La Paz 20 de mayo de 2018

Señor Tuffí Aré, Director Periodístico Corporativo, Periódico EL DEBER

Santa Cruz.-

Señor Director:

Quiero a través de la presente, en mi condición de abogado del expresidente Carlos Diego de Mesa Gisbert, expresarle mi indignación por la forma en que el periódico que Usted dirige trata un tema que afecta directamente a la dignidad de don José Galindo Neder fallecido en 2007 y que no puede defenderse, e indirectamente a la del expresidente Mesa.

El día de hoy El Deber ha publicado una nota bajo el título “Comisión pone bajo sospecha los viajes a Brasil de un fallecido exministro de Mesa”. En la misma el periodista Iván Paredes Tamayo escribe: “Según el informe de la operación Castillo de Arena, que fue realizado por el Ministerio de Justicia de Brasil, la Policía Federal de ese país y la Superintendencia Regional en San Pablo, el 18 de agosto de 2004, dos días después del retorno de Galindo desde Brasil, se realizó el pago del soborno de $us 158.000 a una persona con las iniciales C.M. El pago lo realizó Marcos Wanderley, presidente de la firma Camargo-Correa. El depósito se lo hizo en dos montos: el primero de $us 150.000 y el segundo, de $us 8.000”.

En el presente caso el periodista Paredes Tamayo afirma que el pago del soborno a alguien con las iniciales CM se hizo dos días después del viaje del ministro Galindo al Brasil, cuando en realidad tal pago se hizo CUATRO AÑOS DESPUÉS DEL CITADO VIAJE y UN AÑO DESPUÉS DE LA MUERTE DE DON JOSÉ GALINDO.

En la página 20 de la 3º sesión ordinaria de la Comisión Mixta de investigación de sobornos en los casos Odebrecht y Camargo Correa, realizada el 10 de mayo de 2018, se establece textualmente: “el documento arriba relaciona una serie de valores relacionados EL DÍA 20.08.08”. Ese texto se refiere a una fotocopia del material objeto de la investigación que, fechada EL DÍA 20 DE AGOSTO DE 2008, señala que se hicieron dos pagos, uno por 150.000 dólares y otro por 8.000 dólares, ambos pagos se detallan en otra fotocopia consignada en la página 21 de la citada sesión que indica: “18/ago Roboré (C.M.), parcelas 17 a 24, 150.000 y Diversas Obra Set a Dez, 8.000”, que OBVIAMENTE HACE PARTE DEL PRIMER DOCUMENTO FECHADO EL 20 DE AGOSTO DE 2008.

Señor director, cuando una nota periodística está referida a temas tan sensibles que comprometen el prestigio y la imagen de personas públicas es un imperativo trabajar con seriedad sobre fuentes primarias que puedan probarse.

La Constitución Política del Estado en su Artículo 106.II. señala: “El Estado garantiza a las bolivianas y los bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa”. La misma norma indica en su Artículo 107. II. Que “La información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad. Estos principios se ejercerán mediante las normas de ética y de autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su ley”.

El Código de Ética de la Asociación Nacional de la Prensa, de la que forma parte el El Deber define, en su Art. 1: “La veracidad de la información debe ser la primera condición imprescindible para su publicación. Los periodistas deben agotar todos los recursos lícitos para llegar a esa verdad o aproximarse lo más cerca de ella. Los editores y jefes de información deberán evitar la publicación de noticias que carezcan de veracidad. La mentira, los rumores, las versiones de corrillos de oficinas públicas o privadas no deberían ser publicados porque afectan a la credibilidad y seriedad de los medios. Solo deberán publicarse hechos comprobados y corroborados por fuentes responsables e idóneas o respaldados por documentos”.

El Art. 9 de este instrumento de autorregulación indica: “Los medios están obligados moralmente a rectificar los errores, equivocaciones o inexactitudes en las que hubiera incurrido al difundir informaciones o comentarios, aunque no hubiera reclamos ni pedido de rectificación de los afectados. Las rectificaciones deberían publicarse tan pronto como fue descubierto el error. Si el error causara daños, el medio no debería dudar en pedir disculpas”.

Por todo lo expuesto y por lo delicado de este asunto, confío en que de manera inmediata y con cobertura equivalente tanto en la edición impresa como la edición en línea, El Deber haga la rectificación imprescindible de tamaño error

Sin otro particular saludo a Usted atentamente

Carlos Alarcón Mondonio

Abogado

Adjunto las dos páginas pertinentes de la 3º sesión de la Comisión que respaldan lo afirmado en la presente carta