La pobreza estructural del país se percibe con más claridad cuando enfrentamos situaciones límite. Este es el caso de los graves desastres naturales provocados por una inusual intensidad de las lluvias que han generado crecidas en nuestros ríos y procesos de inundación y deslizamientos de tierra, con un saldo de medio centenar de víctimas mortales y centenares de miles de damnificados.

En los últimos años hemos vivido en la burbuja del éxito. El gobierno ha reiterado una y mil veces que el país no cesa de avanzar, que nuestra economía boyante es un modelo latinoamericano y que los indicadores sociales demuestran palmariamente que el combate a la pobreza arroja resultados espectaculares. Ha sido obsesiva la estrategia de demoler por comparación. Todo dato de cambio se contrasta con el periodo 1982-2006, no sólo para demostrar el movimiento cualitativo, sino para probar que la lógica de los gobernantes de la democracia era la del saqueo, el enriquecimiento ilícito, la traición a la patria vía enajenación de nuestros recursos naturales, y la exclusión sistemática de los más pobres. A fuerza de repetirse esa construcción acabó convirtiéndose en una verdad en la que creen la mayoría de los bolivianos. Pero basta un mes de lluvias intensas para volver a la realidad.

La primera tentación es decir: “la oposición enajenada le echa la culpa al gobierno hasta del mal tiempo”. “¡Llueve, gobierno ladrón!” es una célebre frase de origen italiano que describe muy bien el mundo político de los maniqueos. La segunda tentación, es decir. “Nada ha cambiado, cada vez que se producen situaciones de este tipo los gobiernos reaccionan igual de mal”. Lo que es un lugar común.

Casi todos tendemos a descubrir el agua tibia cuando, producido el daño, lanzamos una larga lista de reflexiones a propósito de la falta de previsión, del descuido en preparar al país en época seca para estar adecuadamente preparados. Hacemos un recuento de nuestras carencias de infraestructura, de la falta de equipamiento en defensa civil, etc, etc. Generales después de la derrota…

Una nación que, como Bolivia, aún tiene a la mitad de su población en la categoría de pobreza y pobreza extrema, sufre de manera mucho más dramática los desastres naturales; la razón es muy simple. Esa parte tan significativa del país vive en condiciones de gran precariedad. Habita viviendas frágiles, su acceso a los servicios básicos es difícil o inexistente. El uso de energía eléctrica es limitado, el agua potable inexistente o infrecuente, y el saneamiento básico no está a su alcance. A la vez, la infraestructura de comunicaciones viales y de los servicios instalados por el Estado central, departamental o municipal, pende en muchos lugares literalmente de un hilo, hilo que se rompe rápidamente en circunstancias como estas.

El cable a tierra que nos ha colocado en la realidad demanda dejar de lado el triunfalismo. Todos aceptamos que hay avances importantes, pero el camino por recorrer es muy largo y no se puede seguir con la feria de los espejitos de colores que –de acuerdo a la propaganda oficial- nos pintan un país de las maravillas, cuando las condiciones de pobreza, desigualdad, brecha entre ricos y pobres y la precariedad todavía mayoritaria en todos los ámbitos de millones de vidas, están lejos de haberse resuelto.

Pero está también la cuestión de los instrumentos que necesitamos para superar con éxito las emergencias y los desastres. Es el equipo terrestre, fluvial y aéreo que el Estado en sus diferentes estamento debe tener a disposición, capaz de responder razonablemente a situaciones imprevisibles y de hecho imprevistas. Es la planificación preventiva de las áreas de alto riesgo en proporción a las concentraciones de población, que permita hacer obras específicas, sean estas nuevas, sean de corrección y ampliación de los cordones de seguridad, sean de mantenimiento.

En un caso como este, la diferencia entre la actual administración y las anteriores es la disponibilidad de recursos. La relación comparativa es tan desmesurada que es lícito exigir mejores resultados que en el pasado. En términos generales el actual gobierno recibe más dinero -en relación de 5 a 1- que sus antecesores. ¿Se está orientando adecuadamente el gasto y la inversión? La respuesta contundente es no, no se está gastando ni invirtiendo bien. El gasto suntuario del gobierno se pone en evidencia en este contexto, tiene que ver con el incremento burocrático y la adquisición de bienes que no son de primera necesidad. Ocho años después, las autoridades que deciden sobre nuestros recursos deben detenerse en el camino, reflexionar a fondo y pisar el freno. Después de hacerlo, responderse sobre el modelo productivo, sobre la idea del ahorro, sobre la de la previsión y sobre el modelo en su conjunto.

La lluvia no es culpa del gobierno, pero su intensidad lo ha desnudado.