Carlos D. Mesa Gisbert

Para comprender la significación del gobierno que presidí entre el 17 de octubre de 2003 y el 9 de junio de 2005, hay que valorar la magnitud de la grave crisis de octubre de 2003, las protestas populares de esos días que habían comenzado a gestarse desde la llamada “guerra del agua” en 2000 (segundo gobierno de Banzer). Movilizaciones y espiral de violencia que condujo a la implosión del sistema de partidos que habían sido protagonista del periodo democrático 1985-2003.

Diversos factores contribuyeron a un escenario de ruptura del pacto social que fue respondida erradamente por el gobierno, cuyo horizonte fue incierto desde el momento mismo de su nacimiento. El modelo entonces vigente estaba agotado, se había debilitado por dentro y era asediado desde fuera del sistema con un gran vigor de los llamados movimientos sociales.

La respuesta que dejó un saldo de casi 70 muertos, definió mi ruptura con el gobierno en su conjunto, dada la diferencia insalvable en cuanto a la respuesta a la crisis y la evidencia de la acción desproporcionada y trágica al asedio popular. 

El primer efecto de mi llegada a la presidencia por la vía de la sucesión constitucional fue la pacificación de un país que estaba al borde una grave confrontación violenta de insospechadas consecuencias. La actitud de escuchar, dialogar y de comprometerme con el pueblo a que lo que tocaba no era la venganza sino la justicia, fue un elemento crucial para lograr un rápido respaldo y aprobación popular que se mantuvo durante todo mi gobierno 

Puedo decir que en el año y ocho meses de gestión se desarrollaron cinco objetivos:

1.- Respeto a la vida y los derechos humanos

2.- Referendo de hidrocarburos

3.- Solución de la crisis económica

4.- Autonomías

5.- Asamblea Constituyente

La base. La reforma constitucional

El 20 de febrero de 2004 promulgué una Reforma Constitucional  que abrió las puertas a una democracia participativa traducida en la Asamblea Constituyente, el Referéndum nacional, departamental y municipal, la iniciativa legislativa ciudadana y el fin del monopolio de los partidos políticos que permitió que agrupaciones ciudadanas y de pueblos indígenas tercien en elecciones municipales, prefecturales y nacionales. También reconoció la opción de la doble nacionalidad.  Esa reforma impulsada por nuestro gobierno es uno de los instrumentos cruciales para entender el proceso de cambio genuino que nos acompañó como idea básica en los casi dos años que nos tocó ocupar la máxima responsabilidad del Estado.

Objetivo 1. Respeto a la vida y los derechos humanos

Iniciamos el posicionamiento de una nueva lógica en el manejo de los conflictos sociales y una recuperación de la idea de tolerancia y respeto a los otros: la vida de mis compatriotas y los derechos y garantías ciudada­nas aun en medio de los conflictos de mayor tensión.. Fue por mi decisión de no ejercer represión en ningún contexto que decidí renunciar al mando de la nación. Un nuevo pacto social debe partir de la premisa de que la recuperación del imperio del Estado de derecho y el sometimiento a la ley son el único salvavidas contra el descontrol y atomización de nuestra sociedad. Por eso aprobamos de la ley de resarcimiento a las víctimas de la violencia política y el decreto que reglamenta el uso de la fuer­za por parte de las Fuerzas Armadas en el caso de que éstas tengan que salir a las calles para la reposición del orden interno por mandato del poder político.

En octubre de 2004, el Congreso aprobó la apertura de un juicio de res­ponsabilidades contra Gonzalo Sánchez de Lozada y sus ministros. Siempre creí en la búsqueda de justicia, no venganza. Nunca influí ni este ni en ningún otro caso, sobre el Ministerio Público, ni el Poder Judicial, ni el Congreso.

El respeto escrupuloso y de convicción de los DDHH en nuestra gestión fue, creo, uno de mis mayores aportes a una democracia que requería recuperar el espíritu de 1982.

Objetivo 2. Referéndum y Ley de Hidrocarburos

Cuando tomé la decisión de convocar al primer Referendo para cambiar la política estatal de hidrocarburos, lo hice por decreto el 13 de abril de 2004, en contra de la opinión de la mayoría del Congreso (incluido el MAS, que se benefició de él para su falsa “nacionalización”), los sectores con­servadores representados por ciertas elites económicas y, por supuesto, la mayoría de las empresas petroleras afincadas en Bolivia. Pudimos llevar­lo a cabo por cómo lo encaramos: el decreto (convertido en Ley por abrumadora demanda popular), la legitimidad de la convocatoria y el respaldo masivo del pueblo, tras una exitosa campaña mediática en la que me empeñé personalmente. Estos elementos adecuadamente administrados nos permitieron ganar el Referéndum de modo incontestable.

Había llegado el momento de un viraje en el manejo de los recursos naturales, con un papel más protagónico del Estado en la econo­mía y el fin de una visión ultraliberal en lo referido a las relaciones entre la nación y las empresas inversionistas. Se logró la derogación de la ley vigente, la recuperación de propiedad de todos los hidrocarburos en boca de pozo, la rfundación de YPFB y el incremento de impuestos a las empresas hasta por lo menos un 50%. En consecuencia con ese triunfo histórico, nuestro gobierno presentó un proyecto de Ley de Hidrocarburos que fue bloqueado y saboteado en el Congreso. La alianza entre el MAS y el el NFR hizo posible un proyecto de Ley alternativo que observé por su irracionalidad en los impuestos ciegos sin considerar la crítica situación de la producción de líquidos y las descventajas de producción pequeña y mediana con relación a los megacampos, además de una injusta distribución del IDH perjudicial para los departamentos no productores. Tanto la Ley aprobada (2005), como la “nacionalización” (2006), no hubieran existido sin el Referendo de 2004. 

Objetivo 3. Solución de la crisis económica

El manejo responsable de la economía implicó un gran sacrificio de austeridad, recorte de gastos, una inversión que tuvo que ser muy moderada y medidas como el impuesto a las transacciones financieras (ITF) y alza moderada de 10% en el precio de hidrocarburos,  pero que preservó el bolsillo de los más pobres al no tocar el precio de la garrafa de gas licuado. El resultado, acompañado por el todavía tímido inicio de un ciclo de bonanza económica internacional, fue: reducción del déficit del 8% al 2,3%; el crecimiento del PIB subió de U$ 7.900 millones a U$ 9.300; la moderada reducción del desempleo que pasó de 9,1% a 8,4%; el aumento del PIB per cápita de U$ 895 a U$ 1.000; la reducción de la deuda externa en U$ 500 millones; el incremento de las exportaciones que superaron la barrera de los U$ 2.000 millones (en 2005 llega­ron a U$ 2.800) después de más de una década con un promedio de entre U$ 1.200 y U$ 1.500 millones y que en los años sucesivos se dispararon aún más. 

Innovamos también  en temas esenciales como el “compro boliviano” o las “ferias a la inversa” son re­sultados concretos de ese programa. Nuestra política de tierras se tradujo en la mayor cantidad de saneamiento desde la promulgación de la Ley INRA en 1996 (57% del total de los títulos otorgados desde entonces hasta fin del 2005), la otorgación de veintiséis Tierras Comunitarias de Origen (TCOs) y una línea de investigación y denuncia de tierras otorgadas o manejadas irregularmente.

Amplamos el contrato de venta de gas a Argentina de 2,5 millones de metros cúbicos día de exportación hasta un máximo de 27 millones.

Objetivo 4. Autonomías

A pesar del avance histórico de la Participación Popular, ningún gobierno había respondido positiva­mente al pedido de autonomías regionales, o por miedo, o por convicción. Nosotros pensamos que era tiempo de responder a la demanda liderada por Santa Cruz. Cuando propusimos las autonomías departamentales el 20 de abril de 2004, la respuesta fue un gran silencio. Con los dos decretos de fortalecimiento del poder de los consejos departamentales en las prefecturas y la descentralización de la educación y la salud, los directamente beneficiados se hicieron los distraídos y los sindicatos nacionales de maestros y trabajadores en salud nos en­frentaron brutalmente. 

De hecho, la elección de prefectos por voto popular y el Referendo autonómico, fueron convocados en mi gestión y se llevaron a cabo gracias a esas convocatorias

Objetivo 5. Asamblea Constituyente

Nuestra voluntad de llevar adelante la Asamblea Constituyente se tradujo en la creación de la UCAC, oficina encargada de proponer, coordinar y ejecutar un proyecto de ley de convocatoria a la Asamblea, que fue sistemáti­camente bloqueada por el Congreso y, sobre todo, por quienes como Morales consideraban que no se podía aceptar que nuestro gobierno presidiese este acto histórico. La UCAC realizó un trabajo preparatorio que adelantaba problemas y proponía soluciones, la mayoría de las cuales fueron desechadas en la aplicación de la Asamblea que con tantos errores y de modo tan errático –incluyendo su sangrienta consecuencia- encaró el gobierno de Morales.

Otros temas relevantes

En mi gestión se llevaron a cabo elecciones municipales transparentes y creíbles (diciembre de 2004) que redibujaron el mapa político. Nuestro gobierno decidió, dadas sus características, no participar con candidaturas propias en el proceso.

Después de un largo paréntesis de inacción, llevamos a cabo una revitalización de la demanda marítima que se tradujo en mi convocatoria a Chile a un diálogo sobre el tema que presente en la Cumbre de las Américas de Monterrey en 2004, abriendo de nuevo el camino hacia la búsqueda de una solución a nuestra mediterraneidad.

El 31 de julio de 2004, en virtud de la potestad que me daba la Constitución, en pleno receso parlamentario, nombré con carácter interino a seis magistrados de la Corte Suprema, dos miembros del Consejo de la Judicatura y nueve fiscales, incluido el Fiscal General. Resolví así dos problemas; por un lado, las vacancias que habían dejado al Poder Judicial al borde del colapso, ante la imposibilidad del Congreso de nombrar en más de tres años los cargos vacantes. Por otro lado, garanticé la independencia del Poder Judicial, controlado por los partidos en función de gobierno en connivencia con la oposición. De manera vergonzosa el TC falló en contra de esos nombramientos, desconociendo el receso parlamentario que los legitimaba. Rechazó el pedido de reconsideración que hice.

La decisión de marzo

Cuando en marzo presenté mi renuncia, el objetivo era llamar la aten­ción sobre el camino de irracionalidad en el que estábamos nos iba a conducir al despeñadero. Los bolivianos me apoyaron de un modo impresionante y conmovedor. En ese momento mi respaldo nacional era del 68% (85% en Cochabamba, el más alto, y 44% en Santa Cruz, el más bajo). 

Eso no impidió que la conspiración de los dos extremos radicales del espectro político se concretara con una espiral de desorden y movilizaciones en nuestra contra, con el argumento falaz de que no queríamo la Asamblea Constituyente y la consulta sobre las autonomíasy exigiendo la nacionalización inmediata de los hidrocarburos. Como muestra de mi desprendimiento solicito al Congresdo qwue considerara un adelantamiento de elecciones, que éste -parte de esa conspiración. Rechazó.

En ese contexto a elección de prefectos, refe­réndum sobre autonomías departamentales y Asamblea Constituyente, algo que muchos olvidan. 

Renuncia a la presidencia

Presenté mi renuncia definitiva al cargo el 6 de junio de 2005. A lo largo de toda mi vida pública, mi vocación democrática, mi defensa de las instituciones y en particular del Con­greso, demuestran una actitud genuinamente democrática. Renuncié con valentía en defensa de los DDHH, para no arriesgar al país a un nuevo baño de sangre y proteger el sagrado derecho a la vida. Los hechos anteriores en octubre de 2003 y posteriores en noviembre de 2019, me dan la razón. Desmienten además aquello de que es valiente el que para imponer el orden mata y cobarde aquel que para lograrlo se niega a matar. Por esa misma razón es que pedí a los presidentes de ambas cámaras que renunciaran a su derecho a la sucesión constitucional. Lo hice porque estaba claro el rechazo masivo a los viejos partidos que ellos representaban, lo que ponía en riesgo la paz del país si no se hacia un corte claro a través de un Presidente independiente al agotado sistema de partidos.

Lo que dejamos

Nos tocó uno de los momentos más difíciles de la historia republicana del país. Actuamos siempre buscando la paz, el respeto y la tolerancia. Llegamos al go­bierno para garantizar la pacificación y nos fuimos para evitar la confronta­ción. Iniciamos el cambio histórico que el pueblo expresó en las urnas en el Referéndum de 2004, las elecciones municipales de 2004, las elecciones pre­sidenciales de 2005 y las elecciones para asambleístas y el Referéndum sobre Autonomías de 2006.