Comunidad Ciudadana propone un Acuerdo Nacional de Paz y Reconciliación en el Marco del informe del GIEI

El Informe del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI), ha puesto en evidencia la debacle del sistema judicial boliviano, cuyos operadores han perdido toda su legitimidad e idoneidad para garantizar el acceso a la justicia y defender el imperio de la Ley.

Las ilegales decisiones de fiscales y de magistrados del Tribunal Constitucional, motivadas por la obediencia servil a las autoridades políticas, dieron lugar a graves vulneraciones a los derechos humanos, afectaron al sistema democrático y pusieron al país al borde del enfrentamiento fratricida, en franco incumplimiento de sus deberes y su responsabilidad con el país.

La democracia y el estado de derecho no pueden sostenerse sin un Ministerio Público y  Órgano Judicial independiente, idóneos, legítimos y éticos. Hoy, corresponde a las fuerzas políticas que representamos la voluntad popular, reconstituir al Órgano Judicial y la Fiscalía para garantizar que los hechos luctuosos que merecen una investigación y una sanción, sean juzgados en el marco del debido proceso y la garantía de una justicia imparcial, oportuna y libre de la injerencia partidaria. Es imperativo hacerlo para evitar que la estéril polarización de hoy, nos conduzca mañana al caos, el enfrentamiento y la violencia.

Por ello, COMUNIDAD CIUDADANA propone suscribir un acuerdo de alcance nacional entre el Gobierno Nacional y las bancadas del Movimiento al Socialismo (MAS), Comunidad Ciudadana (CC) y CREEMOS, para viabilizar juicios de responsabilidades dentro del marco de las Conclusiones y Recomendaciones del documento del GIEI, por todos los hechos de violencia comprendidos dentro del alcance de dicho documento, sin ningún tipo de discriminación o exclusión, sobre la base de garantizar la existencia de un Ministerio Público y Órgano Judicial Independientes. CC está convencida de que este acuerdo es un requisito imprescindible para lograr la paz y la reconciliación en el país.

Este Acuerdo debe incluir como mínimo los siguientes puntos:

1.- Cambio del Fiscal General del Estado a través de un mecanismo legal, por las omisiones, retardos y uso arbitrario de tipos penales, identificados en el informe del GIEI. 

Dicho procedimiento se llevará a cabo en un plazo máximo de 90 días.

2.- Modificación de la Ley Orgánica del Ministerio Público, estableciendo que tanto el Fiscal General del Estado como los Fiscales Departamentales, serán designados por dos tercios de votos de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), previo concurso público de méritos, que será evaluado por un Comité Ciudadano compuesto por representantes de las organizaciones más importantes de la Sociedad Civil.

Designación por la ALP del Fiscal General y Fiscales Departamentales.

La modificación de la Ley Órgánica del Ministerio Público y la designación del Fiscal General y Fiscales Departamentales, deberán estar concluidos en un plazo máximo de 90 días.

3.- Reforma Constitucional para modificar el sistema de elección de los magistrados del Órgano Judicial. Dicha reforma debe garantizar la independencia e idoneidad de la cabeza del Órgano Judicial e implementarse antes de la fecha prevista para la próxima elección judicial del año 2023. 

En caso de que dicha Ley de Reforma Constitucional no se haya promulgado en el plazo establecido en este documento, se aprobará una Ley de Garantía de Independencia del Órgano Judicial para la próxima elección de Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura.

La Ley de Garantía de Independencia del Órgano Judicial, contemplará un concurso público de méritos, que será evaluado por un Comité Ciudadano compuesto por representantes de las organizaciones más importantes de la Sociedad Civil. El Comité Ciudadano elevará ternas para cada cargo a la ALP y ésta, con 2/3 de votos de los legisladores presentes, seleccionará a la candidata o candidato que formará parte de una plancha o de candidaturas individuales por cada uno de los tribunales: Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura. Dichas planchas o candidaturas individuales, serán sometidas al voto popular en las elecciones del año 2023.

La promulgación de la Ley de Reforma Constitucional se hará en un plazo máximo de 45 días. En caso de que no se haya logrado dicha promulgación, la Ley de Garantía de Independencia del Órgano Judicial se promulgará en un plazo máximo de los siguientes 45 días. 

4.- Concluida la designación de fiscales hecha por la ALP y promulgada la Ley de Reforma Constitucional o, en su caso, la Ley de Garantía  de Independencia del Órgano Judicial en los plazos establecidos por este Acuerdo, la ALP aprobará los juicios de responsabilidades por los hechos de violencia identificados en el informe del GIEI, sin ningún tipo de discriminación o exclusión, otorgando la misma celeridad a todos los casos que se presenten.

5.- Derogación del Decreto Presidencial Nº 4461 referido a amnistia e indulto, que no es otra cosa que un decreto de impunidad.

6.- Los plazos señalados en los numerales 1, 2 y 3, se contarán a partir de la fecha de la suscripción de este Acuerdo Nacional de Paz y Reconciliación. 

La Paz, 23 de agosto de 2021

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