Publicada en Página Siete y Los Tiempos el 4 de marzo de 2012
Hace un par de semanas fueron aprehendidos los miembros de una banda de “cogoteros” a los que se acusa de haber cometido varios asesinatos. Delitos cuyo objetivo era desvalijar a sus víctimas.
En las noticias se mencionó que la banda podría ser responsable de más de sesenta crímenes perpetrados en los últimos meses ¡Más de sesenta asesinatos! Asumamos -lo que es muy probable- que la cifra, que es un recuento total de las muertes producidas por este tipo de atracos, no sea de responsabilidad exclusiva de la citada banda. Si suponemos que los detenidos son autores sólo del 20% de esos crímenes, tenemos una cifra de doce muertes de su directa responsabilidad. En cualquier país civilizado se trata de un indicador de extrema gravedad. Por menos que eso se han iniciado cacerías de asesinos en serie. Olvidemos por un momento a los autores concretos y detengámonos en la cifra inicial, más de sesenta personas asesinadas por la vía del estrangulamiento con el objeto de robarles.
El tema ha merecido apenas unos cuantos titulares de prensa, alguno muy destacado, y una repercusión relativamente relevante de radio y televisión. No más que eso.
¿Por qué tal indiferencia?. Una explicación es que las víctimas en su mayoría eran personas relativamente anónimas, de origen pobre, o simple y llanamente vivían en zonas urbanas (de La Paz y El Alto) clasificadas arbitrariamente como “populares”. En buen romance, que los asesinados eran “nadie” y por eso los medios se ocupan poco de ellos y sus historias. Si es así, ocurre algo estremecedor, una forma flagrante de discriminación que pone en evidencia a una sociedad que sigue con sus viejas taras a pesar del tan cacareado “cambio”.
Pero hay otras razones tanto o más preocupantes. Vivimos una pérdida de sensibilidad humana que demuestra que la vida no está entre nuestros valores más caros. Estamos resignados ante la evidencia de que las autoridades de gobierno y su brazo armado la Policía carecen de los medios, la capacidad y la credibilidad mínimos para llevar adelante un trabajo eficiente en la lucha contra el crimen (organizado y desorganizado). Además, hay una carencia de liderazgo mediático que coloque el tema como una prioridad.
Está claro que la inseguridad ciudadana es, si no el asunto más importante, uno de los más importantes entre las preocupaciones ciudadanas, pero lo que no está tan claro es cómo lo encara la sociedad.
El incremento de la criminalidad es un azote particularmente grave en América Latina, de la que Bolivia no es la excepción. Es cierto que el narcotráfico, en claro aumento en el país, viene acompañado de violencia de la dura. Pero hay una razón mucho más profunda. Hace ya muchos años que Bolivia vive literalmente bajo el imperio de la ley de la selva, o para ponerlo de otra manera, en medio de una galopante anomia social. Esto marca un síndrome que se ha apoderado de todos, la presunción de que la resolución de cualquier conflicto, problema, demanda, reivindicación o solución de una injusticia, no pasa en ningún caso por considerar que la ley existe. No, simplemente se sale a la calle y se confronta.
Es una ruptura que se convierte en una forma de patología colectiva que nace de una actitud entre desamparada e irresponsable del individuo mimetizado en la masa. Nadie ha logrado restaurar (si es que alguna vez existió) la idea básica de que nuestras vidas valen en tanto el otro reconozca su valor, y en tanto las reglas que la protegen sean aceptadas por la mayoría, y sepamos que la garantía de su preservación pasa por la certeza de que aquellos a quienes delegamos la administración de justicia la harán valer.
La violencia se ha convertido en rutina. Toda violencia, la de los bloqueos diarios, la de la corte de los milagros en que se convirtió la marcha de los discapacitados, el t’inku insólito entre orureños y potosinos, los muertos de Yapacaní, y también los muertos que como un cuentagotas pertinaz llenan el vaso nacional de sangre interminable. Cogoteros, sicarios del narcotráfico, maridos o concubinos machistas, violadores, pederastas, borrachos o drogados, siegan vidas un día sí y otro también.
La respuesta frecuente desde los afectado nos lleva a otra constatación. La respuesta a la falta de justicia es frecuentemente -de hecho o de intención-, tanto o más violenta que el crimen que se quiere combatir. Su expresión más obvia pero no única: los linchamientos que acaban con la vida de los supuestos delincuentes.
La inseguridad se ha instalado entre nosotros y nada parece indicar que se la pueda desterrar. De vez en vez, cuando nos toca directamente, o le toca a alguien próximo, nos horrorizamos por unos minutos o unas horas, y a otra cosa.
Lo que estamos pagando es una factura por nuestra absoluta incapacidad de tomar al toro por las astas. El país vive en medio de la casi total falta de control de sus impulsos más primitivos. La retórica legal (leyes y leyes que llueven como suele llover en enero y febrero) no es más que una gran cortina de humo para disfrazar este erial de insensibilidad, desprecio por la vida y por la convivencia civilizada. Y los muertos siguen sumando…
Carlos Diego de Mesa Gisbert 
Lamentablemente el artículo es muy preciso y muestra nuestra realidad con mucha claridad. Tanta violencia, tanto de lo mismo todos los días nos ha «curtido», de tal forma que somos insensibles al dolor ajeno… sólo nos duele (un rato) cuando el crimen nos toca de cerca… a algún amigo o familiar o a nosotros mismos. Pero bueno, luego de este duro diagnóstico que opciones tenemos?.
El tema de fondo del artículo publicado en página siete ayer 4 de marzo es que en general la sociedad boliviana no respeta el ordenamiento jurídico en actual vigencia por lo que potencialmente todos los ciudadanos que tratamos de cumplir las normas estamos expuestos a ser agredidos por la mayoría que no las cumple. Estamos en retroceso y eso da lástima,
Pero…si al ley ya no vale nada para nadie (lo que éste artículo parece inferir) que hacemos para reome ese valor??? muy dificil….
buen comentario
Respecto a la cruel indiferencia que ha generado una noticia con semejante cifra de asesinatos a manos de una – o varias -, bandas de delincuentes, me detuve a pensar en la pregunta que usted formula: “¿Por qué tal indiferencia?
Resulta importante analizar por ejemplo, que los comúnmente mal denominamos “delitos de bagatela”, en la actualidad se constituyen en su mayoría en hechos tales como robos de celulares (y que en muchos casos son de bajo precio, y sin llamativos aditamentos de última tecnología) o carteras, o incluso sombreros, los que han merecido para su consumación, el uso de la violencia física o intimidación y hasta el ensañamiento por parte de los delincuentes, los mismo que muchas veces se valen de armas punzocortantes o armas de fuego, para propinar sendas lesiones o incluso, en el peor de los casos, dar fin a la vida de los propietarios de esos objetos.
Al respecto, nuestros agentes de justicia (llámese policía, fiscales o incluso jueces) con increíble falta de apreciación por la vida, y en una franca vulneración de los preceptos legales (principalmente constitucionales), concluyen en desestimar las respectivas denuncias (cuando las hay), por considerar que al tratarse objetos de bajo costo e importancia – según su limitado criterio -, no merecen el despliegue de recursos humanos ni materiales para la correspondiente investigación y sanción de quienes fueren hallados culpables del ilícito.
Es lamentable comprobar, que estas autoridades, hagan descansar la esencia misma de la protección del bien jurídico, en los objetos materiales que quizás dieron lugar a la comisión del delito, y no consideren de extrema relevancia por ejemplo, que la victima del robo del celular “de cincuenta pesos”, era una padre o madre (como las mismas autoridades) de quien quizás dependía la subsistencia de una familia, pero que, a causa de la agresión física recibida, pudo haber quedado seriamente afectado en sus facultades mentales y/o físicas. Es triste ver diariamente a tantas personas en dependencias judiciales, denunciando hechos como los citados, y luego salir con las manos vacías, la rabia y la impotencia por no tener recursos económicos (ni para volver a comprar un celular o un sombrero, mucho menos para pagar al investigador o a un abogado) para demostrar que el motivo de su reclamo no es incipiente, que su denuncia y solicitud de auxilio de la fuerza pública, no radica en el celular de cincuenta pesos robado, o la vieja cartera, ni en los aretes que le fueron arrancados de las orejas; sino y exclusivamente en el efectivo cumplimiento de la ley (y por tanto la materialización de la justicia), que exige y que sin excusa alguna debe ser aplicada en favor de quien se vio afectado por su inobservancia.
El incremento de la delincuencia en Bolivia no es un fenómeno aislado, en éstos últimos decenios se ha notado la proliferación de bandas criminales cuyo accionar, cada vez más violento, es estudiado por profesionales cuyo resultado, lamentablemente, no es conocido.
Conocer las causas que originan la delincuencia es un trabajo arduo que debe llevar a toda la población a tomar conciencia del papel que le corresponde, desde autoridades del gobierno, profesionales de la salud, maestros, estudiantes y, muy especialmente, el núcleo familiar, pues ésta es considerada como la unidad básica de la sociedad y la principal responsable del desarrollo físico y psicológico de cada uno de sus miembros.
Pienso que el punto no está en hacer leyes más duras, tales como la promulgación de la pena de muerte (sanción extrema que debe ser erradicada si pensamos en la modernidad de un Estado), sino en hacerlas cumplir. Hay que atacar, si vale el término, el origen u orígenes que llevan al individuo a manifestar conductas antisociales. Si una familia promueve fuertes valores humanos y, además, ésta es apoyada por el gobierno otorgando a la población mejores condiciones de vida (educación, salud y vivienda), promueve entre los niños, adolescentes y jóvenes actividades sociales, artísticas, deportivas, etc. que los mantengan fuera de la influencia de grupos delictivos, creo que puede ser una solución a este terrible problema.
Debemos fortalecer en la comunidad los lazos de amor y fraternidad en contraposición al individualismo, al consumismo, que acrecientan más las escisiones socio-económicas de la población.
Si la bolivianidad en conjunto es capaz de manifestar apoyo incondicional a marchas, paros y protestas; a la manifestación alegre de los carnavales o el apoyo a actividades deportivas, del mismo modo, también podemos ser capaces de lograr una conciencia nacional contra la delincuencia en general. Incentivar el diálogo y la conciliación para evitar esa tara de “pleitómanos” que tenemos los bolivianos: se dice que existen doce mil abogados para mil pleitos.
Debemos pensar en métodos de prevención de actividades delincuenciales. A los actuales reos, como una forma de resarcimiento de los daños a la sociedad, se les deben dar trabajos ―obviamente remunerados— en la apertura o mantenimiento de caminos, el levantamiento de escuelas y postas sanitarias, en lugares alejados del centro urbano, etc.
Al ser éste un problema nacional la solución también debe ser un tema compartido entre todos los bolivianos. ¿Cuándo? ¡Ahora!
No hay recursos ni humanos ni materiales para frenar la delincuencia.
Más educaciónn y mejora de la economia son factores macro en los que obvio recomendaciones, pero en el corto plazo sugiero:
(Asumiendo que se optimizará lo existente o se incrementarán recursos)
-Cambiar/ampliar sistemas carcelarios (verdaderas escuelas del delito y centros de acción delincuencial).
-Desconcentración policial y organización barrial, orientada a sistemas de alerta de sospechosos y atención rápida (ej; silbatos y unidades policiales desconcentradas, radio telefono funcionales).
-Capacitación coordinada policia ciudadanos en mecanismos preventivos (control preventivo en circulación vehicular-peatonal).
-Mecanismos que eviten la suplantación (falsos policías).
-Castración química a violadores.
-Protección a denunciantes y víctimas (evitar la intimidación y amenazas, en fases acusatorias).
-Transferir recursos o via impuestos adicionales a favore de los municipios para que los MUNICIPIO asuman responsabilidad en infraestructura y equipamiento (administración?) relacionada a segurdad ciudaddana.
Por ahora es todo (fui victima de taxi con cogoteros y ni me paso por la cabeza ir por la policia.. perder tiempo y quizas complicarme la vida, pero si mi denuncia ayudara en frenar los delitos, lo haría).
Señor Carlos Mesa, creo que de verdad es usted una buena persona pero lamentablemente por haber formado parte del gobierno del personaje más antinacional, vende patria y vende recursos naturales usted no es alguien que puede hacer nada para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos del país. Gonzalo Sánches de Lozada que se ha educado en los estados Unidos como Jorge Quiroga Ramirez Doria Medina y otros son solamente empleados del Nuevo Orden Mundial y usted lo sabía cuando decidió postularse y luego convertirse en vicepresidente de la República. Todos ellos responden y siempre lo harán a intereses del capitalismo salvaje que impulsan los banqueros de orígen judío dueños de Wall Street en los EEUU, banqueros como los Rockefeller o como los Rotschild que son dueños amos y señores de prácticamente toda la Reserva Federal de los EEUU, y Barak Obama así como también los demás presidentes como de Francia Alemania e Inglaterra son meramente administradores de esos gobiernos y quien realmente tiene el poder detrás del escenario son los truillonarios judíos en una alianza con la francmasonería mundial y con el Vaticano. Esa es la única verdad. Ellos financian a ambos lados del espectro político sean izquuierdas o derechas como les gusta decir al vulgo. Sabemos que el JEFE de Evo Morales y financiador de su campaña política del año 2005 fue el judío húngaro-norteamericano George Soros, que se adueño también como recompensa la mina San Cristibal de Potosí mediante su Empresa Apex Silver que después se unió con la Sumitomo japonesa tal como lo decidieron los miembros de la Comisión Trilateral de Rockefeller. Estos tipos dueños delas empresas transnacionales se repartieron las riquezas naturales del mundo, y usted en su momento cuando tuvo la oportunidad de cambiar algo, no lo hizo. Mi pregunta es ¿porqué no lo hizo?
Atte. juan_romeo7@hotmail.com de La Paz
A mi siempre me ha llamado la atencion como la mayoria de Presidentes (no solamente en Bolivia) cuando dejan sus puestos, se hacen imediatamente expertos y ofrecen soluciones y critican a diestra y siniestra. Incluyendo que cuando estubieron en el poder no solucionaron nada. Nuestro pobre pais sigue en la miseria a pesar de tener riquesas naturales.
A mi opinion los ex-presidentes deben estar callados y mas bien deberian pedir disculpas a los Bolivianos por el mal desenpeno de su funcion.
Boliviano residente en EU
Como ciudadano, el derecho a la palabra es inembargable. Como Presidente que respetó la vida de sus compatriotas y reivindicó los derechos humanos, como estadista que decidió renunciar antes que vulnerar ese derecho, me siento con toda la autoridad moral para opinar, hablar, contribuir con mi reflexión y NO QUEDARME CALLADO.
Matará por matar…Nadie se asombre
si sus artes de muerte perfecciona
porque el hombre es un lobo para el hombre.
Wenceslao Mohedas Ramos
PD. muy buen articulo