El 5 de julio de 2018 presenté a consideración del Fiscal General, el DS  3582 del gobierno de Evo Morales que autorizó el pago de 42,6 millones de dólares a NMM-Quiborax Dicha norma optó por pagar el monto de la 3º y peor de las tres negociaciones realizadas entre las Partes.

SEÑOR FISCAL GENERAL DEL ESTADO.

Hace conocer elementos de juicio complementarios a la denuncia de 18 de junio de 2018.

CARLOS DIEGO DE MESA GISBERT, boliviano, mayor de edad y hábil por derecho, con C.I. 110761 L.P., Ex Presidente y Ex Vicepresidente Constitucional de la República, Ex Presidente Del H. Congreso Nacional, domiciliado en la Torre Cesur, 3º, 308, Av. Ballivián esq. C. 24 Nº 1578, Calacoto, de la ciudad de La Paz, dentro de las investigaciones emergentes de la denuncia de fecha 18 de junio de 2018, de conformidad al artículo 13 de la Ley Nº 044/2010–2011, presento a su autoridad elementos de juicio complementarios a la denuncia de 18 de junio de 2018.

El Decreto Supremo Nº 3582 de 6 de junio de 2018, en su artículo 2 parágrafo I, reconoce como pago efectivo y oportuno de la indemnización establecida en el Laudo de 16 de septiembre de 2015, la suma de $us. 42.666.730 millones de dólares a favor de las compañías demandantes Quiborax S.A. y su controlada Non Metallic Minerals S.A., pagaderos en fondos de libre e inmediata disponibilidad.

La primera precisión que corresponde hacer con relación a esta parte del decreto supremo es que el monto de indemnización reconocido a favor de las demandantes en el proceso arbitral denominado “Quiborax” no es el que surge del Laudo Arbitral de fecha 6 de junio de 2018 –el monto que establece esta sentencia es de 48.619.578 dólares-. En consecuencia, la segunda precisión que debe hacerse es que el monto establecido en el citado decreto supremo no corresponde al cumplimiento y ejecución del laudo arbitral, sino a un proceso de negociación entre el gobierno de Bolivia y las empresas demandantes, por el cual acordaron este monto, independientemente de lo decidido en el Laudo Arbitral.

El hecho ilícito surge porque en esta tercera negociación el gobierno nacional pagó a estas sociedades comerciales una cantidad significativamente mayor a la ofertada en firme por estas mismas empresas en dos negociaciones anteriores. Participaron en esta tercera negociación el Ministro de Minería Cesar Navarro y el Procurador General del Estado, Pablo Menacho, con el representante de estas sociedades Andrés Jana, asesor jurídico de Chile en la controversia que tiene Bolivia en la Corte Internacional de Justicia en contra de nuestra reivindicación marítima.

Según la investigación del periódico “Página Siete” de 27 de junio de 2018, titulada “Quiborax aceptó pago de 27 millones, pero acuerdo se frustró”, en el año 2016 la Procuraduría General del Estado, a cargo en ese momento de Héctor Arce Zaconeta, avanzó negociaciones con estas mismas sociedades por un monto de 27 millones de dólares, estando las mismas de acuerdo en reducir el monto fijado en el Laudo Arbitral en un 50%. Este hecho es reconocido públicamente por el actual Procurador General del Estado Pablo Menacho, y el Ministro de Justicia Héctor Arce Zaconeta. La explicación de éste último es que esa negociación fracasó porque David Moscoso, socio y representante de Non Metallic Minerals, se opuso a este acuerdo entre el gobierno de Bolivia y Quiborax, remitiéndole una nota en ese sentido al entonces Procurador General del Estado.

De acuerdo a la Decisión sobre Medidas Provisionales del Tribunal Arbittral del CIADI de 26 de febrero de 2010 en su numeral 10: “Las Partes comunicaron al Tribunal que habían llegado a un acuerdo oral de conciliación”. Estos datos los complementa la investigación del periódico “El Deber” de 14 de junio de 2018 titulada: “Estado paga 42 millones a Quiborax, pese a preacuerdo por 3 millones sin arbitraje”, en el año 2008, el Ministerio de Defensa Legal del Estado, a cargo en ese momento de Héctor Arce Zaconeta, cerró un acuerdo conciliatorio con estas mismas sociedades por un monto de $us. 3 millones de dólares, que de ser ejecutado por el gobierno nacional hubiera evitado el proceso arbitral anunciado por estas empresas. Este hecho es reconocido públicamente por el actual Procurador General del Estado, Pablo Menacho, y el Ministro de Justicia Héctor Arce Zaconeta. La primera versión del Procurador sobre el porqué fracasó este acuerdo verbal consistió en la existencia de una deuda tributaria de estas sociedades por un monto de algo más de 9 millones de bolivianos, la segunda versión de ambas autoridades consistió en la existencia de juicios penales abiertos en Bolivia contra representantes y personeros de estas sociedades, por la falsedad que cometieron para promover el arbitraje.

Informaciones de la agencia de noticias ANF y el periódico “Los Tiempos” del 8 de septiembre de 2009, dan cuenta de que las pretensiones máximas de estas sociedades, cuando estaban negociando el acuerdo de los $us. 3 millones de dólares con el gobierno nacional, eran de 40 millones de dólares, no obstante que inicialmente demandaron a Bolivia por 66.481.461 dólares y, después, cuando actualizaron este monto, la demandaron por 150.848.827 dólares. Este debe ser el único caso en la historia judicial de los arbitrajes en el mundo, en el que se actualiza el monto demandado por más del doble del monto inicialmente pedido.

Tomando en cuenta estos datos y antecedentes comprobados, el pago de $us. 42,6 millones de dólares reconocido en el decreto supremo citado, causó un daño económico al Estado de 39,6 millones de dólares, que es el monto de dinero que Bolivia no hubiera erogado si el gobierno nacional hubiera cumplido el acuerdo conciliatorio de 2008 de los $us. 3 millones de dólares; o un daño económico al Estado de 15.6 millones de dólares que es el monto de dinero que Bolivia no hubiera erogado si el gobierno nacional el año 2017 hubiera aceptado la suma de 27 millones de dólares. Incluso si se toma en cuenta que la mayor pretensión real de estas empresas, después del fracaso del acuerdo conciliatorio, era de 40 millones de dólares, monto que estaban predispuestas a rebajar, así no lo hubieran rebajado, existiría un daño económico de 2,6 millones de dólares por el pago efectuado de los 42,6 millones de dólares.

Es decir, que en todas las variables mencionadas, el daño económico producido por el pago de los 42,6 millones de dólares, fluctúa en el mejor escenario para el país desde los 2,6 millones de dólares en el mejor de los casos, en el peor asciende a 39,6 millones de dólares, y en el intermedio llega a 15.6 millones de dólares.

Los justificativos de las autoridades intervinientes sobre el fracaso de la primera y segunda negociación no son aceptables:

• En el caso de la deuda tributaria, aún sumando ese monto de algo más de 9 millones de bolivianos a los 3 millones de dólares del acuerdo conciliatorio, tomando en cuenta que los gastos judiciales de Bolivia en la defensa de este arbitraje, según el Periódico “Página Siete” de 25 de junio de 2018 con el título: “Bolivia gastó $US. 1,3 millones en su defensa ante el CIADI”, llegaron a 1,5 millones de dólares, el acuerdo era conveniente para evitar el pago de los 42,6 millones de dólares.
• En el caso de los juicios penales ha quedado demostrado con la tercera negociación y pago de los 42,6 millones de dólares, que los mismos no han sido un óbice para llegar a este acuerdo; es más, uno de los beneficiados principales de este pago es David Moscoso, representante y accionista principal de Non Matellic Minerals, que confesó su delito de falsificación de un acta de accionistas (composición del capital accionario mayoritario) y uso de documento falsificado, con el cual forzó ilícitamente la tramitación de este arbitraje.
• Se trató de oposición del accionista David Moscoso, pero no de la sociedad NMM-Quiborax como persona jurídica autónoma e independiente de sus socios.

Por las razones explicadas, la promulgación del Decreto Supremo Nº 3582, de fecha 6 de junio de 2018, ha causado un grave daño económico al Estado.

1. PRUEBAS DOCUMENTALES.

Acompaño como pruebas documentales:

• El Decreto Supremo Nº 3582, de 6 de junio de 2018, en su versión de la Gaceta Oficial de Bolivia.
• Las publicaciones de “El Deber”, “Página Siete”, ANF, “Los Tiempos”.

Ofrezco como pruebas documentales los informes y correspondencias oficiales de la Procuraduría General del Estado citados en estas investigaciones periodísticas.

Por las razones de hecho y de derecho expuestas solicito a su autoridad se tengan presente estos elementos de juicio complementarios a los efectos del trámite de la denuncia presentada el 18 de junio de 2018.

Será proceder en Justicia.

La Paz, 4 de julio de 2018.

Carlos Alarcón Mondonio

Matricula RPA Nº 1033446CSAM