Publicada en Página Siete y Los Tiempos el 8 de julio de 2012
El gobierno del Presidente Morales firmó en 2006 un contrato de prospección y exploración minera con la empresa canadiense South American Silver en el sitio denominado Mallku Khota (Laguna del Cóndor), ubicado en el municipio San Pedro de Buena Vista de la provincia Charcas en el norte del departamento de Potosí.
En 2011 la empresa anunció haber descubierto un gran yacimiento de tres minerales, plata, indio y galio, cuya dimensión permite pensar en una explotación masiva a cielo abierto con una proyección de 36 años hasta el agotamiento de las reservas.
En los últimos días el secuestro de cinco personas, el enfrentamiento violento entre comunarios y policías, la muerte de un comunario, José Mamani Mamani, las heridas graves de cuatro de ellos, todos por impacto de bala, son parte de un conflicto que revela las condiciones en que se desarrollan las actividades de las empresas extranjeras y nacionales que operan en Bolivia. Desde 2006 más de un centenar de centros productores de mineral han sido tomados, menos de una decena de esas tomas se han resuelto con acuerdo de todas las partes involucradas.
Nada es gratis. En este tema el discurso oficial es profundamente contradictorio. Su retórica revolucionaria y estatista ha promovido desde el gobierno la idea de que las transnacionales son un perjuicio para el país, que los contratos con el Estado han sido lesivos a nuestros intereses y que la recuperación de la propiedad de nuestros recursos naturales es una prioridad. En siete años ha recomprado varias empresas estatales y ha difundido la idea de que “nacionalizó” los hidrocarburos. Pero simultáneamente ha llevado adelante una política de concesiones de recursos naturales en formas jurídicas variopintas, cuyo ejemplo más frustrante y emblemático es el yacimiento de hierro del Mutún, el mayor de Bolivia y uno de los más importantes del mundo. De igual modo, busca conceder a alguna transnacional la explotación de Uyuni, la reserva de litio más grande del mundo.
El 1º de mayo de 2012 por la mañana el gobierno nacionalizó la transportadora de electricidad a una empresa española, y por la tarde inauguró una planta de gas construida por la española Repsol que maneja una parte significativa de nuestras reservas de gas.
Siguiendo la lógica predicada por el Presidente los comunarios de la región de Mallku Khota, una vez enterados de que el yacimiento es extraordinario y todavía con precios internacionales altos, reivindican la reversión de esos recursos, pero no en favor del Estado sino a favor de la nación Charca Qhara Qhara de la que dicen ser parte (art 30, parágrafo II, inciso 4: “Las naciones y pueblos indígena originario campesinas (NPIOC) tienen derecho a la libre determinación y territorialidad). Aducen que el gobierno de Morales firmó un contrato sin cumplir el mecanismo de la consulta previa que está claramente precisado por la Constitución.
No se requiere demasiada sagacidad para comprender que lo que reivindican los miembros de la referida nación, puede aplicarse a la mayor parte del territorio boliviano, que de acuerdo a la concepción constitucional pertenece a treinta y seis naciones y ahora parece que también a otras no descritas en la CPE. Algunos antropólogos que en buena medida son autores intelectuales de este dibujo social, político y geográfico, han catalogado decenas y decenas de pueblos-nación en el área andina: p. ej. omasuyos, pacajes, soras, quillacas, laimes, ucumaris, yamparas, qhara qharas y un largo etcétera.
El Estado Plurinacional está atrapado en su propia trampa y en la contradicción de su Carta Magna, que por una lado establece que los recursos naturales son propiedad del pueblo boliviano bajo administración estatal (art. 349), pero por el otro, reconoce que los recursos naturales renovables son de uso exclusivo de las NPIOC (art. 30, par. II, inc. 17). Además el art. 30, par. 2, inc. 15 reza: “(las NPIOC tienen derecho a) ser consultadas mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles…se respetará y garantizará la consulta previa, obligatoria realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en los territorios que habitan…(tienen derecho) a la participación en los beneficios de la explotación de los recursos naturales en sus territorios”.
Podría pensarse que el contrato firmado entre el gobierno y la South American Silver es inconstitucional, porque de modo obligatorio antes de firmarse se debió haber hecho una consulta a los pueblos en los que están los yacimientos concedidos. El gobierno de Morales ¡oh ironía!, sólo tiene la opción de recordar a los comunarios que ese contrato se firmó antes de existir la CPE de 2009.
Antes de 2009 se podían hacer muchas consideraciones en torno a la ilegalidad de las presiones y tomas de centros mineros, pues esos hechos vulneraban la Constitución de entonces. A partir de 2009 eso se terminó, estas acciones (salvo la violencia, claro está) están amparadas impecablemente en la Ley de Leyes vigente.
Carlos Diego de Mesa Gisbert 
Para precisar aún más la naturaleza de la Consulta Previa, cabe señalar a la C.P.E. que en su Artículo 304/parf.I, de entre las COMPETENCIAS EXCLUSIVAS de las autonomías indígena originario campesinas (su autodeterminación), destaca el numeral 21, amparándolas a “PARTICIPAR, DESARROLLAR Y EJECUTAR LOS MECANISMOS DE CONSULTA PREVIA, libre e informada RELATIVOS A LA APLICACIÓN DE MEDIDAS LEGISLATIVAS, EJECUTIVAS Y ADMINISTRATIVAS QUE LOS AFECTEN. Ratificándose que el Estado no solo debe consultar previamente “(…) respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan.”´; sino, y de manera amplia, ante cualquier medida..
Así también se puede inferir que la C.P.E. (convencida de la buena fe) restringe bastante (por no decir totalmente) al Estado con respecto de la participación, el desarrollo y la ejecución de la Consulta Previa. Es decir que, p.ej. en lo referente a la implementación de millonarios proyectos, como la depredatoria y transnacional carretera sobre el TIPNIS, el Estado deberá restrictivamente (tan solo) recibir un informe (oral o escrito, respetando los usos y costumbres siempre) de parte de los indígenas una vez que los mismos hayan sido consultados PREVIAMENTE.
Ahora bien, la Consulta Previa deberá ser desarrollada y ejecutada bajo los usos y costumbres indígenas, sin la más peregrina interferencia y/o participación del Estado (como en su Ley 026 y Ley 222 artera e inconstitucionalmente pretenden), ya que el numeral 23 del Artículo 304/parf.I ampara el “DESARROLLO Y EJERCICIO DE SUS INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS CONFORME A SUS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROPIOS.”; mismas que serán pues aplicadas a la participación, el desarrollo y la ejecución de la Consulta Previa. Todo esto, siempre en total cautela de lo que el numeral 22 del Artículo 304/parf.I les ampara a la “Preservación del hábitat y el paisaje, conforme a sus principios, normas y prácticas culturales, tecnológicas, espaciales e históricas.”
Creo que el problema fundamental, es que los que hicieron la CPE, la hicieron cuando eran oposición, pensando en «castigar» a los gobernantes de turno. Pero ahora esos gobernantes se han ido (entiendo que a EEUU), y ahora les toca gobernar a los que la escribieron.
Desmembraron al estado, creando innumerable número de estados, todos dueños de un territorio y los recursos que en ellos están. ¿En una consulta libre e informada, que podría hacer que un estado (de los muchos que hay), decía «compartir» sus recursos con el resto?
Bolivia simplemente ha dejado de existir y su desmembramiento efectivo es sólo cuestión de tiempo!
Creo que lo ocurrido es es el resultado de poner ha escribir una constitución a personas llenas de rencores y envidias. La actual CPE es la mayor traición que se pudo hacer a Bolivia.
¿Podrá alguien reparar esa traición antes que el país desaparezca?
Estimado Mario:
Disiento.
No podemos hablar de desmembramiento.
Al contrario, es fruto de un referendum, es el proceso de autonomías que reconoce obviamente a los pueblos originarios en nuestra constitución, por mandato popular.
Bolivia nació a la vida el 6 de Agosto de 1825 y hoy sigue mas representativa que nunca.
Saludos.
Jaime Teran Rocha
Estimado Jaimito:
Ojalá tuvieras razón. Pero, ¿es el resultado de un referéndum una CPE aprobada en un cuartel de Oruro? ¿Una CPE que no incluye a los blancos ni a los mestizos cómo parte de los bolivianos?
¿Una CPE que fue aprobada bajo presión de «movimientos sociales» bajo el único compromiso que el presidente no sería reelecto y ahora resulta que no era así?
Un saludo.
Bién, cuando la democracia es practicada en pueblos de un estandar de formación bajo, como lo es nuestro país (aún subdesarrollado, porque no generamos TECNOLOGÍA COMPETITIVA), se llegan a estas ‘inapropiadas metodologías’ que solo perjudican a un aprovechamiento ‘sostenible’ de un RECURSO, en este caso minero.
Y hasta cuándo? la clase ‘política’ definirá sobre que es lo que se debe hacer o no se debe hacer, con nuestros RRNN?. Y Si continúan asumiendo decisiones ‘políticas’ estos personajes ILUMINASO, ah entonces seguirán en el mismo círculo vicioso (citaría varios ejemplos que NO están marchando, y me parece que no marcharán apropiadamente). Por tanto, mis estimados me parece que la fórmula, podría ser:
75% (decisión netamente técnica, donde esten ingenieros y técnicos, pero entendidos en la matería), y 25% (otros, entre estos las comunidades, los políticos, los sabelotodos, etc.)
Atentamente:
Rubensísimo