En los próximos días la Comisión de la Asamblea que investiga el caso Camargo-Correa, difundirá su informe final. Dado que he decidido presentarme como candidato a la Presidencia del Estado, creo pertinente hacer conocer a la opinión pública todos los documentos que hice llegar a esa instancia legislativa, para que los ciudadanos cuenten con el contexto adecuado a la hora de conocer y valorar el citado Informe.
Como era previsible el Procurador Menacho, viola el art. 14 de la CPE al rechazar con argumentos falsos mi pedido de que, o abra una acusación contra el Presidente Morales y sus ministros en el caso Guaracachi, o retire su acusación en mi contra en el caso Quiborax, ante la evidencia de que los tribunales internacionales que fallaron en ambos casos, declararon ilegales ambas expropiaciones y obligaron a Bolivia a pagar una compensación de 42,6 y 31,5 millones respectivamente. Lo hace faltando a la verdad en su argumentación y reiterando, una vez más, que me acusa por razones políticas y para proteger al ministro Arce, al ministro Navarro y a él mismo, por la pésima defensa del Estado en Quiborax.
¿Cumplirá el Procurador el Art. 14 de la CPE y se atreverá a acusar al Presidente Morales por Daño al Estado en el caso Guaracachi?
el 24 de julio de 2018 le he entregado una carta al Procurador, diciéndole que debe acusar al Presidente Evo Morales por la expropiación de Guaracachi-Rurelec, en estricto cumplimiento del artículo 14, I de la CPE que establece igualdad de trato para todos los ciudadanos. De lo contrario debe retirar la acusación en mi contra. El Laudo del Tribunal Arbitral de la UN, desarrolló exactamente los mismos argumentos para Guaracachi que usó el CIADI para Quiborax. A igual daño al Estado, igual acusación… En lo personal acuso de ese daño en Quiborax a Arce, Menacho, Navarro y Arismendi.
Héctor Arce y Pablo Menacho, autores de una de las mayores aberraciones del actual gobierno: el caso Quiborax
Es difícil encontrar un caso más flagrante de la acción canalla de un gobierno y unos funcionarios que cometieron delitos de complicidad con una empresa extranjera, que defendieron de manera vergonzosa los intereses del país, con probadas irregularidades en el proceso internacional de más de una década y que, de la manera más descarada, tratan -basados en su impunidad y en el manejo de la justicia como una oficina servil a sus intereses- de endilgarme, sin el menor respaldo jurídico, su responsabilidad, la de regalarle 42,6 millones de dólares a unos empresarios y a una empresa pirata.
El 17 de julio de 2018 presenté un nuevo Memorial al Tribunal Supremo de Justicia, en el que hago conocer la falsedad ideológica en la que incurrió el Procurador General en su proposición acusatoria, al pedir que se me juzgue por el DS 27589 que dicté en 2004 en torno a Non Metallic Minerals, cuando en su defensa ante el Tribunal Arbitral del CIADI la Procuraduría defendió la total legalidad de dicho DS, incurriendo en una flagrante contradicción cuya tipificación no es otra que falsedad ideológica.
El 13 de julio de 2018 entregué el 2º Memorial al Tribunal Supremo de Justicia, con nuevos elementos de juicio para que el TSJ anule la Proposición Acusatoria en mi contra presentada por el Fiscal General. Estos son: La recepción extemporánea del testimonio del Expresidente Rodríguez, y el haber emitido opinión sesgada sobre su contenido, cuando ya cesó su competencia en esta etapa del proceso.
El día 12 de julio de 2018 envié una carta al Director Ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización de Empresas (AEMP), para pedirle que retire el desistimiento de la acusación que la AEMP hizo para permitir la absolución del empresario acusado de falsificación en el caso Quiborax, Allan Fosk.
El Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, ha declarado el 12 de julio de 2018 que el testimonio del expresidente Eduardo Rodríguez sobre el caso Quiborax “es lapidario para el exmandatario Carlos Mesa porque con esa acción (mi DS de expulsión de Non Metallic Minerals) se habría reconocido que hubo irregularidades” y que “de haberse tomado en cuenta ese caso todavía sería más lapidario para el expresidente Mesa”.
El día 10 de julio de 2018 he presentado ante el Tribunal Supremo de Justicia, una petición para que anule la acusación del Fiscal por diversas y graves irregularidades en la investigación, no convocatoria a testigos claves y no inclusión de varias autoridades y ex autoridades de este gobierno implicadas en el caso.
Andrés Jana abogado de Quiborax y abogado de Chile contra Bolivia en La Haya, César Navarro Ministro de Minería y Pablo Menacho Procurador General. Apretón de manos cerrando el acuerdo por el que Bolivia le pagó 42,6 millones de dólares a NMM-Quiborax
Con este titular publicado el 8 de julio de 2018, el periódico “El Deber” confirma lo que vengo diciendo desde que el Procurador hizo una proposición acusatoria en mi contra. El objetivo de este proceso es la destrucción personal y política de Carlos de Mesa y no la defensa de los intereses de Bolivia.
Héctor Arce y César Navarro en la «interpelación» orquestada por el oficialismo para darles un voto de confianza en el caso Quiborax
Hay muchas razones que presenté a consideración del Fiscal General, que prueban la mala defensa que hicieron tanto el Ministerio de Defensa del Estado como la Procuraduría en el caso Quiborax.
El 5 de julio de 2018 presenté a consideración del Fiscal General, el DS 3582 del gobierno de Evo Morales que autorizó el pago de 42,6 millones de dólares a NMM-Quiborax Dicha norma optó por pagar el monto de la 3º y peor de las tres negociaciones realizadas entre las Partes.
El 5 de julio de 2018 presenté un Memorial al Fiscal General del Estado, en el que pruebo que Bolivia, teniendo los elementos claros sobre los vicios de origen que dieron lugar a la nulidad de las concesiones de NMM-Quiborax hecha por la Superintendencia de Minas en mi gobierno, no los usaron adecuadamente para desbaratar el litigio presentado por Quiborax en el CIADI. Pruebo además, de letra del propio Procurador Menacho, que Quiborax denunció a Bolivia por el control que tenía la Procuraduría sobre el Órgano Judicial del país, generando en gran parte la dureza de la confirmación del fallo contra el país.
De esta forma precaria operaba Non Metallic, Quiborax. Por estas inversiones e infraestructura se le compensó con 42,6 millones de dólares (foto de principios de 2004)
SEÑOR FISCAL GENERAL DEL ESTADO.
Hace conocer elementos de juicio adicionales para el rechazo de la Proposición Acusatoria presentada por el Procurador General del Estado dentro del caso denominado “Quiborax”.
Otrosí.- (Su contenido).
El caso Quiborax es un emblema de la forma autoritaria e irresponsable como funciona el gobierno del Presidente Morales. Veámoslo en una secuencia ordenada.
El día 18 de junio de 2018, presenté a consideración del Fiscal General, junto a mis exministros Gustavo Pedraza (Desarrollo Sostenible) y Luis Fernández Fajalde (Trabajo), el siguiente documento para incluir en la investigación en el caso Quiborax por los delitos de Conducta Antieconómica e Incumplimiento de Deberes a Héctor Arce Zaconeta, ex Ministro de Defensa Legal del Estado y ex Procurador General del Estado, Pablo Menacho Diederich Procurador General del Estado, César Navarro Miranda Ministro de Minería y Elizabeth Arismendi Chumacero ex Procuradora General del Estado.
Las «instalaciones» y «Equipos» de Quiborax-NMM en el Salar de Uyuni (Foto del primer trimestre de 2004)
Conocí el Salar de Uyuni en 1997. Quedé sobrecogido por su estremecedora belleza y la sensación de que por unos instantes entraba a un mundo distinto, único, que me mostraba que era testigo y parte de una naturaleza imponente e indoblegable. Desde entonces el Gran Salar se instaló en mi corazón.
Andrés Jana, representante de Quiborax y miembro del equipo chileno que enfrenta a Bolivia en nuestra Demanda Marítima, sella con un apretón de manos con el Procurador Pablo Menacho, la recepción de 42,6 millones de dólares en favor de la empresa chilena. Mira complacido el Ministro de Minería César Navarro. Fue algo más que un simple apretón de manos…
El periódico «El Deber» ha publicado el 17 de junio de 2018 la nota de investigación «Informe oficial revela que Quiborax discutió perfil de fallo judicial en la Procuraduría».
La citada publicación confirma que la Procuraduría en connivencia con abogados de Quiborax, redactó los documentos de desistimiento de Bolivia, de desistimiento de la fiscalía boliviana y el proyecto de sentencia de sobreseimiento, que absolvían a Allan Fosk principal accionista chileno de Quiborax, que era sometido a un juicio penal por la falsificación del acta que permitió a Quiborax iniciar el Laudo Arbitral contra nuestro país.
Sigue leyendo
En la ciudad de Sucre, el 12 de junio de 2018 presenté a la Fiscalía General del Estado un segundo escrito en el caso Quiborax, en el que pruebo que el arbitraje demandado por esa empresa fue producto de la falsificación de un acta de composición de propiedad. De donde se deduce que el laudo fue producto de una falsificación, no de un decreto de mi gobierno o del gobierno de Eduardo Rodríguez
imagen, revista Datos
El viernes 8 de junio de 2018, Carlos Alarcón, mi abogado, ha publicado un artículo sobre el tema Quiborax que me parece muy relevante para explicar el caso.
Es una buena noticia que uno de los principales responsables de la defensa de Bolivia en el caso Quiborax salga a la palestra pública. En efecto, el actual ministro de Justicia Héctor Arce Zaconeta, fue ministro responsable de la Defensa de los Intereses del Estado entre 2008 y 2009 y Procurador General entre 2014 y 2017, es decir un periodo muy importante del laudo arbitral entre Bolivia y Quiborax.
Carlos Diego de Mesa Gisbert 