¿Quién está detrás y qué busca el gobierno de Arce con esta nueva infamia del MAS al hacer otro juicio en nuestra contra?

David Moscoso Ruiz, autor de la falsificación que hizo posible un juicio contra Bolivia, cuyo gobierno (Morales Ayma) pago 42,6 millones de dólares a una empresa expulsada del país por Carlos Mesa en 2004, que había invertido en la explotación depredadora de ulexita en el salar de Uyuni menos de un millón de dólares.

¿Quién está detrás de la querella de David Moscoso Ruiz?

  • David Moscoso Ruiz, socio de Quiborax/NMM, fue condenado en 2009 por los delitos de falsedad ideológica y uso de documento falsificado, con una sentencia condenatoria ejecutoriada, basada en el reconocimiento de su culpabilidad. La condena fue por la adulteración del acta de capital accionario de dicha empresa, haciendo aparecer como si el capital mayoritario de la empresa, fuese chileno. Esa falsificación hizo posible la habilitación de la jurisdicción arbitral internacional contra Bolivia. 
  • David Moscoso Ruiz es la piedra o el proyectil lanzado por el brazo oculto del Gobierno de Luis Arce, contra Carlos Mesa y Carlos Alarcón.

¿Qué busca el gobierno de Luis Arce con la querella de David Moscoso?

  • Seguir su estrategia de persecución política, esta vez contra Carlos Mesa a través de su aparato represivo judicial, haciéndolo de una manera encubierta, utilizando a un particular. 
  • Prejuzgar, al margen del Juicio de Responsabilidades, una inexistente culpabilidad de Carlos Mesa por el caso Quiborax/NMM, ocultando y encubriendo a los verdaderos responsables de esta traición a la patria y cuantioso daño económico al Estado
  • Criminalizar la defensa de Carlos Mesa en el caso Quiborax/NMM.
  • Neutralizar la intervención de Carlos Alarcón dentro de la Comisión de Constitución en la fase de preselección de las candidaturas a altos cargos judiciales.
  • Expulsar de la Asamblea Legislativa Plurinacional a Carlos Alarcón por su rol crítico de oposición.    

¿De dónde nace esta querella?

  • De un decreto supremo de Evo Morales que autorizó el pago a Quiborax/NMM por la suma de 42,6 millones de dólares.
  • De un acuerdo transaccional espurio, autorizado por dicho DS de Morales, entre el Ministro de Minería César Navarro y Andrés Jana, el abogado chileno, como representante de Quiborax/NMM. Acuerdo que entregó a particulares extranjeros y nacionales, la soberanía penal de Bolivia, dándoles impunidad e inmunidad jurisdiccional por todo el daño causado al Estado (Cláusula Quinta, numeral 52 del Contrato de Cumplimiento de Laudo Arbitral).
  • De una sentencia de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en 2021, que, violando el régimen legal de la revisión extraordinaria de sentencia, absolvió a David Moscoso y anuló su condena penal ejecutoriada. 

¿Qué trasfondo esconde esta querella?

Una traición a la patria y un cuantioso daño económico al Estado, porque:

  • Se constituyó la empresa Non Metallic Minerals (caso conocido como Quiborax/NMM), que nació con 12.000 bolivianos de capital, con tres socios bolivianos, un abogado y dos secretarias.
  • Esta empresa extrajo ulexita en el Salar de Uyuni, de modo depredador sin respetar las normas ambientales del país.
  • Invirtió menos de 400.000 dólares y obtuvo grandes ganancias, incrementadas con defraudación fiscal y aduanera.
  • Forzó un arbitraje internacional contra Bolivia haciendo aparecer como si el capital mayoritario fuera chileno, como consecuencia de los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, por los cuales fue condenado David Moscoso, en proceso abreviado, con reconocimiento de su culpabilidad y condena ejecutoriada. El 2021 esa sentencia fue anulada y Moscoso declarado absuelto por el TSJ en una ilegal revisión extraordinaria de sentencia. 

Una traición a la patria y un cuantioso daño económico al Estado, protagonizado por:

  • La Procuraduría General del Estado que realizó una pésima defensa del Estado en el proceso arbitral, en connivencia con los abogados de Quiborax/NMM.
  • Quiborax/NMM se contentaba en un primer momento con 3.000.000 millones de dólares para poner fin al litigio; después con 27.000.000 millones dólares, pero el gobierno de Evo Morales terminó pagando más de 42.000.000 millones de dólares, con la yapa de la impunidad e inmunidad jurisdiccional garantizada a los socios y directivos de Quiborax/NMM y a todos sus herederos. 
  • La Subprocuradora Carmiña Llorenti filtró a los abogados chilenos de Quiborax/NMM datos reservados sobre la estrategia de defensa de Bolivia, bajo la dirección del mismo abogado que intervino contra Bolivia en el litigio internacional sobre la demanda marítima.
  • En la Procuraduría se redactaron con la participación de los abogados de la parte contraria proyectos de resoluciones fiscales y judiciales sobre extinción de acciones y procesos penales, a favor de socios y directivos de Quiborax/NMM.

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