Como ciudadanos, expresidentes, exvicepresidentes y jefes políticos, nos vemos en la necesidad de decir nuestra palabra en defensa de la democracia y la justicia en Bolivia.

Nuestra vocación democrática nos compromete con la unidad, no para resolver legítimas diferencias de pensamiento y de visión, sino para reafirmar ante nuestros compatriotas que creemos en la democracia como un valor que debe preservarse, profundizarse y defenderse sin tregua.

La conquista de la democracia y la justicia fueron y son una permanente lucha histórica en la que el pueblo boliviano dio muestras inequívocas de tenacidad, sacrificio y heroísmo. Por ello, cualquier acción destinada a alterar o sustituir la voluntad soberana del pueblo, tanto en la conformación de los órganos del Estado –Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral–, como en la construcción de los valores y derechos inherentes a la democracia, es un atentado contra esa soberanía.

JUDICIALIZACIÓN DE LA POLITICA.- El gobierno ha roto los límites de la independencia y coordinación entre poderes, ha transformado al Órgano Judicial en un instrumento de persecución política y ha violado normas, o ha creado normas arbitrarias a su medida, para facilitar sus acciones en contra de sus adversarios, a quienes en realidad considera sus enemigos. La mayoría de nosotros, igual que cientos de conciudadanos, estamos sometidos a procesos y juicios cuyo único objetivo es descabezar a quienes expresamos ideas y posiciones distintas y críticas de quienes gobiernan para evitar la conformación de alternativas democráticas.

ÓRGANO ELECTORAL.- Si bien es verdad que el Tribunal Supremo Electoral condujo con idoneidad el Referendo de 2016, no podemos dejar de expresar nuestra preocupación por el reciente nombramiento de nuevos miembros de los tribunales departamentales electorales, que en un número muy significativo tienen afinidad con el Movimiento al Socialismo y sus máximos dirigentes, y no garantizan la imprescindible neutralidad del Órgano Electoral.

CONTRA EL INTENTO DE VULNERAR LA SOBERANÍA DEL PUEBLO.- El 21 de febrero de 2016 el pueblo de Bolivia se pronunció con claridad en contra del intento de una nueva postulación del Presidente Evo Morales Ayma. Por tanto, exhortamos con vehemencia a los gobernantes y a todos los funcionarios del Estado a respetar el voto del pueblo. Cualquier intento de forzar una nueva postulación del Primer Mandatario será inconstitucional y le dará la espalda a la soberanía inalienable de los bolivianos.

ELECCIONES JUDICIALES.- Tanto gobernantes como gobernados coincidimos en el fracaso del Órgano Judicial, que es una de las principales razones por la que no podemos hablar de un verdadero funcionamiento democrático en el país. Este año se nos abre una oportunidad que no podemos desperdiciar como ocurrió en 2011. Por eso, proponemos que la potestad de pre-selección de candidaturas al Órgano Judicial, que le corresponde a la Asamblea Legislativa, sea realizada del siguiente modo: que la Asamblea nombre una Comisión Independiente que haga una evaluación meritocrática de los postulantes. Esa Comisión deberá tener representantes de toda la sociedad. Su calificación deberá tener un carácter vinculante en la preselección final de la Asamblea para la habilitación de los candidatos al proceso electoral judicial establecido en la Constitución.

ACCIÓN DE UNIDAD.- Afirmamos hoy que trabajaremos unidos para denunciar ante la opinión pública nacional e internacional las acciones gubernamentales que se planifican y se realizan poniendo en entredicho las libertades ciudadanas en Bolivia. Para conseguirlo, haremos pública toda arbitrariedad presente y futura que judicialice la política, impulsaremos un informe serio y documentado de esta forma de persecución a la oposición a lo largo de los once años de gestión de la actual administración y haremos conocer a los organismos internacionales la situación crítica que vive la democracia boliviana.

La Paz, 12 de abril de 2017