El día 12 de febrero de 2020, presenté en Sucre, en la Fiscalía General, un memorial de acusación contra el ex Presidente Evo Morales, el ex Vicepresidente Álvaro García Linera y los ex ministros Juan Ramón Quintana, Carlos Romero y Héctor Arce  por la comisión del gigantesco fraude electoral perpetrado el 20 de octubre de 2019.

SEÑOR FISCAL GENERAL DEL ESTADO.

DENUNCIA DELITOS ELECTORALES.

SOLICITA AMPLIACIÓN DE LAS INVESTIGACIONES EN CURSO Y EL RESARCIMIENTO DEL DAÑO ECONÓMICO CAUSADO AL ESTADO.

OTROSÍES.- (SUS CONTENIDOS).

CARLOS DIEGO DE MESA GISBERT, boliviano, mayor de edad y hábil por derecho, con C.I. 110761  L.P., Ex Presidente, Ex Vicepresidente Constitucional de la República y Ex Presidente del H. Congreso Nacional, domiciliado en la Torre Cesur, 3º, 308, Av. Ballivián esq. C. 24 Nº 1578, Calacoto, de la ciudad de La Paz; me dirijo a su autoridad haciéndole conocer delitos electorales de acción pública, solicitando disponga las medidas conducentes para la ampliación de las investigaciones en curso:

1. DELITOS ELECTORALES CONSUMADOS CON EL FRAUDE DE LAS ELECCIONES DEL 20 DE OCTUBRE DE 2019.

Como es de público y notorio conocimiento, en las elecciones del 20 de octubre de 2019 se perpetró un gigantesco fraude electoral con el objetivo de evitar la segunda vuelta electoral, en beneficio de los candidatos del binomio del Movimiento al Socialismo (MAS) y en perjuicio de los candidatos del binomio de la Alianza Comunidad Ciudadana, a través de gravísimas irregularidades evidenciadas en los Informes Preliminar y Final de la Misión de Observación Electoral y en los Informes Preliminar y Final de la Misión de Auditoría de la OEA.

Como consecuencia de estas evidencias incriminadoras se iniciaron por decisión de su autoridad acciones penales en los nueve departamentos del país contra los ex Vocales del Tribunal Supremo Electoral y de los Tribunales Departamentales Electorales, procesos penales que actualmente se están sustanciando en las fiscalías y juzgados de estos departamentos.

Lo sorprendente de estos procesos penales es que no están incluidos los que son en alto grado de probabilidad los principales autores y responsables de estos hechos, el ex Presidente del Estado y ex candidato Presidencial Juan Evo Morales Ayma, el ex Vicepresidente del Estado y ex candidato Vicepresidencial Alvaro García Linera y los ex Ministros de la Presidencia Juan Ramón Quintana, de Justicia Héctor Arce Zaconeta y de Gobierno Carlos Romero Bonifaz.

Resulta imposible pensar que los delitos en los que se concretó este gigantesco fraude electoral hubieran contado únicamente con la participación de ex Vocales del anterior Órgano Electoral Plurinacional y no con la participación de las máximas autoridades políticas del anterior gobierno nacional, por la sencilla razón de que el único partido político que resultó beneficiado con esta premeditada  maquinación de fraude que constituye un claro delito electoral, al evitarse la realización de la segunda vuelta electoral, fue el Movimiento al Socialismo (MAS); en cambio, los principales perjudicados, como víctimas y damnificados directos, fueron el conjunto de los electores cuyo voto fue defraudado y escamoteado y el Binomio de la Alianza Comunidad Ciudadana y sus candidatas y candidatos a senadores y diputados, y como víctimas y damnificados indirectos el conjunto del pueblo y de la sociedad boliviana, por el daño que se le causó a la democracia y a todas las instituciones del sistema político, económico y social.

Los alcances, el tamaño, los efectos y las consecuencias de este fraude en el que se concretaron los distintos delitos electorales cometidos el 20 de octubre del 2019, señalan claramente que la responsabilidad de primer orden corresponde a las principales autoridades del anterior gobierno nacional y la de segundo orden a los ex vocales del anterior Órgano Electoral Plurinacional, cuya culpabilidad se demuestre en los procesos penales que actualmente se están sustanciando.  Los exvocales electorales cuya culpabilidad se demuestre en la comisión de estos delitos electorales no actuaron en beneficio propio, sino en beneficio de los candidatos del binomio del MAS.

Son impensables e inviables estos hechos que concretaron el fraude sin la participación y órdenes directas de las máximas autoridades del anterior gobierno nacional a los Vocales involucrados del ex Órgano Electoral Plurinacional, como claramente lo señaló la ex Presidenta del Tribunal Supremo Electoral, en una declaración pública, realizada en el contexto del proceso penal que se le está siguiendo, donde hizo referencia a presiones, interferencias e intromisiones de autoridades políticas sobre el trabajo de los Vocales Electorales del TSE, sin mencionar específicamente a cuáles se estaba refiriendo.

Este proceso penal servirá para impartir justicia que el caso exige y también será un precedente aleccionador para que nunca más en Bolivia un Presidente del Estado, abusando de su poder, se burle del voto popular y el ejercicio de su soberanía.

Por estas razones, corresponde que su autoridad adopte las medidas conducentes para que las actuales investigaciones y procesos penales en curso se amplíen a las siguientes personas y ex autoridades:

2. PERSONAS DENUNCIADAS.

2.1 Ex Presidente del Estado y Ex candidato presidencial Juan Evo Morales Ayma, con residencia en la República de Argentina.

2.2 Ex Vicepresidente del Estado y Ex candidato Vicepresidencial Álvaro García Linera, con residencia en la República de Argentina.

• Ex Ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, que se encuentra en la residencia de la Embajada de México en Bolivia.
• Ex Ministro de Gobierno Carlos Romero Bonifaz, con residencia en la cárcel de San Pedro.
• Ex Ministro de Justicia Héctor Arce Zaconeta, que se encuentra en la residencia de la Embajada de México.

Todos denunciados en calidad de autores mediatos cuyos delitos fueron cometidos a través de ex Vocales del Órgano Electoral Plurinacional como autores materiales.

3. DELITOS ELECTORALES DENUNCIADOS.

Los Informes Preliminar y Final de la Misión de Observación Electoral y los Informes Preliminar y Final de la Misión de Auditoría de la OEA, contienen evidencias que el fraude electoral del 20 de octubre de 2019 se consumó a través de los siguientes delitos electorales:

• Falsificación de documentos o uso de documento falsificado, tipificado en el inciso e) del artículo 238 de la Ley del Régimen Electoral, porque se fraguaron actas con firmas falsificadas para manipular y alterar los datos del cómputo de resultados.
• Obstaculización de procesos electorales, tipificado en el inciso h) del artículo 238 de la Ley del Régimen Electoral, porque con la suspensión arbitraria de la Transmisión Rápida de Resultados Preliminares (TREP), se obstaculizó la veraz y regular conclusión de la primera vuelta electoral y se ganó tiempo para perpetrar las otras acciones delictivas que falsificaron y defraudaron los resultados electorales.
• Manipulación informática, tipificado en el inciso j) del artículo 238 de la Ley del Régimen Electoral, porque existieron dos servidores clandestinos y paralelos al servidor oficial, desde los cuales se manipularon y alteraron los datos del cómputo de los resultados.
• Alteración y ocultación de resultados, tipificado en el inciso l) del artículo 238 de la Ley del Régimen Electoral, porque se alteraron datos de múltiples actas para beneficiar al MAS y se ocultaron datos de múltiples actas para perjudicar a la Alianza Comunidad Ciudadana.

4. VÍCTIMAS.

4.1      Las víctimas  directas de estos delitos son: i) el conjunto de electores cuyos votos fueron defraudados y escamoteados ii) los candidatos presidencial y vicepresidencial de la Alianza Comunidad Ciudadana, que tenían el derecho a participar en la segunda vuelta electoral, derecho que les fue defraudado y escamoteado. iii) los candidatos a la Asamblea Legislativa Plurinacional de la Alianza Comunidad Ciudadana, que por la nulidad del proceso electoral, consecuencia del fraude, no pudieron ejercer sus funciones.

4.2      La víctima indirecta el conjunto del pueblo y de la sociedad boliviana por la gravísima afectación de la democracia y de las instituciones políticas, sociales y económicas que los efectos de estos delitos produjeron en el país.

5. INTERVENCIÓN DE LA PROCURADURÍA DEL ESTADO.

Según estimación del anterior Tribunal Supremo Electoral que administró las elecciones del 20 de octubre de 2019, se presupuestaron para el anterior proceso electoral anulado 217 millones de bolivianos, gasto efectuado por el Estado que no reportó ninguna utilidad ni beneficio para el país. Estos recursos económicos dilapidados como consecuencia del fraude electoral podrían haber sido utilizados en atender necesidades urgentes de la agenda social en salud, educación, justicia u otra equivalente.

Por esta razón resulta imperioso que estos recursos económicos sean resarcidos al Estado por los que resulten responsables penalmente de estos delitos, para lo cual su autoridad deberá promover la participación dentro del proceso penal del Procurador General del Estado, en todas las incidencias que tengan relación con las consecuencias indemnizatorias y resarcitorias de los efectos económicos negativos para el Estado producidos por estos delitos electorales.

6. DILIGENCIAS DE PRUEBA.

Como medios de prueba ofrezco los siguientes:

• Los Informes Preliminar y Final de la Misión de Observación Electoral de la OEA de las elecciones generales 2019, publicados en el página web oficial de la OEA, en el siguiente link: https://www.oas.org/es/sap/deco/informe-bolivia-2019/
• Los Informes Preliminar y Final de la Misión de Auditoría de la OEA de las elecciones generales 2019. publicados en el página web oficial de la OEA, en el siguiente link: https://www.oas.org/fpdb/press/Informe-Preliminar—MOE-Bolivia-23-10-19.pdf
• Las pruebas cursantes en los procesos penales que se están sustanciando en los nueve departamentos contra ex Vocales del anterior Órgano Electoral Plurinacional.

7. PROCESO ORDINARIO.

Los hechos denunciados en este memorial no corresponden a un Juicio de Responsabilidades sino a una acción y proceso penal ordinario porque el fraude electoral concretado a través de los distintos delitos electorales señalados en este memorial, no tienen nada que ver con las funciones de Presidente y Vicepresidente del Estado.

Ningún acto oficial y de Estado de un Presidente y Vicepresidente puede conllevar los delitos electorales denunciados en este memorial, concretarse en estos delitos, ni relacionarse con ellos. La función de Presidente y Vicepresidente no es esencial a la comisión de estos delitos electorales, es un dato ocasional de contexto que no cambia la naturaleza de los mismos.

El ejercicio de las funciones y competencias de un Presidente y Vicepresidente de Estado en ningún caso pueden tener relación o vinculación alguna con el fraude electoral, con la comisión de delitos electorales, que claramente están fuera del ámbito de ejercicio de estas funciones de Estado. Se trata de delitos comunes sujetos a la competencia y jurisdicción ordinaria, como claramente lo dispone el artículo 239 parágrafo I de la Ley del Régimen Electoral.

8.CITACIÓN DE LOS DENUNCIADOS.

A los efectos de la citación de los denunciados para que comparezcan en estas investigaciones preliminares, se curse oficio a la Policía nacional, al SEGIP, a la Dirección Nacional de Migración y al Ministerio de Relaciones Exteriores para que hagan conocer a la autoridad fiscal que esté a cargo de estas actuaciones sus domicilios.

9.- PETITORIO.

Por las razones de hecho y de derecho expuestas en este memorial, solicito a su autoridad adopte todas las medidas conducentes para que las investigaciones penales en curso contra ex Vocales del Órgano Electoral Plurinacional, sobre los mismos hechos contenidos en esta denuncia, se amplíen a las personas denunciadas en este memorial, remitiendo antecedentes al Fiscalía Departamental que su autoridad considere deba intervenir en este caso.

Será proceder en Justicia.

Otrosí 1.- (Domicilio).- A los efectos de estas actuaciones, señalo domicilio procesal en la Calle Santa Lucía N – 14, entre calles San Martín y El Salvador (Barrio Petrolero).

Otrosí 2.- (Patrocinio).- El abogado que suscribe este memorial se atiene al arancel del ICALP.

 

Sucre, 12 de febrero de 2020.