17 de Octubre de 2003

todos santos

La primera obligación de un Estado democrático es garantizar la vida de sus ciudadanos. Valor sagrado, derecho humano fundamental, objetivo superior que todo lo justifica.

El 17 de octubre de 2003 llegué a la presidencia del país apoyado en una frase: “No estoy dispuesto a matar”, consciente de que debía terminar un enfrentamiento que había quebrado el vínculo entre el poder constituido y la base de la sociedad.

El día de mi posesión, cuando nadie podía prever el desenlace de una crisis que había cobrado sesenta y siete vidas y provocado centenares de heridos, escogí abrir las puertas a un cambio que recompusiera la quebrada relación Estado-sociedad. Estaba claro que en esos tiempos aciagos terminaba una etapa de la democracia y comenzaba otra. Más que eso, se vivía un momento que estaba transformando la historia republicana de Bolivia.

Las premisas que guiaron mi acción presidencial en casi dos años de gobierno se pueden resumir en unos pocos pero muy claros desafíos: 1. Pacificar el país y recuperar la idea de la vida como valor sagrado, respetando a rajatabla los derechos humanos. 2. Reformar la Constitución para: incluir mecanismos de participación democrática. 3. Convocar a una Asamblea Constituyente. 4. Convocar a un Referendo que cambie la política nacional sobre hidrocarburos. 5. Iniciar el camino hacia las autonomías. 6. Superar la aguda crisis económica -expresada en el 8% de déficit fiscal que heredé- que haga posible encarar de manera razonable las tareas políticas propuestas.

Este programa urgente se debía hacer y de hecho se llevó adelante, en medio de un grave problema de anomia social y el ejercicio de presiones desmesuradas no sólo de la base social, sino de fuerzas políticas, empresariales y sindicales cuyo objetivo era la desestabilización del gobierno sobre diversas hipótesis y evidentes intereses personales y de grupo, que de manera irresponsable volvieron a colocar a Bolivia al borde de una nueva confrontación violenta.

Contra viento y marea encaramos esos objetivos con un grupo de valientes compatriotas que me acompañaron. Respetamos rigurosamente los derechos humanos, respondiendo con proporción y responsabilidad las movilizaciones, presiones en las calles y provocaciones de toda índole. Reformamos la Constitución. Llevamos adelante con éxito el Referendo de hidrocarburos que recuperó la propiedad de nuestros hidrocarburos, refundó YPFB e incrementó los impuestos (la creación del IDH y la propia “nacionalización” de 2006, fueron producto directo e inequívoco del Referendo). Convocamos a la Asamblea Constituyente con un proyecto de Ley sistemáticamente bloqueado por el Parlamento, igual que el camino hacia la autonomía que, a pesar de todo iniciamos con un decreto que convocó a la elección directa de prefectos. En dos años redujimos el déficit hasta algo más del 2%, logramos un crecimiento cercano al 4% y duplicamos las exportaciones. Finalmente, retomamos la política marítima que volvió a la multilateralidad, expresada en nuestra vigorosa posición en la Cumbre de las Américas de Monterrey.

No tengo la menor duda de que nuestra decisión de recoger las llamadas agendas de octubre y junio, que no eran otra cosa que exigencias con sentido de la historia que hacía Bolivia desde las calles del occidente y oriente, las convirtieron en políticas de Estado vigentes hoy. Fue la combinación de un claro respeto a la vida con la vocación de hacer un cambio estructural, la que permitió que a partir de 2006 comenzara un nuevo tránsito histórico del país, apoyado en dos columnas fundamentales que nuestro gobierno no tenía: el incuestionable poder de una votación popular que le dio a Evo Morales el 54% de los votos, y el carácter simbólico de haberse convertido en el primer Presidente indígena en la historia del país.

Tanto nuestro Referendo como la convocatoria a elección de autoridades departamentales fueron producto de una convicción, la que te da el aprendizaje de la realidad política, la que te da una relectura de los desafíos de una democracia que no es estática y que no se puede leer sólo a partir de concepciones académicas o abstractas, las de un “deber ser” que se estrella no solo contra la historia sino contra la decisión de la mayoría.

En esa tarea cometí errores provocados en buena parte por mi falta de experiencia política, pero ciertamente mi renuncia del 6 de junio de 2005 no fue uno de ellos. Reivindico con vigor esa decisión como un acto de valentía, la del respeto a la vida, la de no estar dispuesto a anteponer el poder sobre la paz, más aún con la traumática experiencia de octubre de 2003 (que muchos pretenden olvidar cuando me juzgan).

El 17 de octubre de 2003 es un día imborrable de la historia del país. Marca un antes y un después, define el perfil que Bolivia comenzó a dibujar a partir de ese momento. Un día que pudo haber rematado en sangre ese proceso y que, en cambio, fue encarado en el marco de los valores democráticos vigentes, no como un cascarón instrumental sino como una convicción íntima.

Fue, por todo ello, el día más importante de mi vida pública.

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6 pensamientos en “17 de Octubre de 2003

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  2. C. Mesa “no llegó al Gobierno en un país al borde del cataclismo, después de dos meses de violencia sostenida, con un saldo de 67 muertos y casi 400 heridos”. Mesa fue parte de ese mismo Gobierno, y mientras fue Vicepresidente de GSL (lógicamente antes de incurrir en abandono de funciones la semana del 13-17 de Octubre/2003) es y será corresponsable con GSL (y otros) por todo su Gobierno.

  3. En Octubre de 2003 se perpetró un Golpe de Estado a un Gobierno constitucional (el último por cierto) del llamado periodo democrático, que conllevó al súbito escape del entonces Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (GSL), la consiguiente asunción de su Vicepresidente Carlos Mesa* y el acaecimiento de una serie de concausas.

    Empero lo que a partir de ese momento se obvió y/o desconoció (dolosa o culposamente) es el hecho de que los entonces funcionarios públicos y trapecistas políticos tomaron como existente (la figura de) la “renuncia” de GSL, y con ella dieron curso a una serie de sucesiones Presidenciales, no necesariamente constitucionales. De hecho, en 2005 se evidenció cómo alborotadores sociales y congresistas de la entonces oposición (hoy oficialismo) fraguaron para que la sucesión (in)constitucional se ocurriera como efecto del desistimiento coaccionado/provocado de los entonces Presidentes de la Cámara de Senadores (H. Vaca Diez) y Diputados (M. Cossio) respectivamente, y así hacerla recaer en el entonces Presidente de la Corte Suprema de Justicia quien prometiera “permanecer en el cargo” bajo la condición de convocar a elecciones anticipadas y con ello seudo-legitimar/seudo-legalizar a los sediciosos de 2003.

    Ahora bien, retomando la “renuncia” como el primo vicio, debe señalarse que en el Artículo 93º de la Constitución Política del Estado de 1967 (así como en la C.P.E. vigente) no le estaba permitido al Presidente de la República (GSL) “renunciar”, menos considerar su provocada ausencia como “renuncia” (de hecho). Ya que más bien, como el caso ameritaba, se debió haber verificado, sumaria y congresalmente, si la figura del impedimento (absoluto y/o permanente) exigido por el orden público constitucional, había sido satisfecha y probada. Dicho requisito (impedimento) establecido en el parágrafo I del mismo Art., el único aplicable por analogía legis como causal de “vacancia”, exigía su necesaria comprobación para generar el efecto jurídico legítimo de la asunción de la Presidencia por el Vicepresidente de la República.

    En el mismo orden de ideas, obviamente, tal impedimento comprobado podía ser absoluto o relativo, total o parcial. Por lo que el Vicepresidente Carlos Mesa debió haber convocado a sesión del Congreso de la República de Bolivia, para sumariamente, poner a consideración del pleno el hecho de si el requisito de orden público constitucional denominado “impedimento” había sido satisfecho o no.

    Asimismo, debe recordarse que la ausencia del Presidente (GSL) fue provocada por el Golpe de Estado, y si -inclusive- considerásemos la ausencia como “renuncia”, ésta tampoco podría ser procedente hipotéticamente. Puesto que el consentimiento es “la libre manifestación de la voluntad conforme”, y éste se vicia insubsanablemente cuando se lo obtiene como efecto de la coacción (individual, colectiva y/o conjunta), de las amenazas o la violencia, haciendo del acto supuestamente consentido, un vulgar acto nulo.

    Bajo tales premisas, el hecho de que en nuestro sistema jurídico constitucional no existiere la figura jurídica de la “renuncia”, empeorado por el hecho de que una inexistente “renuncia” fuere además supuestamente “consentida” como efecto de violencia, intimidación y/o amenazas (individuales y/o colectivas), son evidente y científicamente, dos concausas de nulidad absoluta e insubsanable del “supuesto acto de renuncia” de Sánchez de Lozada.
    _______________________________
    *Mismo que inmediatamente a su asunción como Presidente amnistió a una masa indeterminada denominada “sectores sociales” (que distaron de serlo), por su reacción de supuesto “descontento social” (o Golpe) para con el entonces Gobierno del cual formó parte siendo Vicepresidente.

    El entonces Presidente Carlos Mesa fundamentó su amnistía en contraposición a la Ley N. 2494 (Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana) de Agosto de 2003 puesta en vigencia siendo él Vicepresidente de Sánchez de Lozada.

    Con ello, el Órgano Ejecutivo, por medio de un “Decreto de amnistía”, usurpó competencias de Tribunal Constitucional para valorar/calificar de “delitos políticos” o “no políticos” a lo presupuesto en una Ley N. 2494 emanada del Congreso de la República. ¿Tuvo facultades legislativas y/o tribuno-constitucionales para así hacerlo? ¿Con qué facultades declaró ipso facto “inconstitucional” la Ley N. 2494?

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  5. El historiador no estuvo a la altura del momento histórico. El historiador ignoró la sangrienta historia del kollasuyo, de los discordes en concordia, del virreinato, del Alto Perú, y de la Republica y dijo: “No estoy dispuesto a matar.” Hubo no solo ignorancia de nuestra historia, sino también de lo que significa ser un líder en tiempos de crisis. (Esperemos que esto fué por su ingenuidad y no a lo referido por las más recientes declaraciones del zorro.)

    Ser Inca, Emperador, Rey, o Presidente significa tomar decisiones de vida o muerte. Un líder cotidianamente toma decisiones que salvan vidas o las termina. El elegir, como los economistas dicen, entre mantequilla o cañones significa que ciertas personas morirán y otras vivirán y esto es el tipo de decisión que uno tiene que estar dispuesto a tomarlas como líder. Esto es lo que acarrea la responsabilidad de asumir el liderazgo de un pueblo y particularmente en tiempos de crisis. No solo la espada de Damocles pesa sobre la cabeza del soberano, sino también el peso de la corona misma.

    En el caso particular Bolivia, si uno quiere liderar al país, necesariamente correrá sangre. Como nuestro Robespierre andino comentó, la tradición de debatir lógicamente es una costumbre de “caballeros occidentales,” nuestra tradición es la del Tinku. La historia universal también nos muestra que ningún cambio o revolución ocurrió sin sangre.

    Que nuestro anfitrión no haya estado dispuesto ha matar, simplemente demuestra que no estaba dispuesto a gobernar. Esta declaración solo resultó en señalarle a la turbe la manera más fácil de derrocarlo: una gota de sangre. Pañuelos blancos y discursos floridos no pueden contra el carmín líquido y la hiperpropensidad de los mineros de sacrificar sus vidas.

    La breve administración de nuestro anfitrión resultó en la muerte de la República: el fracaso más espectacular y catastrófico de nuestra historia republicana. Algo que es aun más triste cuando se recuerda que el historiador gozaba de niveles de apoyo históricos y SUPERIORES al 54% cuando asumió el poder. Los “logros” que se señalan fueron efímeros y consuelo de tontos.

    El 17 de octubre de 2003 era un momento en que el país necesitaba un líder que estuviese dispuesto a hacer lo necesario para salvar Bolivia. Las tormentas del momento llenaron de fango el terreno político y sin embargo el historiador e intelectual prefirió no enlodar su camisa blanca. Durante los días negros de octubre, Bolivia necesitaba ser salvada, necesitaba un nuevo pacto social, sin embargo no hubo nadie que estuviera a la altura de la historia.

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