Una de las afirmaciones más reiteradas que ha hecho el gobierno y el propio Presidente Evo Morales, en torno a mi gestión presidencial, es que promulgué una Ley que daba inmunidad a militares de los Estados Unidos en territorio boliviano.

Tal hecho nunca ocurrió, pero a fuerza de repetirse muchos compatriotas se lo han creído, y me achacan esa “responsabilidad”. En mayo de 2004, en efecto, y como producto de un proyecto de Ley  anterior, el Senado consideró y debatió la citada norma. Tras su debate, aprobó ese proyecto qué pasó a consideración de la Cámara de Diputados. En la Cámara Baja el resultado del debate fue contrario al contenido de la Ley y sus potenciales consecuencias. El proyecto fue rechazado y por tanto no fue sancionado.

Para que una Ley tenga vigencia se requiere primero su aprobación en las dos cámaras y su consecuente sanción. Segundo, que una vez sancionada sea promulgada por el Presidente. Tal cosa no ocurrió, la Ley no fue sancionada por el Congreso y por esa razón nunca fue puesta a consideración para que yo la promulgase.

No está demás recordar que mi gobierno no tenía posibilidad alguna de influir en los parlamentarios, ni en el Senado ni en Diputados, pues como todos saben carecía de una bancada propia y, cuando un grupo de congresistas nos respaldó, estaba muy pero muy lejos de acercarse siquiera a formar una mayoría.

Que alguien que no formó parte de ese proceso pueda afirmar algo erradamente es entendible, pero sorprende que el Presidente insista una y otra vez en una afirmación que se aparta de la verdad, cuando él mismo era diputado nacional en esa legislatura y sabe perfectamente que el citado proyecto de Ley nunca fue sancionado por el Poder Legislativo y nunca entró en vigencia inmunidad alguna en favor de militares de los Estados Unidos en nuestro país.

El Presidente Morales en una conferencia de prensa ofrecida el 28 de abril en Palacio de Gobierno hizo referencia a la reunión que sostuvimos el 10 de marzo de 2017.

En efecto, le pedí un encuentro para comentarle que representantes latinoamericanos acreditados en la UNESCO consideraban que se abría una oportunidad para que un boliviano fuese candidato a la Dirección General de esa organización mundial. En opinión de los citados funcionarios, como expresidente y persona vinculada a la comunicación y la cultura, podía ser un candidato idóneo. Lo primero era saber si el país apoyaría esa eventual candidatura. El Presidente la respaldó plenamente, gesto que agradezco. Sin embargo, el análisis en profundidad del contexto de esa opción, que evaluamos con el ministro de Relaciones Exteriores Fernando Huanacuni, me condujo a la conclusión de que la presentación de esa candidatura no era oportuna. Así se lo hice saber al Presidente a través del ministro Huanacuni.

No hice público el tema precisamente porque nunca presenté mi candidatura al citado cargo, como tampoco hice pública la oferta que me hizo el Presidente en 2013 para ser candidato a la Secretaría General de la OEA.

Mi trabajo como Representante Oficial de Bolivia para la Demanda Marítima en 2014 y 2015, me eximiría de cualquier otra consideración, pero dado que el Presidente lo menciona, el tema del mar por supuesto que es prioritario. Me sorprende que lo diga, ya que le he enviado tanto a él, como al Vicepresidente Álvaro García y al Ministro de Relaciones Exteriores David Choquehuanca, varias cartas con propuestas de trabajo, acción e ideas en torno a la estrategia comunicacional sobre el mar, que nunca me han sido respondidas ni por el Primer Mandatario, ni por el Vicepresidente, ni por el Ministro de Relaciones Exteriores.

Debo subrayar que ambos temas fueron conversados con el Mandatario con la misma relevancia y en el mismo lugar, en la sala de estar de la Residencia Presidencial.