Cuando el 19 de marzo de 2017 carabineros chilenos detuvieron a nueve funcionarios bolivianos en la frontera, pareció profundizarse de manera irreversible una situación bilateral que estaba ya enrarecida con la Demanda planteada por Chile en el caso de las aguas del Silala y el clima de beligerancia verbal entre las principales autoridades de ambas naciones. Si se hacía entonces un análisis comparativo, el momento sólo parecía comprable a las rupturas de relaciones diplomáticas de 1962 y de 1978.

La decisión del Presidente Morales y su gobierno de iniciar una Demanda internacional contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por el tema del mar, abrió una fase nueva en la historia de nuestras complicadas y frecuentemente desencontradas relaciones con el vecino del sur. Esa acción marcó un giro que dirigió correctamente las consistentes iniciativas históricas bolivianas para reivindicar nuestro derecho de una salida soberana al Pacífico y, por supuesto, remeció la lógica con la que Chile había tratado la cuestión boliviana hasta entonces.

El nuevo escenario tuvo dos fases. La primera se comenzó en 2013 con la presentación de los documentos iniciales de la Demanda en La Haya y se cerró con el categórico fallo de la CIJ en 2015, que rechazó la Demanda Preliminar de Incompetencia presentada por Chile. La segunda, en pleno desarrollo, ha estado marcada, particularmente en el último año, por una creciente tensión con componentes como el ya mencionado tema del Silala, la denuncia de Bolivia ante la Aladi por el reiterado incumplimiento del derecho de Libre Tránsito de Bolivia en puertos chilenos y las sucesivas trabas en el comercio internacional boliviana en la ruta Tambo Quemado Arica, por la vía de cargas burocráticas o paros aduaneros en el lado chileno. Estos acontecimientos contribuyeron a la ebullición de la tensión verbal entre las partes. Todo apuntaba a un cierre de puertas a cualquier espíritu de diálogo en el presente y el futuro inmediato.

Es en ese contexto que se produjo la mencionada detención de nuestros compatriotas. El panorama era tan preocupante que parecía comprometer cualquier expectativa de encarar en un ambiente razonable el fallo definitivo de la CIJ que se conocerá probablemente en 2018. Cuando el 7 de julio fueron detenidos dos carabineros chilenos en nuestro territorio, apenas diez días después de la liberación de los militares y aduaneros bolivianos, el episodio pudo ser la cereza en la torta de una camino irreversible a la confrontación. Pero fue precisamente esa peculiar circunstancia la que permitió un cambio de eje. El Presidente tomó la oportunidad al vuelo e hizo lo que las autoridades chilenas se habían negado a hacer en un caso equivalente, usó la política y la diplomacia. Antes de cualquier acción que judicializara el tema, decidió devolver a los carabineros después de una breve   detención en el contexto de un trato correcto a ambos. A tiempo de entregarlos a las autoridades chilenas, propuso la reiniciación de un diálogo bilateral en temas de frontera, que estaba interrumpido desde 2011. Chile aceptó la propuesta inmediatamente y se marcó una fecha para la primera reunión binacional en cinco años y medio.

El talante de los protagonistas de ese primer encuentro en Santa Cruz fue distendido y amable, oxigenando el aire enrarecido acumulado en los últimos años. Muchos –entre ellos las propias autoridades chilenas- subrayan que se trata sólo de un acercamiento en temas menores. Es probable, pero lo que está claro es que la acción del Primer Mandatario abre una oportunidad que, más allá del hecho objetivo de haber reanudado por fin un vínculo que en el pasado había sido permanente a pesar de la ruptura de relaciones, permite recomponer lazos. Si a este acontecimiento, que buscará resolver con claridad las cuestiones de fronteras (que incorporan muchos aspectos técnicos y económicos), se suma un cambio de tono en la forma de referirse a cualquier discrepancia que pudiera producirse en el futuro sobre los dos asuntos más álgidos estacionados en La Haya, es posible reformular la forma y el fondo de lo que tanto Chile como Bolivia harán en la transición entre el gobierno de Michelle Bachelet y el del próximo inquilino de La Moneda.

El secreto de un futuro de buena vecindad y de la resolución definitiva de nuestras profundas diferencias, está en que recibamos las decisiones de la CIJ con el espíritu de nuestra propia Demanda: voluntad política, buena fe, proposiciones razonables y, lo más importante, disposición mutua de resolver por la vía de la negociación el injusto enclaustramiento marítimo de Bolivia.

Tomar este momento como un punto de inflexión es lo que cabe.