Quiénes acusan:
Evo Morales Ayma como presidente del MAS y diputado nacional, hoy Presidente del Estado; Antonio Peredo jefe de la bancada parlamentaria del MAS (fallecido); Santos Ramírez presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la H. Cámara de Diputados, hoy detenido en la cárcel de San Pedro; Ricardo Díaz diputado del MAS (fallecido).
Cuándo acusaron:
18 de abril de 2005, convertida en proposición acusatoria para abrir un Juicio de Responsabilidades por Pedro Gareca Perales Fiscal General de la República el 16 de marzo de 2006.
A quién acusan:
A Gonzalo Sánchez de Lozada (ausente), Hugo Banzer (fallecido), Jorge Quiroga y Carlos D. Mesa Gisbert, ex presidentes de Bolivia. Junto a ellos: Siete ex ministros de Estado, cinco ex secretarios nacionales y ex viceministros, cuatro ex presidentes de YPFB y treinta y nueve ejecutivos de empresas transnacionales de hidrocarburos.
De qué acusan:
De no haber entregado al Congreso para su aprobación,107 contratos para exploración y explotación de hidrocarburos. Hay que subrayar que ESA ES LA ÚNICA ACUSACIÓN. NO HAY NINGUNA ACUSACIÓN POR LA FIRMA EN SI DE LOS CONTRATOS, O POR SU CONTENIDO.
Los contratos supuestamente no entregados al Congreso se firmaron con las empresas: Petrobras, Chaco, Andina, Total, YPF-Maxus, Pérez Companc, Mobil, Tesoro, Vintage, Compañía Petrolera de Exploración y Explotación, BHP, Elf, Tesoro, Zapata, Pluspetrol, IFC, PEMSA, Chevron, British Gas, Sociedad Petrolera del Oriente, Dong Won, Tecpetrol-Ledezma, Petrolera Argentina San Jorge, Diamond Shamrock, Compañía general de Combustibles, Bolipetro, RTB Gamma, Colanzi Int. y Matpetrol.
La secuencia de firmas fue:
En dos gobiernos de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003), 54 contratos.
En el segundo gobierno de Hugo Banzer (1997-2001), 48 contratos.
En el gobierno de Jorge Quiroga (2001-2002), 4 contratos.
En el gobierno de Carlos D. Mesa Gisbert (2003-2005), regularización de UN contrato preexistente de un campo que había sido otorgado oficialmente en el proceso de capitalización.
Qué hizo el Presidente Evo Morales con los 107 contratos:
La totalidad de esos contratos se mantuvo vigente en el gobierno de Evo Morales. El 28 de octubre de 2006 el gobierno adecuó todos los contratos a la nueva Ley de Hidrocarburos y al nuevo régimen impositivo. El 23 de abril de 2007 a través de las leyes 3632 a 3675, el Congreso aprobó todos esos contratos. Todas la empresas que operaban en Bolivia antes de esa fecha, como producto de los mencionados contratos, siguen operando en Bolivia en exactamente los mismos campos, parcelas y pozos que les fueron otorgados antes. Se computó además como válido el tiempo de los contratos originales para definir el término de la concesión de sus derechos de operación.
Cuál es la acusación concreta en mi contra:
La única acusación en mi contra de acuerdo al requerimiento del Fiscal General de la República, es: “…la responsabilidad penal…recae sobre…(el expresidente) Carlos D. Mesa Gisbert…al no haber dado cumplimiento al artículo 59 inc. 5) de la Constitución Política del Estado, al no haber remitido (el contrato de riesgo compartido de explotación del campo Montecristo)…a conocimiento del Poder Legislativo”.
REFUTACIÓN TANTO DE LA ACUSACIÓN COMO DE LOS CARGOS EN MI CONTRA
El Tribunal Constitucional a través de sus sentencias 114/2003 de 5 de diciembre de 2003 y 19/2005 de 7 de marzo de 2005, declaró la constitucionalidad del DS 24905 referido a los modelos de contratos de riesgo compartido y la constitucionalidad de la Ley de Capitalización.
Sin embargo, el 7 de abril de 2005 en un comunicado titulado “El Tribunal Constitucional a la Opinión Pública”, declaró que esas sentencias no eximían al Poder Ejecutivo de su obligación de entregar los contratos al Poder Legislativo para su consideración y que, por consiguiente, tampoco eximían al Poder Legislativo de su obligación de autorizar y aprobar o no los contratos relativos a la explotación de las riquezas nacionales.
Ante esa comunicación del Tribunal, consideré –siendo Presidente de la República- que no sólo debía cumplir mi obligación referida a la gestión de gobierno que presidía entregando a consideración del Congreso el contrato del campo Montecristo (a pesar de que ese contrato data de 1996-regularizado en mi gestión), sino que debía hacerlo con todos los contratos de hidrocarburos que estaban vigentes en ese momento.
Inmediatamente, ordené al ministro de la Presidencia José Galindo, el acopio de las miles de fojas de todos los contratos mencionados. Ese trabajo demandó diez días. El 18 de abril de 2005 el ministro Galindo personalmente entregó 107 (ciento siete) contratos in extenso a Hormando Vaca Diez, presidente del Senado y presidente en ejercicio del Congreso Nacional. Lo hizo en acto público en el edificio de la Vicepresidencia de la República. Esa entrega fue registrada por los medios masivos de prensa, televisión y radio, de lo que queda constancia documental.
Dado que hice entrega oportuna de todos los contratos de hidrocarburos vigentes entonces, queda claro que SÍ CUMPLÍ con la obligación constitucional contemplada en el artículo 59 inciso 5 de la Constitución Política del Estado, y como esa es la única acusación en mi contra en el presente requerimiento Fiscal, no hay materia justiciable alguna en mi caso.
La Paz 28 de marzo de 2011
Carlos Diego de Mesa Gisbert 
Es simplemente el epítome de la mediocridad nacional, formular una acusación sólo para descalificar a quien se cree un «adversario político». Lamentablemente no se respeta el principio básico que «toda persona es inocente hasta que se DEMUESTRE lo contrario» y menos hablar de un debido proceso, cuando las personas que formulan la acusación y quienes la tienen que procesar, no entienden ni tienen la intención y menos la voluntad de hacerlo.
Más allá de diferencias o juicios de valor, respecto a su presidencia o a cualquier ejercicio presidencial, Bolivia seguirá sumida en la mediocridad, si los gobernantes ven como adversarios a los antecesores y los creen «enemigos». No hay la menor altura de mira, capacidad de entender que somos un país subdesarrollado, dependiente de la dádiva del exterior, que necesitamos de todos los bolivianos , y que no tenemos ni debemos sentirnos con odios, enconos o resentimientos entre nosotros si queremos progresar.
Quienes acusan que supuestamente no se cumplió un procedimiento, libremente incumplen todas las normas existentes, amparados en la más penosa ignorancia. Desmotivan la inversión en el país, espantan todas las posibilidades de emprendimiento, basados en ideas retrogradas de comunismo, socialismo o como quieran llamarlo. Alguno de los gobernantes actuales se ha preguntado ¿por qué las inversiones mineras en Perú van a un régimen extraordinario y en Bolivia no? ¿por qué la producción de gas está en disminución? ¿por qué exportamos menos, debemos más y tenemos una economía al borde del colapso? ¿por qué no se está sembrando lo suficiente?
Quienes hacen estas acusaciones atroces, creen que es una obra de arte, ya que “han encontrado” un mecanismo para evitar que existan personas que representen legítimamente a la oposición y creen que nadie podrá decirles que lo que están hoy haciendo le hace daño a TODOS y en mayor efecto a la gente más pobre a quienes se sienten representar. Con esto, están dañando el futuro del país, que irremediablemente retrocedemos en vez de avanzar a diferencia de Perú, Chile, Argentina, Brasil, sin ir más lejos.
La persecución política a los que piensan diferente es consustancial a su naturaleza totalitaria, y ni el juez Garzón podrá defenderlo porque utiliza al Ministerio Público como órgano represivo a al Poder Judicial como «legalizador» de las injusticias. Lo que sorprende ahora, es que Carlos y otros expresidentes perseguidos también estén predispuestos a servir de máquina lavadora del totalitarismo gubernamental. Este poder ya no goza del consenso social, pero los expresidentes quieren mostrarlo como capaz de lograr consensos. ¿no es contradictorio?. Última pregunta: a los expresidentes les consultaron de la creación de esa reparticipación marítima, de sus funciones y del nombramiento de su jefe?. La defensa de la democracia y del estado de derecho exoge también posturas valientes. Atte. Rubén