Publicada el 14 de abril de 2013 en Página Siete, Los Tiempos, Correo del Sur y El Potosí

En la parte boliviana del Lago Titicaca es imprescindible cruzar las aguas que lo dividen, para unir La Paz y la región de Huarina, Batallas, Achacachi y Pucarani con la península de Copacabana. Como es lógico, el paso se hace por el lugar más corto, el estrecho de Tiquina que tiene 780 metros de extensión.

Desde siempre se han usado barcazas para transportar vehículos y lanchas para personas, lo que ha generado una actividad económica significativa, la más importante para los pobladores de San Pedro y San Pablo de Tiquina. Se trata, sin embargo, de un procedimiento que no por pintoresco es acorde con los requerimientos de hoy.

Por esa razón tan evidente se propuso construir un puente que una ambas poblaciones y resuelva de modo expeditivo la conexión con Copacabana. Hace medio siglo, en un contexto tecnológico, de desarrollo incipiente y de tráfico menos que moderado, la idea no pasó de serlo, se consideraba un desafío tecnológico muy grande y de un costo muy elevado. Hoy, por el contrario, se trata de una obra perfectamente realizable, económicamente viable y tecnológicamente sencilla.

Pero, en algunas partes de Bolivia la palabra sencillo, la palabra solución y el concepto bien común, no son necesariamente los que rigen nuestro comportamiento colectivo. Hace ya algún tiempo los balseros de Tiquina decidieron por sí y ante sí que el interés del Departamento de La Paz y el del país entero, considerando que el Lago es uno de nuestros principales destinos turísticos, vale menos que sus intereses. Nadie duda que la construcción del puente debe ir acompañada de un proyecto sostenible que ofrezca ingresos alternativos y ciertos a los balseros, a la vez que, sea cual fuere esa opción, habrá un costo que estos deberán afrontar inevitablemente. La ecuación, aún así, no presenta duda alguna al Estado. La construcción del puente es un imperativo.

El mecanismo del bloqueo, el ultimátum, la huelga, las negociaciones impuestas por la coerción, la violencia, en suma…es la respuesta de los afectados. El resultado es que ni siquiera el gobierno indígena del Presidente Morales se atrevió hasta hace pocos días tomar el toro por las astas. Conclusión: Todavía no hay puente.

Uno pensaría que en este tema la ruta de la irracionalidad tenía en los pobladores de Tiquina (que impideron hace ya muchos meses el acceso a la península) su punto culminante, pero el país siempre ofrece mecanismos nuevos, imaginativos e imprevisibles para superar todo límite que esté reñido con el buen sentido.

Pobladores organizados de la provincia Manco Kapac bloquearon de manera total los accesos a Copacabana demandando la construcción no de uno sino de tres puentes. Si en Tiquina bloquearon para no construir un puente de 780 metros, los pobladores de la región lacustre que va desde Kehuaya hasta Santiago de Ojje bloquearon exigiendo que se construyan ¡tres puentes con un total de 7.000 metros (siete kilómetros) de extensión!

El razonamiento, si de ello podemos hablar, es que ya que los de Tiquina no querían un puente por el estrecho, se debían hacer tres puentes que unan Kehuaya con la isla de Suriqui, la isla de Suriqui con Taquiri y Taquiri con Santiago de Ojje, y todos tan contentos. No, no todos tan contentos. Los bloqueadores le pedían al Presidente que gaste cerca de quinientos millones de dólares, en vez de gastar algo menos de ochenta para satisfacer dos caprichos, el de los balseros de Tiquina que no querían un solo puente y el de los del lago menor Huiñay Marka que querían tres puentes. ¿Por qué no? El Estado es de todos y no es de nadie, el Estado debe responder siempre a las demandas de los ciudadanos, para eso está.

Sobre esta enajenación que se ha apoderado de la región es que hemos vivido una veintena de días de abusos sin cuento de los bloqueadores para con los ciudadanos, que no han podido moverse por la zona, y para con Copacabana y las poblaciones aledañas, aisladas y desabastecidas. La arbitrariedad como norma. Cuando la policía intervino para hacer cumplir la ley y despejar las vías bloqueadas, fue acusada de violencia desmedida (a despecho de varios uniformados heridos).

Por supuesto que el gobierno y el gobernador Cocarico están con la razón. No tiene ningún sentido hacer los tres puentes, es un gasto absurdo. Por supuesto que el gobierno y el gobernador lo que harán es construir el puente sobre el estrecho de Tiquina y resolver así un desafío fundamental de conexión y fluidez en el Titicaca, en función de lo que el buen sentido manda.

Para llegar a esa solución, como casi siempre, hemos vivido bajo el imperio de la fuerza y de la irracionalidad, una la ley de la selva que ratifica el fracaso del nuevo pacto social que supuestamente acordamos en febrero de 2009 y que no es otra cosa que papel mojado. La Ley a fin de cuentas es el resultado de una vida civilizada, basada en la educación, el respeto y la tolerancia, no es la panacea irreal de unas normas que se fosilizan en el papel en el contexto de una sociedad aquejada del cáncer de la anomia.