Como Presidente de la Alianza Comunidad Ciudadana he enviado una carta que denuncia la ejecución de un plan de violación sistemática de los derechos humanos de líderes de oposición por el gobierno de Bolivia

La carta que transcribo a continuación ha sido enviada a:

Antonio Guterres, Secretario General de la ONU

Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU

Josep Borrell, Alto Representante para Asuntos Exteriores de la UE

Luis Almagro, Secretario General de la OEA

Joel Hernández, Presidente de la CIDH

Jaime Vidal, Secretario Ejecutivo del GIEI

La Paz, 14 de marzo de 2021

Señor

António Guterres

Secretario General 

Organización de las Naciones Unidas (ONU)

Nueva York.-

Referencia: Hace conocer ejecución de un plan de violación sistemática de los derechos humanos de líderes de oposición por el gobierno de Bolivia.

Distinguido Señor Secretario General:

Me dirijo a su distinguida autoridad, en mi condición de Presidente de la Alianza Comunidad Ciudadana, primera fuerza política de oposición con representación parlamentaria en Bolivia, para hacerle conocer hechos de gravedad que ponen en vilo al sistema democrático de mi país como producto de la ejecución de un plan del gobierno del Presidente Luis Arce Catacora, de vulneración sistemática de derechos humanos de líderes de la oposición, en el ámbito de los derechos políticos, garantías judiciales y el debido proceso.

La actual administración afirma que el gobierno de su antecesora, Jeanine Áñez, fue “de facto”, cuando está claró que nació de una crisis de Estado producto del fraude electoral y del vacío de poder gestados por el ex Presidente Evo Morales después de la votación en las elecciones anuladas del 20 de octubre del año 2019. Esa anulación se hizo por el fraude electoral comprobado por la auditoría de la OEA, avalada por la UE. El gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), que responde a la influencia directa del ex Presidente Morales, está usando la figura de un falso e inexistente “golpe de Estado” para perseguir con un proceso penal manipulado, a los principales líderes de la oposición, algunos de los cuales han ganado las elecciones del 7 de marzo en sus respectivos departamentos y municipios.

El gobierno de la ex Presidenta Jeanine Añez, de derecho y no de facto, fue producto de una sucesión constitucional y fue reconocido internacionalmente por la mayoría de los países que conforman la ONU y la OEA. En Bolivia ese reconocimiento fue hecho por una Declaración del Tribunal Constitucional, una Ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional, entonces controlada por el MAS, que anuló las elecciones viciadas del año 2019, sobre la base de la auditoría de la OEA, y reencauzó el proceso electoral hacia las elecciones de octubre del 2020. El aval del gobierno de la Presidenta Añez lo dio además, la toma del mando por el Presidente Luis Arce Catacora y el Vicepresidente David Choquehuanca Céspedes, cuya base sucesoria y de investidura no fue otra que la constitucionalidad del gobierno precedente. 

Estos antecedentes descalifican el discurso y propaganda del actual gobierno que intenta posicionar, a nivel nacional e internacional, la falsa imagen de un inexistente “golpe de Estado” para tapar el mayor fraude electoral en Bolivia desde la reconquista de la democracia el 10 de octubre de 1982. 

Este es el contexto que motiva la presente carta, la evidencia de que el gobierno nacional, a través de su control total de la fiscalía y justicia penal, con una denuncia presentada por una ex parlamentaria de su partido, ha montado la figura jurídica del “golpe de Estado” que ha tipificado de Terrorismo, Sedición y Conspiración los hechos referidos de octubre y noviembre de 2019.

Con esos instrumentos de manipulación fiscal y judicial se está criminalizando a la oposición política de Bolivia. Ya se han producido las detenciones inconstitucionales, ilegales y arbitrarias de la ex Presidenta Jeanine Áñez, de dos de sus ex Ministros de Estado y de un alto oficial de las FF.AA., sin haberles tomado, previamente, su declaración informativa (derecho a ser oídos y presunción de inocencia). En la legislación boliviana, salvo casos de delitos flagrantes, un fiscal sólo puede disponer la aprehensión de imputados, formalmente declarados, después de haberles recibido su declaración indagatoria como sindicados, y previa citación a prestar declaración. 

Debo recordar además que, en contraste con el proceso por el “golpe de Estado”,  el actual gobierno ha dictado un Decreto Supremo de amnistía (impunidad) a favor de Evo Morales y sus directos colaboradores, que abarca todos los hechos ocurridos desde el día de la elección anulada en 2019 hasta el comienzo del mandato del Presidente Arce en noviembre de 2020.

Estas circunstancias demuestran que el objetivo de las detenciones inconstitucionales referidas, no es impartir justicia ni descubrir la verdad de lo ocurrido, sino  infundir terror desde el gobierno, manipulando la fuerza policial, fiscal y judicial del Estado, para eliminar la oposición al actual gobierno y amordazar a parte considerable de la sociedad boliviana, que no comulga con la ideología y práctica del MAS, para evitar que reclame sus derechos y ejerza sus reivindicaciones. En otras palabras, el país enfrenta el riesgo de seguir el camino del régimen dictatorial de Venezuela.

Creo que las acciones ya ejecutadas son parte de un amedrentamiento fiscal y judicial, dirigidos por el gobierno  en el mal llamado caso “golpe de Estado”, cuyo objetivo es acusar y eventualmente descabezar a los líderes más representativos de la oposición, cuya criminalización se puede agravar en los próximos días.

Por estas razones, me parece fundamental que la comunidad internacional ponga su máxima atención en Bolivia, para evitar en un futuro próximo el colapso de la democracia y la vulneración sistemática de los derechos humanos.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludar a Usted con mis más altas consideraciones.

Carlos Diego de Mesa Gisbert

Presidente de Comunidad Ciudadana