La Paz, 12 de noviembre de 2018.

Excmo. Señor

Álvaro García Linera.

Vicepresidente del Estado

Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Presente.-

Ref: En ejercicio del derecho constitucional a la defensa, solicito intervención en la Asamblea Legislativa Plurinacional en la sesión de consideración del Informe Final INF – CEMISOyLJ N° 014/2018 – 2019 de la Comisión Especial Mixta de Investigación del Caso Odebrecht (EEUU) – Lava Jato Camargo Correa (Brasil).

Señor Vicepresidente:

Me dirijo a su autoridad para hacerle conocer que la presidenta de la Comisión Especial violando la normativa sobre la reserva de esta investigación, ha adelantado públicamente, en distintos medios de comunicación, con relación a mi persona y otros ex funcionarios que me acompañaron en calidad de Ministros y Viceministros en mi gestión de gobierno, prejuicios sobre la base de información sesgada y manipulada, que nos atribuyen falsamente una participación que no hemos tenido en supuestos sobornos de la empresa Camargo Correa.

Dado que con relación a mi persona y algunos de mis ex colaboradores la Presidenta de la Comisión Especial ya levantó la reserva de esta investigación, anticipando falsas incriminaciones, considero imprescindible para el conocimiento de la verdad y el interés público del país comprometido en este caso, que la ALP antes de adoptar una decisión sobre este informe, me permita exponer y desarrollar en el Pleno los siguientes elementos de juicio, que fueron deliberadamente omitidos en el trabajo de esta Comisión y que surgen inequívocamente del propio informe “Castillo de Arena” de la Policía Federal del Brasil y de la investigación periodística publicada en diversas entregas por el periódico El Deber:

1.- Es un absurdo lógico y jurídico afirmar que un contrato ha sido asegurado o amarrado con un soborno adelantado por el sobornador cuando este contrato no ha sido cumplido ni ejecutado un milímetro, no se ha efectuado ni un sólo desembolso y ha quedado sin efecto porque no se obtuvo el financiamiento de contraparte de la garantía y el 20 % del total de la obra, que expresamente estuvieron previstos en el propio contrato a través de una cláusula de condición suspensiva. Esto es lo que ocurrió en mi gestión de gobierno con la construcción del camino Roboré – El Carmen, contrato que quedó sin efecto, con cero ejecución y desembolsos, porque no obtuvimos el financiamiento requerido como contraparte.

En cambio, en la gestión de gobierno de Eduardo Rodríguez Veltzé, pese a que la Ley 3187, de 30 de septiembre de 2005 le instruía realizar una nueva licitación y contratación, sobre la base de un nuevo financiamiento obtenido de la CAF, optó por suscribir el mismo contrato con modificaciones en su monto y alcance (incluía tres ítems menos: supervisión,

mantenimiento por 5 años y seguros). Este contrato de la gestión de gobierno del Presidente Rodríguez, fue el que se ejecutó y cumplió para la construcción del camino Roboré – El Carmen, y generó los desembolsos y pagos en la gestión de gobierno del Presidente Evo Morales.

2.- El informe “Castillo de Arena” de la Policía Federal del Brasil establece que los supuesto sobornos fueron pagados entre el mes de septiembre de 2005 y el mes de agosto de 2008, coincidente con la publicación de El Deber del 3 de noviembre de 2018, en la que se mencionan cuatro correos electrónicos en los que se habla directa y específicamente de los supuestos sobornos. En uno de esos correos, el dueño de la empresa Camargo Correa comunicó a uno de sus empleados: “Hoy obtuvimos la información de la aprobación de la CAF al proceso. Faltando ahora sólo la tramitación de la ley en el Congreso de Bolivia (nuestros amigos). Estaré reunido con los mismos este viernes por la tarde en el hotel Maksoud para tratar este asunto y el préstamo de $us. 60.000 solicitado”.

3.- En la misma publicación, se menciona que posteriormente se depositaron $us. 460.000 en tres bancos de Nueva York, dinero que fue remesado a un banco de Bolivia, y que de un supuesto soborno global que ascendía a $us. 4.000.000, los pagos posteriores a estos depósitos bancarios, por un cambio en la modalidad de pago, se efectuaron en Brasil en reales. Es importante subrayar que el citado cambio de modalidad se mencionó en un correo enviado cuando en Bolivia ya ocupaba la Presidencia Evo Morales.

4.- De la secuencia cronológica y de montos de las cuotas de los supuestos sobornos mencionados en el informe “Castillo de Arena”, se deduce inequívocamente que las iniciales “C.M.” corresponden a C. Morales, nombre expresamente citado en este informe de la Policía Federal del Brasil, dato determinante, como lo prueba la secuencia cronológica de pagos y la cantidad exacta de montos, en la que se usa indistintamente las iniciales C.M. y C. Morales.

En este punto la Presidenta de la Comisión indica que el primer dato presentado por el informe “Castillo de Arena” sobre C. Morales, corresponde a la cuota 11 y que por tanto la citada persona habría recibido supuestos pagos (del 1 al 10) antes de septiembre de 2005. Aún asumiendo que esa hipótesis esté fundamentada, es muy importante subrayar que en mi gobierno no hubo ningún funcionario que responda al nombre C. Morales, por lo que es inadmisible presumir que si esos pagos se hubieran realizado tengan relación alguna con mi gestión presidencial.

Son estos elementos de juicio, entre otros, los que explicaré y desarrollaré en la sesión del día miércoles 14 de los corrientes, a cuyo efecto solicito a su autoridad señale hora para mi comparecencia en el hemiciclo donde sesionará el Pleno de la ALP.

Sin otro particular, saludo a usted con mis mayores consideraciones.

Carlos Diego de Mesa Gisbert