El 28 de diciembre envié una carta a Antonio Guterres Secretario General de la ONU, en la que denuncio la estrategia del MAS que pretende desconocer la flagrante evidencia del fraude electoral perpetrado por el gobierno de Evo Morales en 2019, como parte de una arremetida para seguir judicializando la política. En la carta le solicito la instalación en Bolivia de una oficina permanente de la ONU para la defensa de los DDHH.

La Paz, 28 de diciembre de 2020

Señor:

António Guterres

Secretario General

Organización de las Naciones Unidas

Nueva York.-

Ref: Hace conocer estado de situación del sistema fiscal y judicial en Bolivia.

Distinguido Señor Secretario General:

Me dirijo a Usted en mi condición de ex Presidente Constitucional de la República de Bolivia, ex candidato presidencial en las elecciones de 2019 y 2020 y actual Presidente de la Alianza Comunidad Ciudadana, la primera fuerza política de oposición con una significativa representación parlamentaria. 

Por iniciativa de la Secretaria General que Usted ejerce, la ONU está promoviendo en Bolivia una agenda de paz social y reconciliación después de la crisis política y social que vivimos en mi país, como consecuencia de las elecciones presidenciales anuladas el año 2019 debido al fraude electoral ejecutado por el gobierno del ex Presidente Evo Morales Ayma, que fue comprobado por la auditoría de la Organización de Estados Americanos, auditoría avalada por la Unión Europea.

Esta agenda de paz social y reconciliación tiene su principal obstáculo en la manipulación del sistema fiscal y judicial que hace el actual partido de gobierno, el Movimiento al Socialismo (MAS), manipulación que se inició y ejecutó durante los casi catorce años de gobierno del ex Presidente Morales. Esta situación ha criminalizado la vida política boliviana, eliminando y/o neutralizando a la oposición democrática, con un expreso afán de hegemonía contrario al principio de pluralismo, respeto a las minorías y balances y contrapesos en el ejercicio del poder.

En los hechos Bolivia vive ya tres lustros con un Ministerio Público y un Órgano Judicial que dependen de Poder Ejecutivo, vulnerando el principio republicano fundamental de independencia de poderes. 

El 14 de diciembre una Jueza cautelar anuló ilegal y arbitrariamente el proceso penal por delitos electorales que en conjunto constituyeron el fraude electoral en las elecciones de 2019, iniciado por una denuncia que hice en contra del ex Presidente Morales y sus principales colaboradores. Dicha acción judicial busca eliminar la evidencia del mencionado fraude electoral.

Estas decisiones fiscales y judiciales a favor de ex altas autoridades del Movimiento al Socialismo, que desconocen el fraude comprobado por la auditoría de la OEA, no son producto de una mera casualidad o coincidencia, forman parte de un plan deliberado para utilizar la falsa premisa de un inexistente golpe de Estado, como un mecanismo de persecución penal contra los principales referentes de la oposición política, generando nuevamente escenarios de polarización, con grave riesgo para la paz y la reconciliación. 

Es significativo, en este contexto, que la iniciativa del Ministro de Justicia del gobierno del Presidente Luis Arce, de llevar a cabo una Reforma total del Órgano Judicial, que aparecía como un gesto inédito en la larga administración del MAS de abrir un diálogo con la oposición y construir un acuerdo nacional para ese objetivo, ha quedado congelada por el propio gobierno que la propuso, generando otro elemento más de grave preocupación sobre el futuro de nuestra democracia.       

Con estos antecedentes, me parece urgente, y tengo a bien poner a su considerasción, que la ONU instale en Bolivia una oficina o representación permanente para la defensa de los derechos humanos, con un encargado o responsable con amplia experiencia en los problemas derivados del control por parte del Ejecutivo de los sistemas fiscales y judiciales, que carecen en los hechos de independencia e imparcialidad. También sería de mucha utilidad que la ONU gestione una visita de campo, con expertos que comprueben los indicios reveladores de esta situación y puedan recomendar las medidas más adecuadas para su solución.

Aprovecho esta oportunidad para expresarle la seguridad de mis consideraciones más distinguidas.

Carlos Diego de Mesa Gisbert

Ex Presidente de Bolivia

Presidente de la Alianza Comunidad Ciudadana