El Tribunal Supremo Electoral con su circular 071 se vuelve a poner en evidencia. ¿sus decisiones son el producto de su dependencia del Poder Ejecutivo y el partido de gobierno, o son el resultado de una dramática carencia de buen sentido y comprensión de los más elementales derechos de los bolivianos?
El actual proceso electoral ha puesto en evidencia una realidad muy dura en lo que toca a la institución que lo administra y las reglas que lo conducen.
Dos magistradas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Ligia Velázquez y Soraida Chanez, han sido suspendidas de su cargos y serán sometidas a un juicio en única instancia en el Senado de la Asamblea Legislativa. Sigue leyendo
¿De qué se trata realmente el escándalo Soza-Ormachea? Se trata del Estado de Derecho, de la consistencia de la democracia, del funcionamiento de las instituciones republicanas, de la dimensión del poder.
La muerte de José María Bakovic ha conmovido al país porque muestra la cara descarnada de un poder desmesurado que no repara que su primera obligación, la más importante de todas, es garantizar la vida de los bolivianos como valor sagrado.
Publicada el 16 de diciembre de 2012 en Página Siete, Los Tiempos, Correo del Sur y El Potosí
El discurso de la lucha contra la corrupción está tan desgastado que ha perdido cualquier posibilidad de generar efecto en una sociedad que viene escuchando desde hace un par de décadas sobre la revolución del comportamiento y experimentando exactamente lo contrario.
Publicada el 28 de octubre de 2012 en Página Siete, Los Tiempos, Correo del Sur y El Potosí
El Artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice:
Publicada en Página Siete y Los Tiempos el 1 de enero de 2012
El título de esta columna ha sido tomado de un artículo de Gabriel Romano Burgoa, publicado en Página Siete el 16/12/2011-
El gobierno reconoce no sólo en la Constitución –que como referencia basta y sobra- sino en sus discursos de casi todos los días, que Bolivia es una sociedad democrática. La democracia, lo sabemos todos, tiene uno de sus pilares fundamentales en el voto popular. El voto es la expresión máxima de la soberanía del pueblo, el instrumento que ratifica que es este el que decide, el que escoge su destino, eligiendo o rechazando a sus mandantes.
Publicada en Página Siete y Los Tiempos el 30 de octubre de 2011
Nunca antes en nuestra historia electoral se había producido un resultado como el de las elecciones judiciales. Más aún, no es fácil encontrar en el mundo un caso equivalente.
El sábado 10 de septiembre de 2011, después DE MÁS DE SIETE AÑOS desde que el actual presidente Morales hizo una acusación en mi contra, la Asamblea Legislativa (ALP) me ha excluido de la apertura de un Juicio de Responsabilidades por la supuesta no entrega de contratos petroleros a consideración del Congreso Nacional (una explicación detallada del proceso está en este blog en la categoría «Judicialización de la Política» en la que hay varias entradas sobre el particular).
El 6 de septiembre de 2011, la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa hizo oficial su informe de recomendaciones al plenario sobre la acusación abierta contra tres expresidentes por «no haber entregado los contratos petroleros suscritos en sus gobiernos a consideración del Congreso Nacional». Ese informe recomienda que se me excluya de un eventual juicio por no haber materia justiciable para ello.
En la lógica de la judicialización de la política, el gobierno criminalizó los gastos reservados, gastos que estaban inscritos en el presupuesto general de la nación, que fueron aprobados por el Congreso y que estaban regulados (en mi gestión de gobierno en particular) a través de decretos inequívocos que normaban su uso, restricciones y formas de rendición de cuentas. En ese juego metió en la misma bolsa a justos y pecadores, no separó el grano de la paja.
Publicado en Nueva Crónica n° 82
El 18 de abril de 2005, Evo Morales jefe del Movimiento al Socialismo, presentó una proposición acusatoria en contra de cuatro ex presidentes de la República, entre quienes me encuentro, por la firma de contratos petroleros entre 1996 y 2004. El 16 de marzo de 2005 el Fiscal General Pedro Gareca formalizó esa proposición con un requerimiento acusatorio contra cuatro expresidentes de la República, siete exministros de Estado, cinco exsecretarios nacionales y exviceministros, cuatro expresidentes de YPFB y treinta y nueve ejecutivos de empresas transnacionales, por no haber entregado a consideración del Congreso (obligación establecida en el artículo 59 inciso 5 de la Constitución) de 107 contratos petroleros, 54 firmados en dos gobiernos de Gonzalo Sánchez de Lozada, 48 en el gobierno de Hugo Banzer, 4 en el de Jorge Quiroga y 1 en el de Carlos D. Mesa Gisbert.
El semanario «Energy Press», órgano boliviano especializado en temas de energía e hidrocarburos, el más prestigioso en el rubro, me hizo una entrevista a propósito del Juicio de Responsabilidades que pretende instaurarse en mi contra. Transcribo el texto íntegro de esa entrevista.
Publicada en Página Siete y Los Tiempos el 3 de abril de 2011
La oficina de Naciones Unidas en Bolivia ha puesto en evidencia que en el país la justicia está politizada. Es una afirmación que no hace sino ratificar lo que todos sabemos, lo que buena parte de la comunidad internacional le ha dicho en voz baja al Presidente y su gobierno, lo que los asilos políticos y refugios otorgados a decenas de compatriotas en Paraguay, Perú, Brasil y otras naciones confirma, lo que sufrimos en carne propia quienes somos sometidos a acusaciones sin fundamento, como parte de una política de amedrentamiento que hace el Poder Ejecutivo de modo sistemático contra sus adversarios.
El pasado 28 de marzo hicimos, junto a Jorge Quiroga, un alegato ante la Comisión Mixta de Justicia Plural. Creo que los argumentos presentados, particularmente la demostración fehaciente de haber entregado todos los contratos petroleros a consideración del Congreso (18 de abril de 2005), dejan sin efecto la única acusación en mi contra, la supuesta no entrega de esos contratos (en particular el de la regularización del campo Montecristo), por lo que he enviado este memorial a dicha Comisión:
Si bien el requerimiento acusatorio del Fiscal Gareca en contra mía por la supuesta no entrega de contratos al Congreso Nacional, no hace ninguna acusación referida a la firma de contratos, o a la naturaleza de su contenido, no está demás hacer una explicación en torno al famoso contrato del campo petrolero Montecristo.
Quiénes acusan:
Evo Morales Ayma como presidente del MAS y diputado nacional, hoy Presidente del Estado; Antonio Peredo jefe de la bancada parlamentaria del MAS (fallecido); Santos Ramírez presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la H. Cámara de Diputados, hoy detenido en la cárcel de San Pedro; Ricardo Díaz diputado del MAS (fallecido).
Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997)
Contratos firmados: 52 (cincuenta y dos)
Presidente acusado: Gonzalo Sánchez de Lozada (ausente)
Ministros acusados: Carlos Morales Landívar y Fernando Illanes de la Riva
Viceministros acusados: NINGUNO
Presidente de YPFB acusado: Arturo Castaños Ichazo
Siguiendo en la línea correcta de la Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa, el expresidente Jorge Quiroga y yo, hemos escrito una carta al vicepresidente García Linera pidiéndole formalmente que la Asamblea nos escuche cuando su pleno se reúna para considerar si nos enjuicia o no.
Carlos Diego de Mesa Gisbert 