Desde la recuperación de la Democracia en 1982, el país ha trabajado en dos grandes proyectos de reforma de la educación sobre la premisa de que de todos, es el mayor desafío del país: La Reforma Educativa de 1994 y la de 2011. Se diga lo que se diga, las dos son complementarias en lo esencial, aunque el enfoque ideológico y algunas cuestiones estructurales aparezcan como antagónicas y enfrentadas.
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Si, considerando el enfoque que se le ha dado al 22 de enero de 2017, tuviéramos que hacer un balance de los ciento noventa y un años de la República (que nunca dejó de serlo), deberíamos recordar los momentos cruciales que hicieron posible la realidad que vivimos hoy.
La palabra crisis no nos es ajena, ha sido una compañera de nuestro camino histórico y, mal que nos pese, ha marcado la mayor parte del tiempo de nuestras vidas, pero probablemente la crisis del agua se cuenta entre las más dramáticas que nos ha tocado enfrentar.
El Vicepresidente García Linera me “exige” explicaciones. Probablemente confunde sus atribuciones. A pesar de ello y, en el marco del respeto, le respondo y a mi vez le planteo algunos temas que su gobierno debiera explicarle a la nación.
El Vicepresidente, una vez más, ha decidido soslayar la cuestión medular referida al cumplimiento de la Ley anticorrupción y su irretroactividad. Ahora se ha empeñado en cuestionar mis principios para descalificar mis observaciones jurídicas, y lo hace a propósito de mi D.S. 27345 referido a Gastos Específicos-Gastos Reservados en su art. 10, que establece que los gastos “que SEAN ACEPTADOS por el Contralor, deberán ser destruidos o incinerados por éste, en presencia del ministro respectivo, debiendo dejarse constancia en acta de este hecho”.
El vicepresidente García Linera afirma que he defendido a Samuel Doria Medina porque defendí la privatización. Mis opiniones sobre economía son en esta cuestión irrelevantes. Lo único relevante es el sometimiento a la ley.
Escribo estas líneas como ciudadano, no como ex Presidente de la República y menos como pre-candidato a la presidencia que ni soy ni pretendo ser.
“Para ser ciudadano es necesario: 1º Ser boliviano, 2º Ser casado o mayor de veinte años, 3º Saber leer y escribir…, 4º Tener algún empleo, o industria, o profesar alguna ciencia o arte, sin sujeción a otro en clase de sirviente doméstico”. Este era el texto referido a la ciudadanía en la primera Constitución del país, redactada por Simón Bolívar, sancionada por la Asamblea y promulgada por el Presidente Antonio José de Sucre en 1826.
Una de las premisas básicas de cualquier gobernante es identificarse, defender y promover aquellas medidas que hizo posible durante su gestión. Parece una verdad de perogrullo, pero se hace indispensable recordarla a propósito de la lectura que hace el Primer Mandatario en torno al modelo republicano como base del funcionamiento de la democracia en Bolivia.
Rodolfo Illanes fue -convocado por la muerte- a una inmolación que desnuda la potencia violenta e irracional de nuestro tejido social. No cabe en este tiempo de mortajas el debate mezquino sobre unos y otros. Antes, en medio de un bloqueo implacable, la respuesta represiva de la policía provocó la muerte de cinco cooperativistas.
Cuando la vida te ha dado tanto, la vida se celebra. Filemón Escóbar, que siempre ha transmitido vitalidad por los cuatro costados, es uno de aquellos que puede celebrar la vida porque la ha vivido desafiante, en la trinchera, enamorado de esta patria, su patria.
Diego Ayo ha publicado un trabajo en el que escribe sobre el Fondo Indígena (Fondioc). Sus páginas tienen que ver con los indicios y hechos de corrupción en esa institución, cuyas evidencias han llevado a una investigación que ha dado como resultado hasta hoy la detención de varios funcionarios de diversa jerarquía que tuvieron responsabilidad en la administración de los recursos de proyectos destinados sobre todo al área rural del país, cuyo principales beneficiarios debieron ser los pueblos indígenas.
La Constitución reconoce el derecho de los bolivianos a la “libertad de pensamiento” (art. 21, 2), a “expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva” (art. 21, 5), a “acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente de manera individual o colectiva” (art 21, 6).
imagen: griseldavidiela.com
Cabe hoy preguntarse sobre el miedo, sobre lo que se debe y no se debe decir, o mejor, sobre lo que se puede y no se puede decir. En una democracia hay un miedo que no cabe, es el miedo a hablar, a decir lo que se piensa, a expresar libremente las ideas.
Las nubes negras que poblaban el horizonte se cirnieron sobre nuestro cielo y la tierra que parecía húmeda se transformó en un pesado lodazal. Nada que hubiésemos supuesto hace una década podía delinear esta cruda realidad.
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A principios de octubre de 2004 llegamos a un acuerdo con Evo Morales por el cuál nuestro gobierno autorizó el cultivo de medio cato de coca por familia hasta un máximo de 3.500 hectáreas en el Chapare. Lo hicimos sin consulta y en contra de la opinión de los Estados Unidos (era la primera vez que Bolivia tomaba una decisión sin la “supervisión” de la primera potencia mundial).
La política en su mirada más sofisticada, la de los grandes pensadores griegos, se refiere a la más noble de de las actividades humanas. No en vano de lo que se trata es de ocuparse de los asuntos de la sociedad, de contribuir desde el servicio al mejor funcionamiento de una comunidad, de administrar, organizar y dirigir sus activos materiales y espirituales en busca del bienestar de todos.
Javier Mollericona Quispe había entrado al edificio, cargado de ilusiones y entusiasmo para terminar de hacer sus papeles de incorporación a la Alcaldía Alteña en la que iba a comenzar a trabajar. El joven veinteañero en realidad fue a encontrarse con la muerte. José Ortiz Flores, arquitecto inspector de proyectos, tenía su oficina de trabajo en la Subalcaldía de Villa Adela, había ido a la central para verificar algunas aprobaciones. El azar le segó la vida.
