El Salar de Uyuni, la mayor reserva estratégica de recursos naturales de Bolivia (Bolivianet.com)
El día 30 de mayo de 2018 en la ciudad de Sucre, mi abogado el Dr. Carlos Alarcón ha entregado en la Fiscalía General del Estado y en el Tribunal Supremo de Justicia el siguiente documento:
SEÑOR FISCAL GENERAL DEL ESTADO.
Solicita el rechazo de la Proposición
Acusatoria presentada por el Procurador General del Estado dentro del caso denominado “Quiborax”.
Otrosíes.- Sus Contenidos.
En el mundo al revés que ha construido el gobierno del Presidente Morales, No, quiere decir Sí. Independencia de los Órganos del Estado quiere decir dependencia de éstos del poder supremo del Presidente. Competencia política quiere decir guerra contra los enemigos. Pluralismo y derechos de la oposición quiere decir judicialización de la política y persecución a golpe de juicio de los adversarios. Soberanía Popular quiere decir soberanía del poderoso por encima de la voluntad popular.
Si a mis compatriotas les quedaba alguna duda en torno a los objetivos del gobierno del Presidente Morales con relación a mí; la petición del Procurador General del Estado para que la Fiscalía inicie una investigación en mi contra en el Caso Quiborax que se añade a la investigación manipulada por la Presidenta de la Comisión Mixta en el caso Camargo Correa, les confirman que aquí lo que hay es una estrategia de demolición de la imagen de Carlos de Mesa.
8 de diciembre de 2004 en Cusco, pronunciando el discurso principal en la creación de la Comunidad Sudamericana de Naciones (luego UNASUR)
Con relación a mis viajes a Perú y Brasil cuando desempeñaba la presidencia del país, para que no hayan vacíos en cuanto a sus razones, detallo lo siguiente, de acuerdo a la secuencia presentada por la presidenta de la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa:
El Dr. Carlos Alarcón entrega la denuncia en la Asamblea Legislativa
SEÑORES MIEMBROS DE LA COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE INVESTIGACIÓN DE SOBORNOS MENCIONADOS EN PROCESOS JUDICIALES INTERNACIONALES CASO ODEBRECHT (EE.UU.) Y LAVA JATO – CAMARGO CORREA.
Denuncia actuación política sesgada de la Presidenta de la Comisión.
Exige investigación de los hechos ocurridos entre el 19 de septiembre de 2005 y el 20 de agosto de 2008, de acuerdo a las constancias de los documentos de la investigación internacional, recibidos por la Comisión Especial.
La Paz 20 de mayo de 2018
Señor Tuffí Aré, Director Periodístico Corporativo, Periódico EL DEBER
Santa Cruz.-
Señor Director:
Quiero a través de la presente, en mi condición de abogado del expresidente Carlos Diego de Mesa Gisbert, expresarle mi indignación por la forma en que el periódico que Usted dirige trata un tema que afecta directamente a la dignidad de don José Galindo Neder fallecido en 2007 y que no puede defenderse, e indirectamente a la del expresidente Mesa.
Los acontecimientos referidos al fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre la entrega de misiles de nuestras FF.AA. al gobierno de los Estados Unidos, han puesto en evidencia más todavía, si cabe, la dramática situación de nuestra justicia.
He decidido presentar una Denuncia contra los jueces del Tribunal Supremo de Justicia que emitieron la sentencia 1/207 conocida popularmente como el “Caso Misiles”.
Misil HN-5A en un desfile militar exhibido al público
Siendo Presidente, el 15 de septiembre de 2004 en un encuentro de emergencia y del más alto nivel, me reuní con el Ministro de Defensa, el Alto Mando Militar y los Ministros de la Presidencia y de Gobierno. El tema único de la agenda era la presión de los Estados Unidos para que le entregáramos 36 misiles que eran parte del sistema de defensa militar del país.
La batalla por la democracia es una acción permanente de la que depende la salud de este bien superior de la sociedad boliviana.
El Vicepresidente García Linera me “exige” explicaciones. Probablemente confunde sus atribuciones. A pesar de ello y, en el marco del respeto, le respondo y a mi vez le planteo algunos temas que su gobierno debiera explicarle a la nación.
El Vicepresidente, una vez más, ha decidido soslayar la cuestión medular referida al cumplimiento de la Ley anticorrupción y su irretroactividad. Ahora se ha empeñado en cuestionar mis principios para descalificar mis observaciones jurídicas, y lo hace a propósito de mi D.S. 27345 referido a Gastos Específicos-Gastos Reservados en su art. 10, que establece que los gastos “que SEAN ACEPTADOS por el Contralor, deberán ser destruidos o incinerados por éste, en presencia del ministro respectivo, debiendo dejarse constancia en acta de este hecho”.
El vicepresidente García Linera afirma que he defendido a Samuel Doria Medina porque defendí la privatización. Mis opiniones sobre economía son en esta cuestión irrelevantes. Lo único relevante es el sometimiento a la ley.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su Artículo 11:
“Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito”.
Escribo estas líneas como ciudadano, no como ex Presidente de la República y menos como pre-candidato a la presidencia que ni soy ni pretendo ser.
Diego Ayo ha publicado un trabajo en el que escribe sobre el Fondo Indígena (Fondioc). Sus páginas tienen que ver con los indicios y hechos de corrupción en esa institución, cuyas evidencias han llevado a una investigación que ha dado como resultado hasta hoy la detención de varios funcionarios de diversa jerarquía que tuvieron responsabilidad en la administración de los recursos de proyectos destinados sobre todo al área rural del país, cuyo principales beneficiarios debieron ser los pueblos indígenas.
La Constitución reconoce el derecho de los bolivianos a la “libertad de pensamiento” (art. 21, 2), a “expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva” (art. 21, 5), a “acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente de manera individual o colectiva” (art 21, 6).
imagen: griseldavidiela.com
Cabe hoy preguntarse sobre el miedo, sobre lo que se debe y no se debe decir, o mejor, sobre lo que se puede y no se puede decir. En una democracia hay un miedo que no cabe, es el miedo a hablar, a decir lo que se piensa, a expresar libremente las ideas.
Carlos Diego de Mesa Gisbert 