El semanario «Energy Press», órgano boliviano especializado en temas de energía e hidrocarburos, el más prestigioso en el rubro, me hizo una entrevista a propósito del Juicio de Responsabilidades que pretende instaurarse en mi contra. Transcribo el texto íntegro de esa entrevista.

EP.- Carlos Mesa Gisbert está acusado por posibilitar la suscripción de un contrato lesivo a los intereses del Estado boliviano, al amparo del Decreto Reglamentario 24806, que aprueba la Licitación de Áreas para Exploración y/o Explotación de campos hidrocarburíferos en el país. ¿Conocía usted este Decreto Supremo antes de que Sánchez de Lozada dejara el país?
CDM.- Hay un equívoco muy frecuente en torno a la acusación en mi contra. Primero: Por ahora se trata de un requerimiento acusatorio del Fiscal General Pedro Gareca que aún no se ha convertido en Juicio de Responsabilidades. Segundo, y lo más importante, el fiscal no me acusa por la suscripción de un contrato ni por el contenido de ese contrato, en este caso Montecristo, me acusa por no haber entregado ese contrato a consideración del Congreso como manda el artículo 59 inciso 5 de la anterior Constitución. Como es de dominio público el 18 de abril de 2005 mi gobierno entregó al presidente interino del Honorable Congreso Nacional, no sólo el contrato del campo Montecristo sino 107 contratos referidos a explotación de hidrocarburos. Por tanto, no tiene caso hacer ninguna consideración sobre si el contrato era lesivo al Estado o no. En cuanto a la pregunta. No, no conocía esa disposición antes del 17 de octubre de 2003.

EP.- A partir de este Decreto, la Cláusula Tercera del Contrato de Riesgo Compartido para áreas de Exploración y Explotación por licitación pública establece que el Titular adquiere el derecho de propiedad de la producción en Boca de Pozo y de la disposición de la misma. ¿Este es el argumento más consistente por el que se pretende enjuiciar a Carlos Mesa?
CMG.- No, por increíble que parezca el requerimiento no hace fundamentación alguna en torno a los contratos, no hay ninguna consideración sobre su contenido. Simplemente no hay ninguna acusación que se refiera a estos.

EP.- ¿Cuál el mayor fundamento de su defensa? ¿Cree que esto pueda ser absuelto en un tribunal internacional? Está optimista?
CDM.- Dado que el único cargo es la no entrega de los contratos, el fundamento de mi defensa es el hecho objetivo de la entrega de 107 contratos al Congreso Nacional. Además del registro en video y las publicaciones de prensa, envié una carta al presidente interino del Congreso, Hormando Vaca Díez, carta que tiene el sello de recepción pertinente. Vale la pena recordar, además, que en mi gobierno el presidente de YPFB honró la fe del Estado al regularizar un contrato preexistente. No firmó ningún nuevo contrato, simplemente reconoció el derecho de Chaco S.A., sobre el campo Montecristo, cuya concesión se le otorgó a la mencionada empresa en el proceso de capitalización como parte del conjunto de campos que Chaco ganó en licitación pública internacional, refrendada por documentos legales de los años 1996 y 1997.
Ya que el fundamento de la acusación cae por el peso de los hechos que la desmienten, no creo que pueden, creo que deben -no ya absolverme- simplemente no dar lugar a la apertura de Juicio de Responsabilidades alguno sobre el tema.

EP.- ¿Porqué el énfasis en Carlos Mesa y no en Gonzalo Sánchez de Lozada que fue el artífice de la Ley 1638 y del Decreto 24806?
CDM.- El requerimiento acusatorio involucra a cuatro ex presidentes, Gonzalo Sánchez de Lozada (ausente), Hugo Banzer (fallecido), Jorge Quiroga y Carlos D. Mesa Gisbert. Es tan inconsistente y falto de consideraciones conceptuales que, francamente, me es imposible adivinar las razones de sus desbalances e incongruencias. No me cabe duda de que en su origen está vinculado a una judicialización de la política.

EP.- Cree usted que la situación de las petroleras ha cambiado efectivamente a partir de la Ley 3058?
CDM.- Lo que creo es que la Ley es un verdadero retroceso en el camino de un adecuado desarrollo de los hidrocarburos en el país. Enfoca mal el rol de YPFB, carece del más mínimo sentido en la idea del fomento a la industrialización, distribuye muy mal los recursos del IDH, enfoca demagógicamente el rol de los pueblos indígenas en el proceso de los hidrocarburos, mata la posibilidad de incentivar las inversiones para la exploración de líquidos y un largo etcétera.
En cuanto a las compañías petroleras, su actual situación debe entenderse como producto de esa Ley, de la mal llamada “nacionalización” y de la adecuación de contratos que culminó con las leyes del 23 de abril de 2007.

EP.- En una entrevista anterior con este Semanario usted afirmaba que la Ley 3058 es incoherente, técnicamente deficiente, no permite el camino real a la industrialización, descuartiza de modo fatal YPFB y establece una distribución inadecuada del IDH. ¿Ha cambiado esta visión suya de 2009 a la fecha?
CDM.- Sí, he cambiado de opinión, creo que es peor de lo que entonces pensaba, salvo el respeto (puramente declamativo) a las cinco preguntas de nuestro exitoso Referendo de 2004.

EP.- Si usted estuviera hoy en el Gobierno, ¿qué priorizaría a nivel del sector hidrocarburífero?
CDM.- La aprobación urgente de una nueva Ley de Hidrocarburos, un incentivo real para la conversión de nuestra matriz de consumo energético, una política prioritaria de incentivo a las inversiones para exploración de líquidos, la formulación de una política de exportación acorde a la nueva realidad de reservas, demanda y mercados reales y potenciales y, finalmente, una propuesta realista de inversiones para la industrialización del gas con énfasis en proyectos binacionales.