El sábado 10 de septiembre de 2011, después DE MÁS DE SIETE AÑOS desde que el actual presidente Morales hizo una acusación en mi contra, la Asamblea Legislativa (ALP) me ha excluido de la apertura de un Juicio de Responsabilidades por la supuesta no entrega de contratos petroleros a consideración del Congreso Nacional (una explicación detallada del proceso está en este blog en la categoría «Judicialización de la Política» en la que hay varias entradas sobre el particular).
El 6 de septiembre de 2011, la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa hizo oficial su informe de recomendaciones al plenario sobre la acusación abierta contra tres expresidentes por «no haber entregado los contratos petroleros suscritos en sus gobiernos a consideración del Congreso Nacional». Ese informe recomienda que se me excluya de un eventual juicio por no haber materia justiciable para ello.
Publicada en Página Siete y Los Tiempos el 5 de septiembre de 2011
La Corte Suprema de Justicia ha condenado en el denominado “Juicio de Octubre” a quince, once y diez años de cárcel a los miembros del Alto Mando Militar de 2003, y a tres años a dos ex ministros de entonces.
Con este decreto nuestro gobierno estableció una amnistía política referida a la tipificación de delitos políticos que hacía la Ley 2494 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. El texto del Decreto se explica por si solo.
Este decreto complementa el DS 27234 por el que establecimos una amnistía referida a la tipificación penal que estableció la Ley 2494 del Sistema nacional de Seguridad Ciudadana de agosto de 2003.
Hace algunos días ha sido noticia el debate sobre la aplicación de la Ley que promulgamos en 2004 a propósito de las víctimas de la violencia política.
Una de las premisas fundamentales de nuestra gestión de gobierno fue la defensa de los Derechos Humanos, su promoción y la idea de que la vida humana es un valor que el Estado y la sociedad boliviana debemos defender con convicción.
En la lógica de la judicialización de la política, el gobierno criminalizó los gastos reservados, gastos que estaban inscritos en el presupuesto general de la nación, que fueron aprobados por el Congreso y que estaban regulados (en mi gestión de gobierno en particular) a través de decretos inequívocos que normaban su uso, restricciones y formas de rendición de cuentas. En ese juego metió en la misma bolsa a justos y pecadores, no separó el grano de la paja.
Publicado en Nueva Crónica n° 82
El 18 de abril de 2005, Evo Morales jefe del Movimiento al Socialismo, presentó una proposición acusatoria en contra de cuatro ex presidentes de la República, entre quienes me encuentro, por la firma de contratos petroleros entre 1996 y 2004. El 16 de marzo de 2005 el Fiscal General Pedro Gareca formalizó esa proposición con un requerimiento acusatorio contra cuatro expresidentes de la República, siete exministros de Estado, cinco exsecretarios nacionales y exviceministros, cuatro expresidentes de YPFB y treinta y nueve ejecutivos de empresas transnacionales, por no haber entregado a consideración del Congreso (obligación establecida en el artículo 59 inciso 5 de la Constitución) de 107 contratos petroleros, 54 firmados en dos gobiernos de Gonzalo Sánchez de Lozada, 48 en el gobierno de Hugo Banzer, 4 en el de Jorge Quiroga y 1 en el de Carlos D. Mesa Gisbert.
El 17 de octubre de 2003 por una razón de genuina fe emocional y por una evidente manipulación hecha por los sectores que querían la salida del Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, el tema del gas se había convertido en la gran bandera unificadora del movimiento popular de entonces. La negativa militante y violenta a exportar el gas por Chile y por supuesto a Chile, se convirtieron en la arenga y el slogan todos los días del conflicto, para llegar, como suele pasar cuando se desatan los demonios callejeros, al pedido de no a la exportación de gas a nadie. Es sobre esos escombros humeantes y vidas pérdidas que llegué al gobierno para encarar la cuestión de Chile.
Mi gobierno y la política marítima
A los pocos días de mi asunción al mando llevamos acabo la primera reunión interna sobre la cuestión marítima. La idea era inicialmente mantener la cuestión del mar en bajo perfil, plantear el reinicio de reuniones no oficiales con un equipo de dos representantes por país en terceros países. Estuvimos de acuerdo en que el TLC con Chile que se hallaba en proceso de negociación, no era conveniente para Bolivia. Se decidió además tocar con firmeza la cuestión del Silala. Sigue leyendo
El semanario «Energy Press», órgano boliviano especializado en temas de energía e hidrocarburos, el más prestigioso en el rubro, me hizo una entrevista a propósito del Juicio de Responsabilidades que pretende instaurarse en mi contra. Transcribo el texto íntegro de esa entrevista.
El pasado 28 de marzo hicimos, junto a Jorge Quiroga, un alegato ante la Comisión Mixta de Justicia Plural. Creo que los argumentos presentados, particularmente la demostración fehaciente de haber entregado todos los contratos petroleros a consideración del Congreso (18 de abril de 2005), dejan sin efecto la única acusación en mi contra, la supuesta no entrega de esos contratos (en particular el de la regularización del campo Montecristo), por lo que he enviado este memorial a dicha Comisión:
El pasado 30 de marzo fui invitado por Amalia Pando a participar en su programa «Cabildeo» (que emite la red RTP). Fue un reencuentro después de nueve años.
Página Siete publicó hoy, 1° de abril de 2011, fragmentos de esa intensa y reveladora conversación. A continuación transcribo esos fragmentos publicados.
Si bien el requerimiento acusatorio del Fiscal Gareca en contra mía por la supuesta no entrega de contratos al Congreso Nacional, no hace ninguna acusación referida a la firma de contratos, o a la naturaleza de su contenido, no está demás hacer una explicación en torno al famoso contrato del campo petrolero Montecristo.
Quiénes acusan:
Evo Morales Ayma como presidente del MAS y diputado nacional, hoy Presidente del Estado; Antonio Peredo jefe de la bancada parlamentaria del MAS (fallecido); Santos Ramírez presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la H. Cámara de Diputados, hoy detenido en la cárcel de San Pedro; Ricardo Díaz diputado del MAS (fallecido).
Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997)
Contratos firmados: 52 (cincuenta y dos)
Presidente acusado: Gonzalo Sánchez de Lozada (ausente)
Ministros acusados: Carlos Morales Landívar y Fernando Illanes de la Riva
Viceministros acusados: NINGUNO
Presidente de YPFB acusado: Arturo Castaños Ichazo
Siguiendo en la línea correcta de la Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa, el expresidente Jorge Quiroga y yo, hemos escrito una carta al vicepresidente García Linera pidiéndole formalmente que la Asamblea nos escuche cuando su pleno se reúna para considerar si nos enjuicia o no.
La Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa está tratando la aprobación de un informe que recomiende nuestro enjuiciamiento o, por el contrario, la desestimación del juicio.
La ironía es que el gobierno que nos enjuicia (con sus dos brazos, el legislativo y el judicial bajo su mando), nada menos que sobre contratos petroleros (que no firmé y que en el caso de la acusación en mi contra está referido a la regularización de un sólo contrato ya preexistente), olvida que estos son la base de sus ingresos, que lleva adelante una de las más desastrosas y perjudiciales políticas de hidrocarburos de nuestra historia, que tiene entre quienes nos abrieron la acusación a Santos Ramírez.
La Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa está tratando la aprobación de un informe que recomiende nuestro enjuiciamiento o, por el contrario, la desestimación del juicio.
La ironía es que el gobierno que nos enjuicia (con sus dos brazos, el legislativo y el judicial bajo su mando), nada menos que sobre contratos petroleros (que no firmé y que en el caso de la acusación en mi contra está referido a la regularización de un sólo contrato ya preexistente), olvida que estos son la base de sus ingresos, que lleva adelante una de las más desastrosas y perjudiciales políticas de hidrocarburos de nuestra historia, que tiene entre quienes nos abrieron la acusación a Santos Ramírez.
Cuatro de los seis ex presidentes constitucionales y tres de los seis exvicepresidentes de Bolivia, hemos sido acusados por Evo Morales Ayma cuando era diputado nacional. Las acusaciones las hizo expresamente como Jefe del Movimiento al Socialismo (MAS), y su abogado patrocinante entonces fue Héctor Arce. El Ministerio Público, ya en el gobierno de Morales, ha dado curso a todas las acusaciones pidiendo la apertura de sendos Juicios de Responsabilidades. Ese requerimiento del Fiscal General será sometido a votación de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia en los próximos días, para dar curso o no a la apertura formal de esos Juicios; Asamblea en la que el MAS controla dos tercios de votos en ambas cámaras. Héctor Arce es en este momento presidente de la Cámara de Diputados de dicha Asamblea. Sigue leyendo
Cuatro de los seis ex presidentes constitucionales y tres de los seis exvicepresidentes de Bolivia, hemos sido acusados por Evo Morales Ayma cuando era diputado nacional. Las acusaciones las hizo expresamente como Jefe del Movimiento al Socialismo (MAS), y su abogado patrocinante entonces fue Héctor Arce.
Carlos Diego de Mesa Gisbert 