La Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa está tratando la aprobación de un informe que recomiende nuestro enjuiciamiento o, por el contrario, la desestimación del juicio.
La ironía es que el gobierno que nos enjuicia (con sus dos brazos, el legislativo y el judicial bajo su mando), nada menos que sobre contratos petroleros (que no firmé y que en el caso de la acusación en mi contra está referido a la regularización de un sólo contrato ya preexistente), olvida que estos son la base de sus ingresos, que lleva adelante una de las más desastrosas y perjudiciales políticas de hidrocarburos de nuestra historia, que tiene entre quienes nos abrieron la acusación a Santos Ramírez.


















