La Legalidad de los Victoriosos

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Publicada el 5 de mayo de 2013 en Página Siete, Los Tiempos, Correo del Sur y El Potosí

Muy pocos podrán decir que la decisión del Tribunal Constitucional de dar luz verde a la reelección del Presidente los ha sorprendido. No, lo sorprendente hubiese sido el fallo contrario.

Rápidamente, los militantes y simpatizantes masistas han esgrimido su arma ganadora. “Así que el Tribunal es bueno cuando sus fallos agradan a la oposición y es malo cuando la disgustan”. Hacen referencia al fallo que descalificó la retroactividad de la Ley Quiroga Santa Cruz y a la sentencia que dijo que la suspensión por simple acusación contra autoridades electas por voto popular vulnera derechos fundamentales. Argumento que parecería conducir a la absurda conclusión de que si un tribuno emite un buen fallo, de allí en más todos sus fallos serán impecables.

Aquí no está en cuestión lo que no puede estar en cuestión. El Tribunal Constitucional es una institución legal con atribuciones inequívocas y, en consecuencia, sus fallos deben ser acatados y cumplidos. Es lo que como ciudadanos debemos hacer, lo que dista mucho de aplaudir sus errores y menos aún celebrar una aberración jurídica como esta.

No es vano recordar ahora que el punto de partida de esta legalidad fue la elección por voto popular de todo nuestro sistema judicial. Una elección que por su concepción y por el proceso que la hizo posible (la preselección de los candidatos en manos de una Asamblea Legislativa controlada totalmente por el MAS), perdió toda legitimidad. El pueblo boliviano se expresó entonces con total claridad. El 40% votó nulo y casi el 20% votó blanco. Sólo el 40% de los votos fueron válidos. Además, el promedio de votación obtenido por más de medio centenar de candidatos estuvo en el rango del 5% a 8%, por cada uno. Es prácticamente imposible un resultado tan contundente en contra de la forma de elección y de los postulantes. A pesar de ello el gobierno impuso –dado que controla también al Poder Electoral- a los ganadores, e hizo que se posesionaran.

El objetivo más importante del partido de gobierno es su perpetuación en el poder, que pasa inexcusablemente por habilitar por siempre al Presidente Morales como candidato. Esa premisa debía hacerse realidad por el camino más expedito, la consulta al Tribunal Constitucional.

¿Cuáles eran los escollos? Un acuerdo solemne firmado en 2008 por gobierno y oposición que viabilizó la nueva Constitución. ¿Cuál fue el precio que cobró la oposición? Que en ese acuerdo el gobierno se comprometiera a reconocer que el mandato 2006-2009 de Morales era el primero y, en consecuencia, el actual mandato al ser el segundo, inhabilitaba a Morales a volverse a postular en virtud del artículo 168 de la CPE. Ese acuerdo “solemne” quedaba sellado por el candado de la Disposición Transitoria primera parágrafo II de la Constitución y complementariamente por el Código Electoral que negaba explícitamente la posibilidad de una segunda reelección. Por si fuera poco, el propio Presidente hizo una emotiva declaración en la plaza Murillo que los medios han pasado hasta el cansancio en las últimas semanas, asegurando que no se volvería a postular después de 2009, ya que él no tenía ambición alguna de eternizarse en el poder.

¿Cómo tener dudas ante garantías tanto escritas como por la palabra de honor empeñada por el primer y segundo mandatarios de la Nación?

La vida real, sin embargo, cada vez tiene menos que ver con esos valores esenciales. La “estrategia envolvente”, que diría el Vicepresidente, era la vía para romper la CPE, el Código Electoral, el Acuerdo firmado y la palabra comprometida. En realidad el término es una forma alambicada de decir: “El poder total que tenemos y seguiremos teniendo es nuestra razón. La nueva postulación se hará porque nuestra fuerza así lo permite”. A fin de cuentas, ya hubo alguien que dijo que la victoria es la razón suprema y que ante ella no nos cabe otra cosa que agachar la cerviz. Nada que no supiéramos y que no estemos experimentando desde hace casi ocho años.

Pero a pesar de que el gobierno nos hizo saber que esa es su ética, la oposición -una vez más y van muchas- actuó con la mezquindad que le es característica. Discursos deshilvanados, incapacidad de buscar un denominador común mínimo en defensa de los valores y derechos democráticos esenciales, falta de deseos reales de buscar unidad, declaraciones fragmentadas y a destiempo, falta de poder de convocatoria y algo peor aún si cabe, la decisión de morir solos antes que intentar dar una batalla por el interés de todos.

De ese modo el argumento del Tribunal que apela a que como Bolivia se ha “refundado” la Bolivia muerta carece de vigencia jurídica, es irrelevante. Podía haber sido cualquier otro. Finalmente, falló en favor de Morales y punto.

Ahora sabemos que estamos librados a nuestra suerte y que es el poder supremo el que decide qué parte de la CPE corresponde a la “Bolivia refundada” y qué parte a la “Bolivia desechada”. Es lo que hay.

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9 pensamientos en “La Legalidad de los Victoriosos

  1. Fuera del hecho que la Resolución (declaración) sobre la “constitucionalidad” de le re-reelección, técnicamente, -aun- NO EXISTE, pues falta que el TCP RESUELVA, NOTIFIQUE (a las partes), y ARCHIVE, para recién publicitarse en la Gaceta Constitucional (que se actualiza diariamente en la web del TCP), estudiemos lo que ILÍCITAMENTE (reitero) adelantaron como contenido de una -aun- INEXISTENTE RESOLUCIÓN.

    Solo un “idiota” (en la acepción griega-clásica por cierto), pudo haber esperado algo distinto al “voluntario error” del Tribunal IN-Constitucional Plurinacional (TCP), con respecto a la re-reelección Presidencial de Evo Morales y su anexo político García Linera. Los previsibles ‘MASistrados’ no nos decepcionaron, por el contrario, satisficieron a cabalidad nuestras expectativas.

    El TCP evidenció su servilismo político, al señalar en uno de los fundamentos de su fallo -arteramente-: “El art. 168 de la CPE, prevé que el Presidente y Vicepresidente elegidos por primera vez a partir de la vigencia de la Constitución, están habilitados para una reelección por una sola vez de manera continua.” (subrayado propio). Esto, extractado textualmente de la Ley de Aplicación Normativa redactada por el oficialismo.

    El TCP no citó textualmente el Art. 168 de la CPE a conveniencia política, pues copió y pegó, patética y servilmente, la redacción (e interpretación) de la Ley de Aplicación Normativa del oficialismo, porque de no hacerlo así, no hubieran podido inventarse lo de “a partir de la vigencia de la Constitución”. Ya que el tenor literal del texto constitucional del Art. 168 ordena: “El periodo de mandato de la Presidenta o del Presidente y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua.” Ni una coma de más, ni referencia alguna al amañado “por primera vez a partir de la vigencia de la Constitución”, eso simplemente no existe.
    De hecho, cabe señalar que el TCP incumplió con su deber constitucional impuesto por el Art. 196 par. II, de “aplicar como criterio de interpretación, con preferencia, la voluntad del constituyente, de acuerdo con sus documentos, actas y resoluciones, así como el tenor literal del texto.” El TCP actuó ilícitamente, sin justificativo jurídico alguno.
    Por un lado, el TCP por satisfacer apetitos políticos, no aplicó como criterio de interpretación “la voluntad del constituyente”. De haber aplicado la “voluntad del constituyente”, el TCP hubiera estado obligado a respetar las modificaciones introducidas entre “gallos y media noche” por el Congreso Nacional de 2008, mismas que prohibían la re-reelección.
    Por otro, el TCP tampoco aplicó como criterio de interpretación el tenor literal del texto. En aplicación del parágrafo II de la Disposición Transitoria Primera en concordancia con el Art. 168 de la CPE de 2009, los plurinacionales (se) impusieron que el primer período de ejercicio de las funciones de Presidente y Vicepresidente (completo o incompleto, indiferentemente), iniciado el 22 de enero de 2006 bajo el imperio de la CPE de 1967 y fenecido prematuramente (no por disposición de la CPE de 1967, sino más bien por imperio de la última línea del parágrafo I de la misma Disposición Transitoria Primera de la CPE de 2009), fuere computado como el primer periodo de ejercicio de las funciones de Presidente y Vicepresidente de Evo Morales y Álvaro García, a los fines de la aplicación del nuevo sistema establecido por la CPE de 2009.

    Por tanto, bajo tales evidencias, se puede colegir que el TCP incumplió su deber constitucional de “aplicar como criterio de interpretación, con preferencia, la voluntad del constituyente, así como el tenor literal del texto” y LEGISLÓ POSITIVAMENTE USURPANDO FUNCIONES y HACIENDO NULO su acto (Declaración Constitucional Plurinacional 003/2013, y la Resolución oficial, respectivamente), con el único fin de satisfacer los insaciables apetitos de los pseudomonarcas plurinacionales, Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera.

    Empero, con semejante acción ilícita, el Órgano Judicial Plurinacional y el TCP se suicidaron cuando apenas habían nacido, y asesinaron la confianza ciudadana en ellos.

  2. Según el portal oficial del Tribunal Constitucional Plurinacional, el estado del expediente N. 02856-2013-06-CCP, que corresponde a la Consulta sobre el Proyecto Ley de Aplicación Normativa, figura como: EXPEDIENTE EN PROCESO “con Elaboración de Proyecto de Resolución”. Es decir que, la Resolución (declaración) sobre la “constitucionalidad” de le re-reelección, técnicamente, -aun- NO EXISTE. Pues falta que el TCP RESUELVA, NOTIFIQUE (a las partes), y ARCHIVE, para recién publicitarse en la Gaceta Constitucional (que se actualiza diariamente en la web del TCP).

    Los MASIStrados del Tribunal IN-Constitucional Plurinacional, de forma ILÍCITA, adelantándose a la expedición de una Resolución oficial, confesaron (liberaron) el contenido FAVORABLE AL OFICIALISMO, que tendrá la Resolución. El TCP no pudo haber adelantado su veredicto, si su expediente está en proceso, en plena “elaboración del Proyecto de Resolución.”

  3. Hace un tiempo atrás, el servidor público plurinacional, Evo Morales, confesó -textualmente- : “Por encima de lo jurídico, yo he aprendido, es lo político…yo a veces, cuando algún jurista me dice ‘Evo te estas equivocando jurídicamente, eso que haces es ILEGAL, yo le meto por más que sea ILEGAL, después les digo a los abogados ‘si es ILEGAL, LEGALICEN USTEDES, para qué han estudiado’.”

    Hoy podemos constatar que, los abogados a los cuales Morales se refería como los “legalizadores de lo ilegal”, son -pues-: LOS JUECES, LOS MINISTROS (TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA), MAGISTRADOS (TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL), Y LOS FISCALES (MINISTERIO PÚBLICO)

    Ese ese el staff “jurídico” plurinacional que “legaliza lo ilegal”, a gana y gusto del servidor público Evo Morales y sus huestes.

  4. EL TCP NO PUEDE “DEROGAR”/MODIFICAR LA CPE. EL TCP ACTUARÁ COMO “LEGISLADOR POSITIVO”, SIN FACULTAD ALGUNA:

    El Tribunal IN-Constitucional Plurinacional, adelantando el contenido de una Resolución -aun- TÉCNICAMENTE INEXISTENTE (Declaración Constitucional Plurinacional 003/2013), PRORROGARÁ INCONSTITUCIONALMENTE EL PLAZO (de “cuatro años desde la elección del nuevo Órgano Ejecutivo”) PARA LA RATIFICACIÓN O DENUNCIA DE LOS TRATADOS, ESTABLECIDO EN LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA NOVENA DE LA CPE.

  5. Es importante la siguiente aceveración de Carlos Mesa y vale la pena resaltarla “…la oposición -una vez más y van muchas- actuó con la mezquindad que le es característica. Discursos deshilvanados, incapacidad de buscar un denominador común mínimo en defensa de los valores y derechos democráticos esenciales, falta de deseos reales de buscar unidad, declaraciones fragmentadas y a destiempo, falta de poder de convocatoria y algo peor aún si cabe, la decisión de morir solos antes que intentar dar una batalla por el interés de todos”.

  6. Mas allá de cualquier consideración legal o ética, sorpresa o no, o cualquier análisis sobre la decisión del Tribunal Constitucional, debemos concluir que lamentablemente en Bolivia la forma de hacer política no ha cambiado nada, hoy como antes, “La legalidad de los victoriosos” sigue siendo el mejor de los argumentos para que las elites políticas impongan en el país sus ideas e intereses, antes de 1982 los victoriosos fueron los tantos gobiernos militares que nos dirigieron desde el Palacio Quemado, desde 1982 hasta la fecha, en nuestra “Democracia participativa” con los constantes pactos para obtener la mayoria absoluta en el Congreso, lo unico que siempre se hizo, fue defender e imponer los intereses de la clase política dominante que detenta el poder

  7. El hecho es, que lo único que parece quedar es despotricar contra los magistrados, el sistema judicial, la interpretación normativa, etc, etc. Pero toda la carga dramática y los criterios fatalistas serían completamente innecesarios si hubiera por asomo alguna alternativa a la actual gestión de gobierno, pero todo parece indicar que una vez más la mezquindad y el egoismo de los detractores circunstanciales será lo único que tengan para ofrecernos.

    No hay que olvidar tan fácil que Evo está donde está porque la gente en su mayoría así lo decidió, y será esa misma gente la que ponga a alguien diferente en la Silla siempre que otra propuesta logre seducirlos(nos) más.
    Pero será que hay alguien a la altura del desafío ??? (si sí, pues a laburar; y si no, pues a seguir despotricando XD)

    • No voté nunca por Evo Morales pero estuve presente en La Paz para celebrar su primera victoria y escuchar con gusto que él, que ellos nunca tomarían revancha contra nadie y que comenzaba un cambio con unidad y tolerancia. La ilusión duró poco.
      No es también mezquino y egoísta que un partido –y sus seguidores– que tienen el poder y una representación parlamentaria mayoritaria no permitan la participación en el poder de las minorías representadas en el mismo parlamento? ¿Qué fue de los representantes del Tipnis y el Oriente? ¿Qué es más tolerante y democrático? ¿Una mayoría que excluye a una minoría o una mayoría que incluye a una minoría sin coerción? ¿No es una contradicción que el partido con mayoría parlamentaria que dice representar la pluralidad de voces del país no permita pluralidad de pensamiento y opinión? Imaginando que el MNR y Goni hubieran tenido una mayoría parlamentaria 2/3, se hubiera permitido sin quejas que eligiera a todos los miembros de la corte de justicia, a todos los de la corte electoral, que tuviera muchos y variados indicios sin investigar de cometer una gran parte –o quizás todos– los delitos existentes en el código penal? ¿Es democrático que Otro aparezca a la “altura” con 2/3 y aplaste al resto? ¿No parece una mejor muestra de unidad e igualdad la concertación de muchos, distintos y libre-pensantes? Y si es tan democrático e igualitario que deje de hacerse tanta desigual publicidad y propaganda, que ni siquiera la capitalista Coca-Cola se hace tanta.

  8. La institucionalidad está fuertemente ultrajada, si analizaríamos el contexto, estaríamos ante la excumulgación de la soberanía del pueblo (aunque minorías), tal cual lo profesaba Rousseu….”La Democracia incluyente y plural, es aquella que toma en cuenta la voz, voto y opinión de los menos”……Hacia dónde iremos?, queda la larga y tosca espera de que por lo menos, se respete nuestro voto, puesto que así como el Tribunal Constitucional perdió legitimidad, me imagino en un Poder Electoral parcializado por un Gobierno que domina los poderes del Estado a gusto y sabor, al mejor estilo de una oligarquía neoliberal.

    El artículo 168 de la CPE aprobada en grande por el partido de turno, es muy clara, además, si inluímos las Disposiciones Transitorias (Primera III.), no permite mayores interpretaciones, ni discusiones, empero, conociéndo la manera de proceder del Gobierno de legalizar lo ilegal, nos emprenderemos a viejas mañas endémicas que obtuvimos desde la creación de la República en 1825, el desorden, la envidia, el vitaliciarse en el poder, la corrupción, la escisión del pueblo y la eliminación de los que piensan distinto…..

    Finalmente, recuerdo a Mariano Baptista Gumucio, señalaba al demonio de Los Andes, como la reencarnación de Maquiavelo, se darán cuenta que hoy en día, en pleno siglo XXI, tenemos a la personificación del mismo, en el gobierno….A dónde llegaremos???….

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