En la ciudad de Sucre, el 12 de junio de 2018 presenté a la Fiscalía General del Estado un segundo escrito en el caso Quiborax, en el que pruebo que el arbitraje demandado por esa empresa fue producto de la falsificación de un acta de composición de propiedad. De donde se deduce que el laudo fue producto de una falsificación, no de un decreto de mi gobierno o del gobierno de Eduardo Rodríguez
SEÑOR FISCAL GENERAL DEL ESTADO.
Hace conocer elementos de juicio adicionales para el rechazo de la Proposición Acusatoria presentada por el Procurador General del Estado dentro del caso denominado “Quiborax”.
Otrosí.- (Su contenido).
CARLOS DIEGO DE MESA GISBERT, boliviano, mayor de edad y hábil por derecho, con C.I. 110761 L.P., Ex Presidente y Ex Vicepresidente Constitucional de la República, Ex Presidente Del H. Congreso Nacional, domiciliado en la Torre Cesur, 3º, 308, Av. Ballivián esq. C. 24 Nº 1578, Calacoto, de la ciudad de La Paz, me dirijo a su autoridad dentro del caso denominado “Quiborax”, para hacerle conocer lo siguiente:
La “Decisión sobre Medidas Provisionales” del Tribunal Arbitral que intervino en el caso denominado “Quiborax”, de fecha 26 de febrero de 2010, en sus numerales 41 y 42 cita textualmente lo siguiente:
“41. La Audiencia del Proceso Abreviado de David Moscoso tuvo lugar el 14 de agosto de 2009. La resolución dictada luego de dicha audiencia señaló que el señor Moscoso había confesado su participación en la falsificación del acta de la junta de accionistas de NMM (Non Metallic Mineral) del 13 de septiembre de 2001. La resolución resaltó que dicha falsificación le había provocado al Estado de Bolivia un perjuicio al permitir a Quiborax iniciar un arbitraje en contra de Bolivia, siendo la existencia de perjuicio un requisito fundamental para los tipos penales denunciados, pero que el Sr. Moscoso desconocía el perjuicio que podía causar su conducta. Como resultado de la confesión del Sr. Moscoso, se lo condenó a dos años de prisión, tras lo cual se le otorgó de inmediato el perdón judicial en función de la inexistencia de antecedentes penales. Posteriormente a dicho perdón judicial, el Sr. Moscoso hizo renuncia expresa a su derecho a apelar”.
“42. …David Moscoso firmó una declaración jurada, elaborada expresamente “dentro de la solicitud de arbitraje” iniciado por Quiborax y otros contra Bolivia, en la cual confesaba “de forma libre y espontánea” su participación en los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado. En dicha declaración jurada manifestó que recién tuvo conocimiento de la existencia del acta del 13 de septiembre 2001”.
“Si bien no dijo expresamente que dicha acta había sido falsificada, el Sr. Moscoso reconoció que se la usó para sustituir el acta del 11 de septiembre de 2001 a fin de revocar los poderes anteriores y expedir nuevos poderes, incluyendo los relacionados con el arbitraje ante el CIADI iniciado por Quiborax “con el fin de hacer prevalecer la demanda ante el CIADI contra el Estado boliviano”. Dicha declaración jurada contradice los dichos del Sr. Moscoso vertidos con anterioridad ante el tribunal penal el 30 de enero de 2009”.
De estas constancias documentales del propio Tribunal Arbitral, se deduce clara e inequívocamente que el Arbitraje en el caso Quiborax en contra del Estado de Bolivia es la consecuencia fraudulenta y maliciosa de un delito de falsificación y uso de documento falsificado, confesado en un proceso penal que concluyó con sentencia condenatoria ejecutoriada y con la declaración jurada del propio proceso arbitral, delito cometido por uno de los personeros y representante de la empresa que promovió este proceso arbitral.
Se forzó en el caso Quiborax ilegalmente un arbitraje en contra del Estado de Bolivia a través de la falsificación del Acta de Accionistas de Non Metallic Mineral de fecha 13 de septiembre de 2001 y de los poderes de representación de esta empresa para este Arbitraje. No estaban dadas las condiciones legales para la presentación de esta demanda arbitral en contra de Bolivia, se fraguaron delictivamente estas condiciones y lo más sorprendente fue que el Tribunal Arbitral en lugar de rechazar esta demanda, pese a reconocer estos hechos delictivos en su “Decisión sobre Medidas Provisionales” los avala y consiente, parcializándose a favor de la demandante y en contra de Bolivia como demandado.
Esta parcialización del Tribunal Arbitral con la demandante, pese al reconocimiento explícito de los hechos delictivos que forzaron ilegalmente el arbitraje, porque sin esa falsificación la demandante no cumplía las condiciones que requiere todo arbitraje internacional, claramente se desprende de los numerales 1 y 2 de su “Decisión sobre Medidas Provisionales” que a la letra resuelven:
“La demandada deberá tomar todas las medidas necesarias para suspender el proceso penal identificado como Caso No. 9394 iniciado contra ….”.
“La demandada deberá abstenerse de iniciar cualquier otro proceso penal directamente relacionado con este arbitraje o tomar cualquier otra acción que pueda poner en riesgo la integridad procesal de este arbitraje”.
Enorme paradoja: el Tribunal Arbitral actuó como defensor penal de los imputados por delitos cometidos en contra del Estado de Bolivia para forzar ilegalmente el arbitraje.
La integridad procesal del arbitraje no se afectó como lo interpreta el Tribunal Arbitral por el enjuiciamiento penal de accionistas y representantes de Non Metallic Mineral sino, a la inversa, por los delitos de falsificación y uso de instrumento falsificado, que fraguaron las condiciones para habilitar la demanda arbitral internacional, cuando éstas condiciones no estaban realmente cumplidas en el momento de la presentación de la citada demanda.
Lo que más llama la atención es que la defensa del Estado de Bolivia en el arbitraje, en lugar de reaccionar institucional y procesalmente de manera categórica y contundente, contra ésta abierta parcialización del Tribunal Arbitral, deja pasar esta írrita decisión como si se tratara de una incidencia procesal normal y ordinaria dentro del Arbitraje.
De todo lo expuesto queda absolutamente claro que la tramitación de este arbitraje ilegal, por no reunir las condiciones que exige todo arbitraje internacional para la presentación de la demanda y la habilitación de esta jurisdicción internacional, no es consecuencia de la emisión de mi decreto supremo de revocatoria de la concesión y expulsión de la empresa Non Metallic Mineral, sino del delito de falsificación y uso de instrumento falsificado, cuyos efectos nocivos para el Estado de Bolivia en este arbitraje constan en una sentencia penal con calidad de cosa juzgada.
Sobre la base de estos nuevos elementos de juicio, plenamente concordantes con los expuestos en mi memorial de fecha 30 de mayo de 2018, ratifico mi pedido de rechazo, sin más trámite, de la Proposición Acusatoria presentada por el Procurador General del Estado en contra de mi persona y de tres ex Ministros de mi Gabinete dentro del caso denominado “Quiborax” y el correspondiente archivo de obrados.
Será proceder en Justicia.
Otrosí.- (Prueba).- Acompaño como prueba documental las partes pertinentes de la Decisión sobre Medidas Provisionales del Tribunal Arbitral, cuyo original cursa en los Archivos oficiales de la Procuraduría General del Estado.
Sucre, 12 de junio de 2018.
Carlos Diego de Mesa Gisbert
Carlos Alarcón Mondonio
Abogado
Carlos Diego de Mesa Gisbert 
Sr.Mesa, creáme que lamento, una vez más, hacerle presente su falta de análisis y apego al estamento jurídico.
Ud. acusa a un Tribunal Arbitral Internacional de «parcial» en el análisis jurídico y posterior fallo, que dió la razón a la demanda de la empresa Quiborax, obligando al estado boliviano a indemnizar a dicha empresa.
Creo que ud., como hombre demócrata, que presupone un siempre presente apego a la ley, y como ex-presidente de Bolivia, no debiera acusar a ningún tribunal internacional de «parcialización» en su veredicto; sinceramente me parece inaudito de su persona.
Bolivia tuvo toda el tiempo y las instancias jurídicas para reclamar, y ahora, realmente muy tarde, bajo la injusta amenaza del gobierno masista hacia su persona, ud. nos declara algo que, para serle bien franco, no parece creíble. Creo que su defensa debió haber sido por otra vertiente legal, simplemente la de un ex-Presidente que con las facultades constitucionales que ud. tenía actuó en el mejor interés de Bolivia, y si cometió algún error no puede ser sometido a cuestionamiento alguno ya que actuaba bajo el amparo constitucional.
Sr. Mesa, lamento que en Bolivia no haya un apego y respeto real a la Ley. Los fallos pueden o no gustarnos pero nuestra obligación es respetarlos siempre.
Yo lamento más que Usted, ante una andanada de esta magnitud no perciba algo básico. Ningún tribunal del país o del mundo puede aceptar el desarrollo de un juicio cuya base es un documento falsificado. Falsificación reconocida y confesada por su autor, David Moscoso, en un juicio penal. Documento que fue el que permitió a Quiborax forzar el laudo que, de modo inaudito, fue aceptado por el Tribunal Arbitral y, lo que es peor, aceptado a sabiendas por el gobierno de Evo Morales. Puedo asegurarle que mi abogado el Dr. Alarcón, ha hecho la evaluación jurídica adecuada en consulta con otros juristas.
Si Usted me da la opinión seria de algún jurista especializado en procesos internacionales que tenga opinión en contrario, es decir que un juicio es válido basándose en un documento inicial falsificado, se lo agradeceré.
Por lo demás, mantengo mi frente alta ante la sucesión de ataques carentes del más mínimo fundamento con el objetivo -lo verá a Usted- de acusarme, juzgarme y condenarme, cuando quienes deberían ser acusados y juzgados con los exministros de Defensa del Estado y los procuradores responsables de tan desastrosa defensa de los intereses del Estado.
Sr. Mesa, entonces yo me pregunto por qué razón el tribunal aceptó la evidencia y no la declaró inválida.
Y a ésta pregunta sólo caben dos respuestas: 1) La prueba era efectivamente válida; 2) La prueba pudo ser inválida pero Bolivia no pudo, o no supo demostrar esa supuesta invalidez, o también,….. simplemente no la defendió.
Cualquiera sea el caso Sr. Mesa, nadie podría prejuzgar, que el tribunal actuó con parcialidad en contra Bolivia, esa es una acusación muy grave para un tribunal, algo incluso que podría traer consecuencias jurídicas para su persona porque ud. no es «pepito perez», es una persona que tiene presencia internacional y su voz se escucha, de ahí lo serio de su acusación, aunque estimo que eso no llegará a ocurrir.
Insisto, creo que su defensa, como ex-Mandatario de Bolivia, debiera estar centrada en el marco de la Constitución Política, porque de allí emanan los poderes del Presidente y ud actuó conforme a ella, y en caso de haber cometido algún error no debiera tener consecuencias graves hacia su persona de manera exclusiva porque no hubo intención de dolo, más aún cuándo son muchas las instancias del estado que le asesoraron para tomar una decisión como esa.
Evo Morales ha cometido en su gestión muchos errores, entonces, habría que enjuiciarlo a él también; por lo que sé tiene varios elefantes blancos construidos que no sirven para nada y/o mucho dinero derrochado o mal invertido, que a final de cuentas viene a ser lo mismo.
Claramente se le está atacando sólo por una causa política, porque ud. es el único de la oposición que amaga al Dictador, tal vez debiera mover entonces sus fichas políticas para contrarrestar al tirano a cargo del estado en que se encuentra hoy Bolivia.
Ud. es un ex-Presidente, y hombre demócrata, y como tal es reconocido en todo latinoamérica y el mundo. Creo que no debiera dejarse avasallar y levantar la voz si se concreta alguna demanda en su contra.
Le deseo lo mejor.
Gracias Carlos por hacernos llegar esta información. Un fuerte abrazo 🤗
Enviado desde Yahoo Mail para iPhone
Pingback: Carlos Mesa: Quiborax falsificó un acta para demandar a Bolivia – EL AMANECER DE TARIJA
Información importante para Bolivia.
Pingback: Extorsión económica | Oikologías