En la lógica de la judicialización de la política, el gobierno criminalizó los gastos reservados, gastos que estaban inscritos en el presupuesto general de la nación, que fueron aprobados por el Congreso y que estaban regulados (en mi gestión de gobierno en particular) a través de decretos inequívocos que normaban su uso, restricciones y formas de rendición de cuentas. En ese juego metió en la misma bolsa a justos y pecadores, no separó el grano de la paja.

De modo arbitrario el Ejecutivo designó fiscales para «investigar» esos gastos. De modo más arbitrario aún, estableció un periodo que consideraba algunas gestiones de gobierno anteriores a 2006, sin explicación alguna de porqué una etapa y no otras. No reparan las actuales autoridades en la evidencia de sus propios gastos de seguridad tanto del Presidente como de los innumerables conflictos cuya solución ha sido financiada con dinero no contemplado en el presupuesto, no aprobada por el Congreso y libre de toda fiscalización.

Sin potestad para ello, un fiscal de materia «investigó» a ex presidentes de la República que por Constitución sólo podemos ser investigados y eventualmente acusados por el Fiscal General y únicamente a través de la apertura de un Juicio de Responsabilidades.

Durante ocho meses se hizo una búsqueda exhaustiva en nuestras cuentas bancarias y el resultado ha sido el que se ha hecho público hace unos días. La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) no ha encontrado nada. Transparencia total y cero enriquecimiento ilícito. A pesar de eso, el fiscal de materia insiste en que ni Eduardo Rodríguez ni yo fuimos «exonerados ni eximidos» de la supuesta comisión de delitos en el tema. ¿Quién es un fiscal de materia para decidir nuestra exoneración o no? ¿Qué autoridad tiene para poner en cuestión la trayectoria entera de nuestras vidas profesionales desde hace más de 35 años?.

En este mundo al revés, tenemos que seguir a expensas de esa espada de Damócles que, intencionalmente, se mantiene siempre sobre las cabezas de quienes decidimos en algún momento servir a nuestro país en la función publica.

Transcribo la información del diario La Razón sobre el tema:

Fiscalía libra de culpa a Rodríguez y Mesa en el caso gastos reservados

EXIMEN A MESA Y RODRÍGUEZ DEL CASO GASTOS RESERVADOS

Imputado. Autoridades investigan por enriquecimiento ilícito al ex contralor Zalles

La Razón – Iván Paredes

Los ex presidentes Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez fueron exonerados del caso ‘gastos reservados’. Al contrario, el ex contralor Marcelo Zalles deberá responder por indicios de enriquecimiento ilícito, informó el fiscal Henry Suaznábar, de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).

En junio del 2005. Los ex presidentes Eduardo Rodríguez y Carlos Mesa se reunieron en el Palacio.

De acuerdo con el informe elaborado por la UIF, los ex mandatarios no incurrieron en delitos, aunque el Ministerio Público analiza aún los elementos de convicción para asumir una determinación final, según un reporte de la red televisiva ATB.

“Este elemento de convicción que ha emitido la UIF señala que no se han identificado operaciones sospechosas presumiblemente vinculadas al delito de legitimación de ganancias para los ex presidentes Carlos Diego Mesa Gisbert y Eduardo Rodríguez Veltzé”, afirmó Suaznábar.

Según la autoridad judicial, la investigación continuará para identificar a otros funcionarios que supuestamente aprovecharon los gastos reservados con fines particulares.

Suaznábar, en contacto con la red Erbol, confirmó que el 23 de mayo se presentó una imputación formal contra Marcelo Zalles, ex contralor de la República, por el delito de legitimación de ganancias ilícitas.

“La imputación fue presentada después de que salió un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras, que indica que en su periodo (de autoridad) adquirió ocho bienes inmuebles, sin tener respaldo documental de aquello”, acotó el fiscal.

Además, informó que Zalles no se encuentra en Bolivia —según dijo, hay informes que confirman que el ex contralor está en Venezuela—, por lo que se tramitará la correspondiente orden de aprehensión.

En junio del 2010, la Fiscalía decidió incluir en la investigación sobre los gastos reservados a las gestiones de los ex presidentes Mesa (2003-2005) y Rodríguez (2005-2006), quienes fueron citados para prestar declaraciones sobre la administración de esa partida destinada a la seguridad del Estado.

Proceso. El 23 de marzo del 2010 se abrió el caso de gastos reservados. El Gobierno de Morales denunció que el ex ministro de Gobierno Guido Náyar entregó a terceros 1,8 millones de bolivianos, y Fortún, con arresto en la cárcel de San Pedro, también fue involucrado por haber recibido 18 millones de bolivianos.

Entonces, el fiscal Róger Velásquez informó que se convocará por edictos públicos a declarar a Náyar, Fortún y a Marcelo Zalles. Dentro de la investigación de los gastos reservados también se encuentran el ex ministro de Gobierno Saúl Lara, y el ex viceministro de Régimen Interior y actual diputado de Convergencia Nacional (CN) Adrián Oliva.

A pesar de esta exoneración, tanto  Mesa como Rodríguez continúan siendo investigados por supuesto daño económico al Estado en sus gestiones. El primero es acusado por la firma de un petrocontrato y, el segundo, por el caso de la desactivación y posterior entrega de los misiles chinos a Estados Unidos.

Estos procesos se encuentran en etapa de investigación en la Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa Plurinacional.  Incluso, Mesa, junto al ex presidente Jorge Quiroga, fueron a declarar a la comisión legislativa y prestaron informes que supuestamente los libran de culpa en el caso “petrocontratos”.

Consejo consultivo

Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez forman parte del Consejo Consultivo que trabaja con la Dirección Estratégica Marítima. Se reunieron con el presidente Evo Morales y apoyaron la estrategia de recurrir a cortes internacionales.