Publicado en Página Siete y Los Tiempos el 6 de marzo de 2011

Uno de los elementos más importantes de la crisis política boliviana (2000-2005), fue la irrupción protagónica de los movimientos sociales, un plural que sustituía a la COB, no sólo como expresión de lo popular, sino sobre todo en su rol. Los movimientos hicieron realidad la idea de que era posible la política en las calles y la toma del poder desde las calles. Se cuestionaba al sistema, no sólo a los partidos y su déficits de mediación, sino a la propia democracia en cuanto a su concepción teórica y práctica.

El resultado de ese proceso que llevó al gobierno a Morales y el MAS, consagró una idea que se convirtió en una verdad absoluta, la de los movimientos sociales como portadores legítimos del cambio, pero lo más importante, como representantes legítimos de la voluntad popular. De lo que estábamos hablando era que finalmente se demostraba que la democracia directa, viejo ideal utópico, era una realidad. El pueblo a través de sus propios instrumentos conquistaba el poder.

Esto ha generado soluciones, pero también problemas y varias preguntas pendientes. La realidad vivida en estos cinco años demuestra que dentro del genérico “movimientos sociales” entran demasiados actores y frecuentemente organizaciones que no representan lo popular, son grupos de interés que responden a objetivos particulares, a fuerzas económicas y más de una vez a causas espurias, poco democráticas y contrarias a la ley. Bajo ese amplio paraguas todo es posible, no sólo se busca el bien común sino los beneficios de unos pocos. Esa masa de la calle es una estructura informe cuyo origen puede o no haber surgido de la entraña popular y es muy difícil de separar del conjunto.

En esa masa no hay un liderazgo específico e identificable, son muchas voces pero a la hora de la toma de decisiones, de fijar objetivos, de responder a los requerimientos de la sociedad ¿Quién es el interlocutor? ¿Cómo se ordenan las prioridades? ¿Quién establece qué hacer y cómo hacerlo?. Una cosa es el movimiento espontáneo de las masas para lograr éxito en las reivindicaciones democráticas básicas y en la recuperación de un camino extraviado por los poderosos, y otra muy diferente es la responsabilidad una vez conseguido el poder. Ahora se trata de llevar adelante un proyecto de sociedad.

El gobierno está atrapado por lo que se ha convertido en una verdad dogmática. Verdad que empezó cuando todavía vivía una intensa luna de miel con esos movimientos –que por cierto duró largos cuatro años-. Afirmó siempre que era expresión de esas acciones y que a ellas se debía. “Es el pueblo el que toma las decisiones, al pueblo consultaremos, el pueblo es en última instancia el que tiene el poder”. Cuando el amor apasionado terminó, las cosas no son ni tan sencillas ni tan idílicas.

De manera irreflexiva se ha incluido en la Carta Magna un conjunto de prerrogativas por las que el Estado queda en manos de quienes están en las calles. El gobierno de las calles es extraordinario para celebrarlo en la cátedra universitaria, en los discursos de plaza y en la difusión idealizada de los logros de este experimento sin precedentes en lo viajes internacionales, pero es muy difícil de administrar. Entre las palabras y los hechos hay una gran distancia. El maximalismo revolucionario condujo a una enajenación, creer que el fervor de unos días marcaba la pauta del largo plazo, apostar como siempre al hoy no al tiempo largo, al diseño con proyección histórica. Se hipotecó el futuro a los aplausos del presente. El concurso de popularidad encegueció a los gobernantes.

El gobierno ha entregado el Estado a la calle ¿Cómo lo saca de la calle? ¿Puede la calle gobernar directamente? ¿Tiene la capacidad para hacerlo? ¿No es de hecho una entrega voluntaria en calidad de rehén?

Toda ilusión, toda búsqueda de lo perfecto debe asumir las limitaciones de lo humano, este es el caso. El gobierno ha sido elegido para tomar decisiones, para gobernar, para administrar a nombre del pueblo que lo eligió. Esa administración y esa toma de decisiones ni se puede delegar ni se puede mutilar a fuerza de una legislación que en última instancia acaba cerrando las posibilidades objetivas de hacer las cosas con un mínimo de sentido práctico a la vez que de responsabilidad y transparencia.

Cuando se gobierna desde el Estado como si se estuviera en la oposición y fuera del sistema, se pagan facturas altas. El gobierno está comenzando a pagarlas, su abortado gasolinazo está ahora atrapado en la calle, los problemas económicos que requieren soluciones económicas globales, están sujetos a un veto implícito o explicito de la calle. Lo que antes era reivindicación frente a los opresores, hoy puede ser demanda ante la traición de los actuales gobernantes.

La mitificación de la política en las calles ha perdido su halo mágico y se convierte en una pesadilla progresiva, no ya para los que fueron derrotados en 2003, sino irónicamente para quienes llegaron a donde están en la ola popular.