El Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, ha declarado el 12 de julio de 2018 que el testimonio del expresidente Eduardo Rodríguez sobre el caso Quiborax “es lapidario para el exmandatario Carlos Mesa porque con esa acción (mi DS de expulsión de Non Metallic Minerals) se habría reconocido que hubo irregularidades” y que “de haberse tomado en cuenta ese caso todavía sería más lapidario para el expresidente Mesa”.

Con toda intención, a diferencia de otros testimonios, la citada declaración extemporánea del expresidente se hace pública y el Fiscal manifiesta su abierta parcialidad en mi contra, al hacer declaraciones sobre el contenido de la misma cuando ya no tiene atribución ni competencia para seguir con investigaciones preliminares, una vez formulado el Requerimiento Acusatorio en esta fase del proceso.

EL VERDADERO SENTIDO DE LAS DECLARACIONES DEL EXPRESIDENTE EDUARDO RODRÍGUEZ VELTZÉ

El expresidente Rodríguez dijo en su testimonio, a través de un correo electrónico transcrito por el periódico “La Razón” el 11 de julio de 2018: “Quiero dejar constancia expresa de que la actuación de mi gobierno se concentró en restablecer el Principio de Legalidad en la conducción de la actividad del Estado en el procedimiento de recuperación de concesiones mineras ubicadas en el Salar de Uyuni y áreas de influencia conforme lo dispuso la Ley 2564 (promulgada en mi gobierno)”.

“La norma jurídica abrogada adolece de deficiencias jurídicas insubsanables porque el Código de Minería no prevé la revocatoria de concesiones mineras”.

“Mi gobierno no ingresó al mérito de las razones por las que se dispuso la nulidad de las concesiones, cumplió con el deber administrativo de sanear los procedimientos en resguardo del principio de legalidad que garantiza el sometimiento de autoridades y administrados al orden legal”.

El verdadero sentido de esta declaración no es el que le asigna el Fiscal General del Estado, por el contrario, el expresidente hace dos consideraciones; una sobre la forma y otra sobre el fondo.

En la forma. Indica que lo que hizo fue “sanear los procedimientos en resguardo del principio de legalidad”, obviamente se refiere a su decisión de abrogar mi DS por el uso del término “Revocar” en lugar de “Anular”.

Pero lo verdaderamente importante está en el fondo de sus palabras, cuando indica que su gobierno “no ingresó al mérito de las razones por las que se dispuso la nulidad de las concesiones”. Reconoce algo fundamental, que en mi gobierno la Superintendencia de Minas el 28 de octubre de 2004, apegada estrictamente a derecho a través del Código de Minería, anuló las concesiones de la Empresa Non Metallic Minerals (NMM), saneando la forma de mi DS 27589. Por esa razón Rodríguez mantuvo la decisión de la Superintendencia de Minas de anular las concesiones y expulsar del territorio nacional a NMM.

Esta última interpretación no es ni arbitraria ni subjetiva, surge del propio texto del DS 28517 de 16 de diciembre de 2005, firmado por Eduardo Rodríguez Veltzé, que a la letra dice: “Que las Resoluciones Administrativas dictadas por la Superintendencia de Minas anulan las resoluciones constitutivas de las concesiones mineras de la Empresa Non Metallic Minerals S.A, y en la actualidad se encuentran ejecutoriadas y causan estado”.

Conclusión. Mi Ley 2564 de nacionalización del Salar hizo lo correcto recuperando la totalidad de la Costra Salina en favor del Estado. La Anulación de las concesiones de NMM por vicios de origen era no sólo impecable, sino imperativa. El DS de Rodríguez Veltzé ratificó en toda su extensión el alcance de lo dispuesto por la Superintendencia de Minas de anular las 11 concesiones obtenidas ilegalmente por NMM. De ese modo, la situación jurídica de Bolivia con relación a NMM era impecable en el momento del fraudulento inicio del litigio de NMM-Quiborax contra Bolivia.

El Fiscal Guerrero, brazo operativo del Ministro de Justicia, no podrá falsear la verdad y menos usando a su antojo lo declarado por el exgobernante Eduardo Rodríguez Veltzé, cuando ya no tiene competencia en ésta investigación preliminar.

Situación ilegal que haré conocer al Tribunal Suprema de Justicia.