Publicada en Página Siete, Los Tiempos, Correo del Sur y El Potosí el 9 de septiembre de 2012

Cecilia Chacón ha sido y es militante del denominado proceso de cambio. Apoyó con entusiasmo la elección del Presidente Morales en 2005 y 2009. Aceptó con muchas expectativas la invitación del Primer Mandatario para ocupar el cargo de ministra de Defensa.

Hizo historia, ya que fue la primer mujer en desempeñarse en esta cartera de Estado feudo masculino y casi exclusivamente militar desde la creación de la República. Fue ministra en 2011 por cinco meses y veintiún días. La razón de su renuncia fue ética. No estuvo de acuerdo con la decisión del gobierno (que incluye a todas sus autoridades) de responder con la represión a la marcha de los indígenas del TIPNIS. Cuando dejó el cargo lo hizo con discreción aunque con claridad sobre las razones por las que se apartaba del Ejecutivo y prefirió, en la lógica de no entorpecer una gestión en la que creía fuertemente, el bajo perfil que probablemente mantendría hoy si el Presidente no hubiese nombrado a Sacha Llorenti, ministro de Gobierno cuando ocurrieron los sucesos de Chaparina, como embajador de Bolivia ante las Naciones Unidas.

Empecemos por decir que la señora Chacón está libre de sospecha de ser opositora, menos aún de estar alineada a la derecha, ni siquiera al centro o al centro izquierda del espectro político nacional. Su declaración de principios en torno a la “larga noche neoliberal”, que por supuesto no comparto, nos exime de cualquier duda sobre el particular.

Lo que ella defiende es un valor esencial y más que necesario en nuestra sociedad, el de la coherencia moral más allá de las ideologías. La convicción de que ejercer violencia estatal contra el pueblo, en un extremo causando la muerte de compatriotas, en el otro ejercitando violencia física o psicológica sobre estos, es una grave vulneración de los derechos humanos. No hay represión “de derecha” o represión “de izquierda”, represión “progresista” o represión “reaccionaria”, hay represión simplemente. Lo que uno debe hacer desde el Estado en casos críticos como este, es valorar con criterios éticos la respuesta que debe dar ante la presión de un movimiento organizado y cuando ha tomado una decisión, establecer la justeza de la acción, su proporcionalidad y sus probables consecuencias materiales y morales.

Suele ocurrir con mucha frecuencia que desde la militancia ciega, desde la lógica de “todo dentro de la revolución, nada fuera de ella” -una de las aberraciones conceptuales y éticas más dañinas que han sufrido muchos países-, se da por hecho que quien, compartiendo principios, objetivos y proyecto histórico de un determinado movimiento, político o social, expresa públicamente sus diferencias, o como en este caso, decide separarse del gobierno, es una traidora, le hace el juego a la reacción, es una tonta útil de quienes quieren debilitar el proceso de cambio…

Confunden lealtad con obsecuencia, adhesión con complicidad, y descalifican a quien opta por un camino de fidelidad a su conciencia, porque ellos no son capaces de actuar coherentemente. En Bolivia ha sido característica dominante el que los errores o los delitos cometidos por los  políticos no generan consecuencias. Desde la oposición todos son buenos para exigir que el gobierno separe de su cargo a funcionarios responsables de represión o corrupción, exigen su juzgamiento y condena, pero en cuanto se encaraman en el poder una piadosa amnesia los invade. En los últimos años, en este gobierno específicamente, el mal se ha agudizado. No sólo que no rectifica, respalda a quienes cometen excesos, deriva responsabilidades en funcionarios de rango menor para liberar a los funcionarios de alto rango que fueron las que realmente tomaron las decisiones, sino que en el caso de verse obligados ante el tamaño del daño a separar de su cargo a alguna autoridad, suelen, pasado un tiempo prudencial, premiarlos con nuevos cargos. Ya ocurrió con la exministra de gobierno Alicia Muñoz, para dar un solo ejemplo y ocurre ahora con el exministro Llorenti.

El poder es frecuentemente impermeable a palabras como ética, principios, consecuencia, responsabilidad y dignidad. Cecilia Chacón, como algunos pocos exfuncionarios del actual gobierno, pone en cuestión determinadas acciones a todas luces inaceptables y condenables, sin renunciar a su ideología, a su visión de sociedad y de país.

Lo que la exministra defiende son valores humanos, derechos fundamentales, una visión sobre nuestra comunidad que comparto plenamente. Este es el secreto de una mirada democrática, pluralista y horizontal. Algo que permite que aún desde las más profundas diferencias políticas, nos respetemos, seamos capaces de dialogar, escuchemos al otro y tengamos la mente abierta. Solo posible si estamos de acuerdo en cuestiones esenciales, como esta que comparto con Cecilia Chacón.