el reconocimiento de derechos de última generación, pero  es a la vez excesivamente reglamentarista, incorporando demasiados regímenes especiales (seis).

Dedica un capítulo a los pueblos originarios, estableciendo como oficiales 36 lenguas distintas (además del castellano) y su consecuente pluralidad cultural. Hoy, por lo menos una decena de ellas y los pueblos que las hablan, o han desaparecido o están condenadas a su desaparición, sin que el Estado que proclama defenderlas haya hecho nada para protegerlas y salvarlas. 

Reconoce los derechos de los pueblos indígenas ampliando y detallando las premisas  ya establecidas en la Constitución anterior. Aporta el concepto de ciudadanía colectiva además de la individual y reconoce a plenitud la justicia indígena, a la par que la justicia republicana. Reconoce los derechos de propiedad, administración, manejo de los recursos y propiedad sobre los renovables en sus tierras comunitarias de origen. En la práctica, sin embargo, hay una construcción explícita de una hegemonía andina, sobre todo aymara, con una lógica de apropiaición territorial geoestratégica de las tierras bajas (el 65% del total de la superficie del país). Los derechos de los indígenas de los llanos (32 de los 36 pueblos reconocidos por la Constitución), no se respetan, se avasallan o se someten por la vía de la cooptación y el prebendalismo. La Constitución ha acuñado el término “interculturales” (denominados desde 1952 como colonizadores) para referirse a indígenas aymaras y quechuas que se asientan en zonas bajas y reciben tierras del gobierno en esas regiones o, simplemente, las toman por la fuerza a través de organización de grupos “sin tierra”. Como ejemplo ilustrativo hay que recordar que en su gestión, Morales llevó adelante una política deliberada de asentamientos de “interculturales” de tierras altas en el departamento de Pando (en el norte amazónico, frontera con Brasil y Perú) el menos poblado del país, que hoy tiene una amplia mayoría de población de origen andino.

Asume como prioridad el respeto a la madre tierra y el desarrollo sostenible, aunque los gobiernos de Morales y Arce en la práctica han vulnerado la intangibilidad de parques nacionales y territorios indígenas, han autorizado exploración y explotación minera e hidrocarburífera en varias de esas áreas protegidas. El caso más sonado fue el del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure-TIPNIS (parte de la cuenca amazónica) con la decisión gubernamental de construir una carretera que puede partir en dos el TIPNIS, tema aún en disputa^[1]. La contaminación ambiental se ha multiplicado en ciudades y área rural por falta de políticas preventivas y educativas adecuadas. El lago Titicaca (símbolo sagrado de la cultura andina) sufre fuerte contaminación. El uso indiscriminado de mercurio para la explotación del oro está contaminando severamente importantes ríos del país y la fauna que los habita. El procesamiento para la producción de sulfato y clorhidrato de cocaína es también un factor preocupante de contaminación.  

En el régimen económico prioriza al Estado como motor, empresario, productor y regulador. Afirma que los recursos naturales estratégicos deben permanecer en manos del Estado y es muy poco proclive a fomentar y garantizar la inversión extranjera. Se mantiene anclada en la lógica del extractivismo y el rentismo que tan pocos réditos positivos ha dejado a Bolivia a lo largo de su historia.

La base del “milagro económico” 

El gran mito con el que el masismo convenció al país del giro de 180 grados de la economía, fue tomado del imaginario colectivo acuñado por la revolución de 1952: La “recuperación” por el Estado de los recursos naturales estratégicos. Si entonces había sido a través de la nacionalización de las minas en manos de tres grandes empresarios locales, a partir de 2006 fueron los hidrocarburos cedidos por la capitalización de los años noventa a las transnacionales. Morales en la práctica no hizo nacionalización alguna. Modificó los contratos “neoliberales” con las transnacionales ^[2] imponiendo un incremento de impuestos y caracterizando a las empresas como operadoras y no como socias. Tal decisión mejoró por unos años los ingresos del Estado. Pero fue “pan para hoy, hambre para mañana”, que se tradujo en la respuesta de las empresas de quedarse en Bolivia operando los campos y pozos que tenían asignados, sin arriesgar inversiones de exploración, agotando los megacampos descubiertos en el proceso de capitalización. La lógica de las otras “nacionalizaciones” de la electricidad, las refinerías de petróleo, las fundidoras de minerales, las telecomunicaciones, etc., fue la de confiscar, comprar a malos precios y negociar luego compensaciones económicas con los afectados. Este mecanismo  le costó al Estado más de 1.500 millones de dólares. La adjudicación de las gigantescas reservas de hierro del  Mutún no la hubiese hecho más liberal el gobierno del ex presidente Sánchez de Lozada. Tampoco respondió a estas premisas ultranacionalistas, el reciente contrato con dos empresas chinas y una rusa para la explotación de las reservas del litio, la última frontera del extractivismo del país. El resultado objetivo de esas acciones fue que Bolivia tuvo por muchos años uno de los niveles de inversión internacional relativa más bajos de América Latina. 

Para entender el éxito económico del gobierno masista en el periodo 2006-2014, que le permitió reducir la pobreza, generar una fuerte movilidad social, desdolarizar la economía e incrementar el poder adquisitivo de los salarios formales (en el marco de una informalidad real que pasó en ese lapso, del 60% al 80%), se debe recordar el superciclo de precios internacionales de las materias primas que favoreció especialmente a América del Sur entre 2005 y 2015. 

Nunca antes en la historia republicana de Bolivia se había producido un fenómeno equivalente. De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística (2019, Series históricas. 80 años generando estadísticas) en la etapa 2006-2014 (9 años) Bolivia recibió 75.320 millones de dólares por exportaciones. De ese total, 36.459 millones fueron por exportaciones de gas (48%). Para tener una idea de las dimensiones de estas cifras, basta saber que en el periodo 1950-2005 (55 años), el país recibió por todas sus exportaciones solo 36.728 millones de dólares, menos de la mitad que lo recibido en los 9 años del periodo de mayor bonanza de los gobiernos de Morales. A título ilustrativo vale la pena subrayar estas cifras: en 2005 el millar de pies cúbicos de gas se vendía a Brasil a 2,50 dólares, con un promedio en el periodo 1999-2005 de 1,76 dólares. En 2012 (el año de precios más alto) se vendía ese mismo millar a 9 dólares, con un promedio de 5,80 dólares. Las cifras prueban que el incremento exponencial de ingresos no tuvo que ver tanto con una mayor producción, sino con mayores precios, ajenos al mérito de la administración gubernamental. Las exportaciones de gas han caído de 6.600 millones en 2014 a 3.000 millones en 2022. Por si fuera poco hoy el país es importador de hidrocarburos por un valor de 4.300 millones de dólares, convirtiéndose en importador neto de estos productos.

Irónicamente, además, el funcionamiento de la economía cotidiana -más allá de “nacionalizaciones”, confiscaciones e inversiones millonarias en un afán de industrialización a través de elefantes blancos ineficientes- se basa en las reglas más desaprensivas del capitalismo, en el marco de una economía informal dominante alimentada, además de los emprendimientos mayoritariamente comerciales, por el contrabando masivo y el narcotráfico. La teoría del crecimiento de la demanda agregada de la economía, en tiempo de vacas gordas se basó en una bolivianización de la moneda, un incremento de salarios con aumento de poder adquisitivo y fomento del consumo, incluso el suntuario. El sistema financiero fue el gran beneficiario de esa política sustentada en el desmantelamiento de las reservas del Banco Central, convertido en prestamista de las grandes empresas estatales. Se promovió una fuerte inversión pública para compensar la baja inversión privada interna y externa, financiada por el déficit fiscal que supera el 7% desde hace por lo menos un lustro.

Está claro que sin ese increíble momento económico es muy poco probable que Morales y el MAS hubiesen podido mantenerse en el gobierno tanto tiempo y construir el modelo autocrático que aplicaron.  

La estrategia de la toma del poder total

Los gobiernos del MAS, justificando su peso histórico “revolucionario”, apostaron desde el primer día por garantizar su permanencia indefinida en el poder. Las ventajas de su fuerza simbólica, la nueva Constitución y su legitimidad por la vía del voto en 2005 y 2009, sumada a la irrepetible bonanza económica “llovida del cielo”, le permitieron desarrollar su proyecto de demolición del “viejo orden”.

Destrucción del sistema de partidos

La primera tarea fue la demolición del sistema político partidario. No fue muy difícil porque la crisis terminal de 2003 había llevado a la implosión de los partidos históricos, que fueron el pilar del proceso democrático iniciado en 1982. Cuando el MAS ganó su primera elección (2005), el Movimiento Nacionalista Revolucionario-MNR (el partido fundamental del siglo XX), el Movimiento de Izquierda Revolucionaria-MIR y Acción Democrática Nacionalista-ADN, estaban heridos de muerte arrinconados por las movilizaciones sociales cada vez más radicales que se habían iniciado en 2000. El adversario en el primer gobierno masista era un improvisado frente (denominado Poder Democrático y Social-Podemos) liderado por el expresidente Jorge Tuto Quiroga y compuesto por los saldos del viejo sistema del ala liberal de centro derecha y derecha sobre todo de ADN y el MIR. Pasados los tres primeros y turbulentos años (2006-2009), hasta la aprobación de la nueva Constitución en que la gobernabilidad fue precaria y estuvo a punto de perderse, se impuso el nuevo esquema con toda fuerza. Para ello tuvo que derrotar a Santa Cruz, el departamento más poderoso del país y a las regiones de la denominada media luna en el oriente geográfico de Bolivia. Entre septiembre de 2008 y abril de 2009 se jugó el destino de Morales y el MAS. El desenlace, tras hechos de sangre dramáticos en Porvenir (Pando) y las ejecuciones extrajudiciales en un hotel cruceño, el gobierno acusó a la oposición de un plan terrorista para asesinar al presidente y derrocar su gobierno. Encarceló a varios líderes opositores y desencadenó el exilio de centenares de ellos. 

Tras la derrota regional, Podemos se fragmentó y perdió toda fuerza como oposición parlamentaria. Se consolidó así una “democracia” de partido único que pulverizó cualquier intento de recuperar un sistema plural de mayorías y minorías y de funcionamiento mínimamente respetuoso de las reglas de tolerancia, diálogo y vasos comunicantes entre gobierno y oposición. Esa situación no cambió, sino que empeoró en el segundo, y tercer gobierno del MAS, con una oposición fragmentada y una representación parlamentaria llevada a la irrelevancia por el control secante de 2/3 de las cámaras por el partido de gobierno, lo que le dio carta blanca para llevar adelante su proyecto hegemónico, sin contraste, ni fiscalización posible.

La secuencia electoral del MAS, en la comparación del ganador con el segundo fue esta:

2005 – Evo Morales (MAS) 54%        Tuto Quiroga (Podemos) 28,5%

2009 – Evo Morales (MAS) 64%.         Manfred Reyes Villa (Plan Progreso Bolivia) 26,5%

2014 – Evo Morales (MAS) 61%.         Samuel Doria Medina (Unidad Demócrata) 24,5%

2019 – Evo Morales (MAS) 47%.         Carlos Mesa (Comunidad Ciudadana) 37%

*El resultado de esta elección es referencial, por el fraude perpetrado por el gobierno. Si nos atenemos a la evolución de resultados parciales antes del fraude, se podía pensar en 46% para Morales y 39% para Mesa.

2020 – Luis Arce (MAS) 55%                Carlos Mesa (Comunidad Ciudadana) 29%  

Esa realidad, la de una oposición cuyo principal objetivo era la salida de Morales y el MAS del gobierno, con propuestas alternativas demasiado próximas al periodo denominado “liberal” de la democracia (1985-2003), mostró un atisbo de recomposición en 2019 año en que la principal candidatura de oposición hizo una propuesta de centralidad política y de la necesidad de un cambio de modelo de producción y de modelo de consumo, pero los acontecimientos desencadenados tras la renuncia de Morales devolvieron la hegemonía al masismo. Los diversos frentes del periodo 2006-2019 se diluyeron al terminar el periodo de gobierno respectivo para dar lugar a la creación de diversos sucedáneos. La consolidación en 2019 de una coalición de centro, vigente hoy, plantea la posibilidad de construir un espacio de mayor proyección en el tiempo.

Toma del Órgano Judicial

La estrategia en la que se basaba todo fue clara: la toma del poder total implicaba el control de los cuatro órganos del Estado. El ejecutivo y el legislativo los tenía en la mano en virtud del voto, con la “ayuda” de un Tribunal Electoral (TSE) pro gubernamental al ser elegido por una Asamblea dominada ampliamente por el masismo.

En consecuencia, el verdadero secreto del control absoluto del país y su institucionalidad era la toma del Órgano Judicial que se hizo en dos etapas. Primero (2006-2011), con el enjuiciamiento o amenaza de enjuiciamiento de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y Tribunal Constitucional (TCP) dejándolos o paralizados, o renunciantes, o sin quorum (específicamente el TCP), situación  que hizo imposible a la oposición y a los ciudadanos presentar amparos constitucionales o procesos de inconstitucionalidad. Esto le dio carta blanca al gobierno para actuar a discreción y sin control, incrementando dramáticamente -entre otras cosas- los actos de corrupción amparados en espacios judiciales opacos y/o serviles. 

Segundo (2011-2023), legitimando esa situación atrabiliaria. Lo hizo a través de la Constitución que estableció la elección por voto popular directo de los cuatro principales tribunales de justicia del país. Se trataba de una elección de casi 60 magistrados por el voto ciudadano que -hábilmente- pasaban por un filtro clave, la preselección de los candidatos en manos de la Asamblea Legislativa que, entre 2010 y 2020, estuvo controlada por 2/3 de representantes masistas en ambas cámaras. En ese periodo se produjeron dos elecciones judiciales, la de 2011 y la de 2017. Hecha la preselección de candidatos con la totalidad de estos de filiación masista o proclives al masismo, se fue a la votación. En 2011 la suma de votos nulos y blancos fue del 58% y en 2017 fue del 65%, a pesar de ello los comicios no fueron anulados. Esto hizo que, en el mejor de los casos algún candidato llegara al cargo con algo menos del 20% de los votos, y la gran mayoría lo hicieron con votaciones que fluctuaron entre el 3% y el 10% de los sufragios.

El presidente Morales no descubrió nada, aplicó la receta de los regímenes autocráticos o dictatoriales de América Latina. El instrumento más importante para coronar su objetivo de poder absoluto por tiempo indefinido, convenientemente adobado de una retórica “revolucionaria y transformadora”, es el Órgano Judicial. 

El Ministerio Público (la fiscalía) y el Órgano Judicial son imprescindibles para hacer posible el control total de un país y la reproducción de su poder. Por eso, la lucha por una justicia independiente es de vida o muerte para la democracia. Mientras la justicia sea el botín de los autócratas, seremos objeto y no sujeto de nuestro destino colectivo. 

¿por qué es tan decisivo este tema? 

Porque permite la construcción de un “corpus” de leyes adecuadas a los intereses de los gobernantes, reglas de juego restrictivas para los opositores, delimitación de una legislación y una geografía electoral que favorezca al partido de gobierno,  condiciones desequilibradas en caso de procesos revocatorios, representación injusta en los gobiernos subnacionales y, finalmente, mecanismos de manipulación y fraude en espacios geográficos (sobre todo rurales) convertidos por la vía del prebendalismo, la corrupción, el chantaje y la complicidad, en áreas vetadas a la fiscalización de la oposición y de veedores independientes nacionales y extranjeros. Parte de esta acción se logra con la complicidad entre el Órgano Judicial y el Órgano Electoral, ambos bajo control del Órgano Legislativo, como ya vimos.

Así, los delitos de quienes manejan el gobierno quedan impunes, desde la corrupción pura y dura hasta la vulneración de la soberanía popular. Porque todas nuestras libertades y derechos constitucionales quedan en manos de la autocracia, desde la violación sistemática de los Derechos Humanos hasta la anulación de las garantías de un debido proceso. 

Porque toda legislación por arbitraria que sea es cohonestada, desde la aprobación de leyes inconstitucionales hasta el rechazo a cualquier propuesta legislativa de la oposición. 

Porque todo adversario político es convertido en enemigo, amenazado, perseguido y encarcelado a discreción, desde la validación de cualquier arbitrariedad de quien manda hasta los juicios inventados con pruebas falsas o amañadas. 

En este contexto, la vulneración sistemática del estado de derecho y el debido proceso son la regla y no la excepción. 

Como siempre, además, fiscales y jueces meten en el mismo saco el trigo y la paja y confunden a los ciudadanos mezclando delitos reales con delitos inventados, hasta que en medio del barro nadie puede distinguir una cosa de la otra.

El control del Órgano Judicial y la Fiscalía (Ministerio Público) pasaron así por un triple rasero: 

1. Jueces y fiscales  militantes o adeptos al partido de gobierno. 

2. Serviles a las órdenes de quienes manejan la estrategia de control de su funcionamiento, en consecuencia, complacientes y mayoritariamente corruptos.

3. Muchos de ellos con escasa idoneidad profesional. 

El resultado es catastrófico, no sólo para el sistema de separación e independencia de poderes, sino para el ciudadano común, que sufre un mecanismo del que es víctima todos los días en fiscalías y juzgados, desde el nivel local hasta los más altos tribunales nacionales.

Mientras la justicia esté en manos de la autocracia masista, no hay proceso judicial, propuesta legislativa, demanda de inconstitucionalidad, apelación, petición de libertad, votación popular o adecuada interpretación de la Constitución que prospere.  

Reproducción indefinida en el poder

Embelesado por sus incuestionables éxitos electorales y el ejercicio del poder, Morales, dueño de los cuatro órganos del Estado, decidió forzar las cosas y pasar por alto la Constitución que él mismo había promulgado con su firma. 

En 2014 se postuló ilegalmente para un tercer periodo vulnerando la Constitución, cuyo texto indica claramente que: “el periodo del Presidente […] es de cinco años y puede ser reelecto por una sola vez de manera continua”. Por si las dudas, en una disposición transitoria establece: “los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta, a los efectos del cómputo de los nuevos periodos”. El Tribunal Constitucional a su servicio, alegó de modo insólito que en 2009 se había “refundado el país” y que, por tanto, los dos anteriores periodos de gobierno no contaban. Con ese aval, sin rubor alguno, se presentó a una tercera elección que ganó.

En 2015 Morales creyó que sus reiterados éxitos electorales le daban carta blanca para hacer realidad su deseo de perpetuarse en el poder. Con la complicidad de la Asamblea Legislativa en la que tenía dos tercios y el Tribunal Constitucional, planeó el golpe definitivo contra el principio de la alternancia en el poder, la limitación constitucional al peligro de la eternización en el mando y el riesgo del control absoluto de los órganos del Estado. Propuso modificar la Constitución para permitir su reelección indefinida. La Asamblea aprobó rápidamente tal cambio, pero para hacerlo efectivo era imprescindible un referendo popular. Asumió que el votante estaba a sus pies y que ganaría el referendo sin mayor dificultad. Pero el 21 de febrero de 2016, Bolivia hizo historia al decirle NO a la pregunta que habilitaría la reforma. Fue su primera derrota electoral desde 2005. Su respuesta fue coherente a su personalidad. Indignado le dio la espalda al voto. Sus abogados encontraron pronto un camino para concretar su objetivo, la  interpretación que hizo el TCP del artículo 23 de la Carta Interamericana de DDHH, según la cual nuestra Constitución “vulneraba un derecho humano del presidente” al limitar el número de veces de su postulación consecutiva. De ese modo, Morales se habilitó como candidato para optar a un cuarto periodo presidencial en 2019. Con ese paso marcó sin saberlo la fecha de caducidad de su largo paso por el gobierno (es el presidente que ha gobernado más tiempo en la historia de Bolivia: 14 años). En 2021, finalmente, la Corte Interamericana de DDHH negó que la reelección indefinida sea un derecho humano, desbaratando la falacia de Morales y su Tribunal Constitucional. A pesar de tan contundente decisión, todavía está pendiente que el TCP revoque su sentencia favorable a esa violación a la norma y anule la increíble suspensión -vigente hoy- de cuatro artículos de la Constitución, referidos específicamente a los límites de la reelección indefinida.

2019 ¿Fraude o golpe?

En 2019 la tendencia del voto cambió significativamente. A diferencia de los tres comicios presidenciales anteriores, el candidato opositor podía forzar por vez primera una segunda vuelta electoral. Morales había llevado las cosas demasiado lejos, debilitando seriamente su imagen interna. Ni su masivo aparato comunicacional ni los ilimitados fondos para la propaganda y guerra sucia contra su adversario, pudieron sostener su respaldo histórico.

Las elecciones se realizaron el 20 de octubre. Esa noche, el Tribunal Electoral suspendió abruptamente el conteo rápido oficial cuando se tenían resultados del 84% de los votos, que le daban a Morales con 45%, una ventaja de 7 puntos sobre Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana con 38%. 22 horas después, reanudado el conteo al 95%, el resultado era de 47% para Morales y 37% para Mesa, exactamente los 10 puntos de diferencia que necesitaba el presidente para evitar la segunda vuelta. Por primera vez desde 2005 no alcanzó el 50% de los votos, y por primera vez la oposición logró acercarse al 40% (la mejor votación anterior había sido 28,5%). La manipulación flagrante del TSE despertó la indignación general que condujo a una movilización masiva y sostenida de 21 días de protesta en las 10 principales ciudades del país. Morales pidió una auditoria de la elección a la OEA y se comprometió a respetar su resultado. El Informe de la auditoria, respaldado por la Unión Europea, estableció: una MANIPULACIÓN DOLOSA Y PARCIALIDAD DE LA AUTORIDAD ELECTORAL. En las actas: alteración y falsificación de firmas de jurados, de manera significativa. En el procesamiento: manipulación y redireccionamiento de datos a servidores ocultos, haciendo posible la suplantación de actas con participación directa o tolerancia negligente por parte de las autoridades del Tribunal Supremo Electoral. En suma, la evidencia de un fraude.

La presión popular llevó a Morales a presentar su renuncia a la presidencia el 10 de noviembre de 2019. El 11, tras pedir asilo al gobierno de México, abandonó territorio boliviano, dejando vacante su cargo. Su estrategia de dejar un vacío constitucional parecía funcionar. El mismo día que él, renunciaron las autoridades contempladas por la Constitución en la línea de sucesión: el vicepresidente del Estado, la presidenta del senado, el presidente de diputados, el primer vicepresidente del senado y la primera vicepresidenta del senado. En esa línea -no considerada por este plan- estaba, sin embargo, la segunda vicepresidenta del senado, Jeanine Áñez, del bloque opositor. De acuerdo al reglamento de la cámara alta, ante ausencia o renuncia de sus predecesores, ocupaba automáticamente la presidencia de la cámara alta (tercera en la línea de sucesión constitucional) y -en consecuencia- le correspondía ocupar el mando del país. Además, en aplicación de una sentencia del Tribunal Constitucional emitida el año 2001, se trataba de un sucesión constitucional ipso facto, para garantizar que no hubiera interrupción alguna en el ejercicio de la presidencia del país. Así ocurrió con su posesión el 12 de noviembre de 2019.

Pero la evidencia más categórica de la constitucionalidad del mandato de la presidenta Áñez, la probó el funcionamiento libre y pleno de la Asamblea Legislativa controlada en 2/3 por el MAS y presidida en ambas cámaras por militantes masistas durante todo el periodo de gobierno de la presidenta (2019-2020). Fue esa Asamblea la que aceptó las renuncias de Morales y su vicepresidente Álvaro García Línera y la que por unanimidad anuló las lecciones de 2019, convocó a nuevos comicios y prolongó el mandato de Áñez y de la propia Asamblea para hacer viable la realización del nuevo proceso electoral en 2020.

A pesar de estos elementos contundentes, el aparato mediático nacional e internacional del MAS, a través del Grupo de Puebla y de medios influyentes que simpatizaban con la gestión de Morales, hicieron durante el gobierno de Áñez y muy intensamente en el primer año de gobierno de Luis Arce, una campaña para instalar la idea de que en Bolivia hubo un “golpe de Estado”.  

Corrupción

La captura de la justicia y la prolongación ilegal de Morales en el poder, dieron pie a la discrecionalidad y a la corrupción. Este panorama se facilitó por programas como “Evo cumple” de obras de decisión unipersonal del presidente; invitaciones públicas en vez de licitaciones para la ejecución de obras gigantescas, o simplemente adjudicación de contratos mediante decreto supremo y no leyes.

Entre muchos hechos irregulares se produjeron actos de corrupción en YPFB (empresa estatal del petróleo) en la venta internacional de combustible con sobreprecio (2006); la compra observada de taladros de perforación; la adjudicación amañada en la construcción de plantas separadoras de líquidos (2008); la conclusión del proyecto de agua de Misicuni a través de contratos irregulares (2009); la compra con sobreprecio de barcazas de fabricación china (2009); la transferencia de cheques del Fondo de Desarrollo Indígena a cuentas privadas de sus ejecutivos; los contratos irregulares y manipulados a favor de la empresa China Camcé (2016); el pago injustificado de una indemnización millonaria a la empresa chilena Quiborax (2018). Casos no aclarados hasta hoy con un daño económico al país de casi dos billones de dólares.  

Persecución política

En los gobiernos de los dos presidentes del MAS la persecución política es una constante a través del uso del Órgano Judicial y el Ministerio Público, transformados en brazos de la persecución y encarcelamiento de los opositores. 

Como producto de acusaciones por corrupción o por “terrorismo” fueron detenidos o forzados a abandonar el país como “prófugos” de la justicia centenares de ciudadanas y ciudadanos. Tras la crisis de 2008-2009 fueron destituidos varios gobernadores electos. Leopoldo Fernández, gobernador de Pando estuvo preso más de 9 años, la mayor parte de ese tiempo en prisión preventiva sin sentencia, acusado y luego sentenciado por “genocidio”. Los tres gobernadores de La Paz, Cochabamba y Tarija, inicialmente revocados de sus cargos, fueron acusados de corrupción y estuvieron en el exilio por más de 11 años. Se mantuvo en prisión a importantes líderes cívicos y muchos ciudadanos pidieron refugio o asilo político en países vecinos. Murieron en prisión al negárseles atención médica dos exministro de Estado y, obligado a subir a La Paz a hacer una declaración judicial a pesar de padecer serios problemas coronarios, murió un expresidente del Servicio de Caminos. Fueron asesinados en un hotel en Santa Cruz, como parte de los operativos “antiterroristas” de 2009 en Santa Cruz, dos súbditos extranjeros y un boliviano.

La prisión preventiva se convirtió en una norma. A partir de 2021 se abrieron procesos por el supuesto “golpe de Estado” con la acusación de terrorismo, conspiración y sedición. El resultado fue la detención “preventiva” de la expresidenta Jeanine Áñez, dos de sus ministros, jefes policiales y militares y varios activistas que se manifestaron en los 21 días de 2019.

El gobierno de Arce no ha dudado en acusar a la Iglesia Católica, la OEA y la Unión Europea (que junto a la ONU y al gobierno de España, fueron mediadores en la crisis de 2019), de respaldar el “golpe de Estado”, lo ha hecho varias veces, dos de ellas en sus discursos ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El caso de la expresidenta Jeanine Áñez es particularmente sensible. Una vez presa preventivamente (2021) se le inició un juicio exprés, acusada de “incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución”, léase culpable de asumir la presidencia por la vía de un “golpe de Estado”. Fue condenada a 10 años de cárcel. A la par, se decidió -pasando por alto la Constitución- abrirle una segunda acusación por los hechos sangrientos de Senkata (La Paz) y Sacaba (Cochabamba), como producto de la desproporcionada respuesta militar a las acciones de manifestantes, que en Senkata pretendían tomar por la violencia depósitos de combustible para el área metropolitana La Paz-El Alto y ciudades intermedias; acontecimiento que tuvo mucho que ver con la instrucción de cercar y desabastecer las principales ciudades del país, dada por el expresidente Morales desde su autoexilio. Dichos acontecimientos se produjeron cuando Áñez ejercía la presidencia, por lo que debió ser procesada de acuerdo a la Constitución en un juicio de responsabilidades con la participación del Fiscal General, el Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Legislativa. Sin embargo, se alegó que no se la reconocía como presidenta constitucional y que por tanto no se aplicaba tal disposición de la Carta Magna. Olvidaron sus acusadores que en 1993, el presidente de facto Luis García Meza fue juzgado y condenado en un juicio de responsabilidades por graves violaciones a los derechos humanos. En abril de 2023 se le inició el juicio, con el respaldo del TCP, en un juzgado ordinario que, casi con seguridad, concluirá en la condena de la exmandataria a la máxima pena (30 años de cárcel).

En diciembre de 2022, tras una larga crisis con el departamento Santa Cruz, el gobierno detuvo “preventivamente” al gobernador electo cruceño Luis Fernando Camacho, acusado de “terrorismo” (también por los episodios de 2019) y lo recluyó en la cárcel de más alta seguridad del país. Meses antes había hecho lo propio con el líder cívico potosino y candidato vicepresidencial de Camacho, Marco Antonio Pumari.

De acuerdo a diversas fuentes, una de ellas una investigación documentada de la principal alianza de la oposición, Comunidad Ciudadana, en 2023 hay en el país más de 180 presos políticos.   

Entre 2021 y 2023 llegaron a Bolivia tres misiones: El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (2021), Diego García Sayán Relator de la ONU sobre la Independencia de los magistrados y abogados (2022) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2023). Su objetivo tenía que ver con un análisis de la situación de la justicia en Bolivia desde diferentes perspectivas. Las conclusiones comunes de las tres misiones fueron: en Bolivia el Órgano Judicial no es independiente, está sujeto a decisiones políticas. La prisión preventiva se usa de modo discrecional lo que viola la presunción de inocencia. Hay tipos penales abiertos que no se adecuan a la Carta Interamericana de DDHH; “sedición” y “conspiración”, por ejemplo, o son ambiguos en sus alcances como ocurre con el delito de “terrorismo”, lo que facilita la persecución, acusación y prisión de líderes y militantes de oposición. Observaron también la falta total de institucionalización tanto del Ministerio Público como del Órgano Judicial, sobre todo por sus innumerables interinatos. Observaron el bajísimo presupuesto de dicho Órgano, lo que lo limita para actuar como un verdadero contrapoder. Concluyeron en la necesidad imperiosa de un gran acuerdo nacional, entre el Estado, la representación política y la sociedad civil.

Alineamiento e injerencia internacional

Con fundadas razones, al llegar al gobierno el MAS criticó la injerencia de los estados Unidos en asuntos internos y el sometimiento de los gobiernos democráticos a esa presencia, particularmente sensible en la lucha contra el narcotráfico. Dicha posición condujo en 2008 a la expulsión del embajador de los EE.UU., la DEA y USAID. Lo más sensible fue el cierre del mercado más grande del mundo que perjudicó dramáticamente a la producción industrial boliviana.

Sin embargo, el MAS llevó adelante una política internacional de mayor sometimiento que el que criticó, especialmente ante Cuba y Venezuela. La presencia de funcionarios cubanos y venezolanos fue desembozada, sobre todo en labores de “inteligencia y seguridad”, además de los aportes directos de dinero venezolano a proyectos y programas populistas del gobierno (especialmente en el periodo 2006-2010). Ese alineamiento ideológico explícito se tradujo en la adhesión al “socialismo del siglo XXI” y al bloque antioccidental liderado por China y Rusia. Estrechó relaciones con Irán, Siria y otras naciones con las que poco o nada tenemos que ver en términos de intercambio económico. El broche a esta postura militante fue el respaldo a la invasión rusa a Ucrania en 2023.  

La desafortunada transición (2019-2020)

En este punto, la pregunta que se hará el lector es ¿Si todo lo dicho es cierto, cómo se explica el triunfo de Arce y el MAS en las elecciones de 2020 que parece confirmar la adhesión mayoritaria de los bolivianos a ese proyecto?

El gobierno de transición que debió durar seis meses, se prolongó a un año por la pandemia del COVID con la que tuvo que lidiar en toda su gestión, lo que obligó a la postergación del proceso electoral de mayo a octubre de 2020 y golpeó duramente a la economía del país, al margen de las intenciones y decisiones del ejecutivo. 

De raíces profundamente conservadoras, se formó uniendo a sectores radicales de la oposición al gobierno de Morales, a la cabeza de uno de los parlamentarios más intolerantes, Arturo Murillo, hombre fuerte de esta administración; el impulso del liderazgo cívico cruceño con base en Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz y otras figuras relevantes tanto de la región como del país en ministerios claves.

La premisa equivocada del gobierno fue que Morales huyó de Bolivia para no volver y que el MAS no sólo estaba herido de muerte, sino que había que inhabilitarlo como organización política (propuesta que no se concretó). La llegada de Áñez y Camacho al palacio de gobierno con la Biblia como estandarte, fue una afirmación interpretada como fundamentalista. La gestión fue revanchista con las figuras relevantes del anterior gobierno, confrontacional a nivel internacional y con algunos actos de corrupción, los más graves vinculados al manejo de recursos para la adquisición de equipos e insumos para combatir la pandemia. 

Para la base indígena del MAS, sobre todo después de los hechos de sangre ya referidos, el gobierno de Áñez significó un retroceso en las conquistas de igualdad e inclusión y en la situación económica. El partido de Morales aprovechó el proceso electoral, para contrastar de forma sesgada ambas gestiones y afirmar que toda la oposición estaba representada por esta administración “reaccionaria y de extrema derecha racista”.

Por si fuera poco, el error estratégico de una parte de la oposición fue no comprender que en 2019 el candidato de Comunidad Ciudadana había logrado un éxito inédito ante el poderoso Morales y el MAS, a pesar de que este contaba con todo el aparato del poder en sus manos, al punto de que con un TSE imparcial hubiese ido a segunda vuelta con importantes opciones de ganar. Tanto Luis Fernando Camacho, uno de los principales protagonistas de la resistencia democrática de los 21 días, como la propia presidenta, cuya popularidad inicial no tenía que ver con ella misma sino con su rol de garante de una transición electoral democrática, optaron por ser candidatos. A pesar de que Áñez se bajó a pocos días de la elección, el daño estaba hecho. Por todas esas razones, Arce obtuvo en 2020 un cómodo 55%, Mesa rozó el 29% y Camacho logró el 14% concentrado en Santa Cruz. La oposición quedó otra vez en minoría, a pesar de haber bloqueado los 2/3 de la Asamblea que el MAS no consiguió en esta elección.

El gobierno de Áñez y la división de la oposición, desmovilizaron y desalentaron a los ciudadanos que habían salido en 2019 como nunca antes, a enfrentar democráticamente a los movimientos sociales controlados por el MAS. Estos hechos permitieron al masismo recuperar el gobierno con comodidad y  mantener su estrategia de dominio total del poder a la usanza de Morales.

El agotamiento del  “proceso de cambio” (2020-2023)

El gobierno de Arce, por la naturaleza del propio presidente, no tiene el sello carismático de Morales. Los aportes sustantivos del proyecto de 2006, bien o mal, se habían hecho ya y era evidente que la nueva élite en el poder, está apoltronada en el prebendalismo y la cooptación de las bases, a partir de un reparto de parcelas del propio Estado y sus áreas de control económico. 

La primera impresión fue que el flamante presidente sería una ficha en manos de Morales, quien lo había designado candidato ante su imposibilidad legal de presentarse él mismo. El primer año Arce parecía un eco y se mostraba dubitativo. Pero progresivamente, tanto Arce como su vicepresidente David Choquehuanca comenzaron a mover el tablero, a no escuchar las “instrucciones” de Morales y formar un poder interno en el MAS, basado en las ventajas de administrar el Estado y copar paulatinamente la bancada oficialista que también había sido escogida por Morales. 

Pero tanto va el cántaro a la fuente que… en enero de 2023 sonaron las primeras alarmas económicas. El presidente basaba su credibilidad en el “milagro económico 2006-2014”, lo que lo convertía en garante de la credibilidad del modelo. Ocurrió, sin embargo, que la testarudez de sus políticas basadas en el cambio fijo de la moneda, la intocabilidad del precio interno de los hidrocarburos, la baja inflación y el crecimiento del PIB por encima del 4%, habían llegado a un punto de quiebre. 

Si bien la bonanza hizo crecer la economía casi cuatro veces, el gasto público, sobre todo en salarios de la administración se multiplicó por seis, el endeudamiento pasó de 3.200 millones en 2006 a más dec 13.000 millones el 2022. El modelo productivo se mantiene como esclavo de las materias primas y los vaivenes externos de los precios de estas. La inversión pública se sostiene con el alto déficit fiscal (promedio de 7% en el periodo 2015-2022, descontando el 2020 año del COVID). 

Entre 2015 y 2022, Morales y su ministro Arce se habían comido toda la grasa acumulada en los 8 años de vacas gordas. Los 15.000 millones de dólares de reservas de 2014 se han transformado en menos de 3.000 -el 85% en lingotes de oro- a principios de 2023, al punto que se hizo imperativo monetizar el oro, saldo último de las reservas. El dólar, imprescindible en una economía con tan bajo nivel industrial y altamente consumidora de insumos y productos importados, ha prácticamente desaparecido del mercado monetario. El sistema financiero comenzó a sentir los primeros atisbos de la desconfianza. El gas está haciéndose literalmente gas (las reservas cayendo y los ingresos disminuyendo)… el puente hacia la producción de litio como sustituto es muy largo (generará divisas de modo significativo a partir del 2026), la inversión pública se contrajo y el horizonte se llenó de nubes negras.

La sensación de estabilidad está apoyada en los subsidios a los hidrocarburos, a algunos productos de primera necesidad y a bonos a niños, mujeres y ancianos, además de contar con una economía informal que tiene al contrabando masivo y al narcotráfico como elementos importantes para los ingresos a la economía. 

En este escenario el control total del poder sigue vigente, aunque ese poder se disputa entre dos facciones, la del líder histórico muy desgastado ante la opinión pública y el presidente, que corre el riesgo de verse desnudo de respuestas estructurales a la crisis económica, salvo un indeseado tránsito para él, de aplicar recetas ortodoxas para conseguir liquidez en el mediano plazo.

Poco o nada queda ya de la ilusión inicial. Al desencanto se suma el quiebre interno de liderazgo y la evidencia empírica de que el modelo está dejando de funcionar. Lo único claro es la vocación del MAS por el poder a cualquier costo, y como parte de él la acción autocrática y abusiva sobre el conjunto de la sociedad.

Puede ser una oportunidad para una oposición que debería aprender las lecciones positivas del 2019 y las negativas del 2020, no sólo con el objetivo de terminar el autoritarismo vigente, sino con la propuesta de un modelo de futuro con nuevos paradigmas ambientales, de producción y consumo y, sobre todo, con un proyecto de recuperación de los valores democráticos, basado en la conquista de un sistema plural de partidos, independencia de poderes y alternancia en el mando de la nación.

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^[1] El gobierno de Morales rescindió el contrato de la ruta del TIPNIS con la empresa brasileña OAS, que se había adjudicado la obra valorada en 420 millones de dólares (80% financiado por el BNDS). El presidente acusó a OAS de no haber cumplido otro contrato carretero en el sur del país.

^[2] La capitalización de cinco grandes empresas estatales en el primer periodo de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997), se hizo privatizando la mitad más uno de cada una de las empresas capitalizadas, con derecho a su administración y gestión por parte de las trasnacionales que las adquirieron. El valor de la otra mitad de cada una de las cinco empresas, fue transferido por el Estado en favor de los bolivianos mayores de edad, en un fideicomiso que se usó para pagar un bono anual de vejez a todos los mayores de 65 años. En el caso del gas, los impuestos que pagaron las empresas al Estado fluctuaron entre un 25% y un 35%. La “nacionalización”, además de firmar nuevos contratos con las empresas, revirtió a favor del Estado el fideicomiso. En los hechos confiscó esos recursos a los ciudadanos, aunque continuó pagando el bono con fondos del tesoro general de la nación.