Publicada en Página Siete y Los Tiempos el 5 de septiembre de 2011
La Corte Suprema de Justicia ha condenado en el denominado “Juicio de Octubre” a quince, once y diez años de cárcel a los miembros del Alto Mando Militar de 2003, y a tres años a dos ex ministros de entonces.
La invocatoria que hice el 18 de octubre de 2003 en El Alto de actuar impulsados por la búsqueda de justicia sin olvidos imposibles ni venganzas que envenenan, está aún pendiente. El proceso está inconcluso.
A pocos días de asumir el mando de la Nación, el 31 de octubre y el 4 de noviembre de 2003, aprobamos dos decretos de amnistía referidos a los hechos sangrientos que la sociedad boliviana acababa de vivir (DS 27234 y DS 27237) ¿Por qué y a favor de quién?
Fue una decisión política basada en dos argumentos fundamentales. El primero y el más importante. Llegamos al gobierno en un país al borde del cataclismo, después de dos meses de violencia sostenida y –es bueno subrayarlo- con un saldo de 67 muertos y casi 400 heridos. Nuestra primera obligación era la pacificación del país. Los decretos contribuyeron decisivamente a esa pacificación y ese sólo hecho los justifica sobradamente. El segundo, la base jurídica de su implementación era neutralizar la arbitraria Ley 2494 del “Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana” promulgada en agosto de 2003, que convertía en delitos penales las acciones populares de protesta, judicializando el legítimo derecho de libertad de expresión y petición colectiva. La amnistía presidencial se refería (artículo 96, numeral 13 de la CPE de 1967) exclusivamente a delitos contra la seguridad del Estado que era como los tipificaba la Ley 2494. La protesta social contra el gobierno, como se probó con los acontecimientos sociales y políticos de los últimos ocho años, no respondía a una acción aislada, fue la explosión de una caldera sometida a presión que estalló en mil pedazos y que determinó el fin de una era y un sistema político; un parte aguas en la democracia boliviana.
Parecen olvidar quienes objetan nuestros decretos de amnistía, que el 14 de enero de 2005 aprobamos el DS 27977 “Manual de uso de la Fuerza en Conflictos Internos”, que establece con claridad la responsabilidad del Capitán General y del poder político en casos como el analizado, que protege a los militares ante instrucciones que den lugar a acciones de violencia desproporcionada, que les permite solicitar antes de actuar órdenes escritas del Presidente y que define la relación directa de acción-reacción proporcional en casos de conmoción interna. En otras palabras, con ese decreto asumí mi responsabilidad directa en el tema como Jefe de Estado y establecí jurisprudencia para el futuro.
Parecen olvidar quienes objetan nuestros decretos, que las acciones desproporcionadas de octubre no lograron el objetivo de preservar el orden interno, por el contrario, exacerbaron la violencia con un saldo de muertos y heridos en proporción de 10 a 1 entre víctimas civiles y víctimas militares y policiales.
Parecen olvidar quienes objetan nuestros decretos que el gobierno que presidí enfrentó en mayo y junio de 2005 una situación muy parecida a la de septiembre-octubre de 2003. Y parecen olvidar, especialmente, lo que hizo el Presidente en 2003 y lo que hice en 2005. Ante el trance de sacar a las FFAA para “garantizar el orden interno y la democracia” al costo que fuera, opté por renunciar a mi cargo. El tiempo pone cada vez más en claro que lo que dije entonces y afirmo ahora es rigurosamente cierto. Dejé la presidencia por una razón ética, porque prediqué con la palabra y goberné con acciones concretas, colocando como la principal Razón de Estado los derechos humanos y la vida de mis compatriotas. Fue una decisión, quizás la más importante de mi paso por la política, basada en valores que defendí como ciudadano, como periodista y como gobernante.
Debo en un momento como este, dedicar unas palabras a quienes tuvieron el valor de quedarse en Bolivia y afrontar este Juicio de Responsabilidades (por el que votó a favor la gran mayoría de los parlamentarios del MNR en 2004. En el total: 105 votos por el juicio, 13 en contra, 1 abstención). Los miembros del Alto Mando Militar y los ministros que se sentaron en los estrados de la Corte mostraron una templanza que, dado el contexto, no se debe pasar por alto.
Lamento en particular la situación del Almirante Luis Alberto Aranda, hoy condenado, quien fue Comandante en Jefe de las FFAA en nuestro gobierno. Militar de honor, fue un ejemplo de respeto institucional, un aliado de nuestra política de defensa de los DD HH y de nuestro decreto del uso racional de la Fuerza. Se manejó con extraordinaria inteligencia y prudencia en la crisis de junio y fue figura clave para el tránsito pacífico a la presidencia de Eduardo Rodríguez. Lo vivido por el Almte. Aranda demuestra que es el poder político el que define la acción de las Fuerzas Armadas. En nuestro gobierno la institución fue tratada con respeto y jamás enfrentada al trance de tener que matar ¿Es tan difícil entender la diferencia?
Carlos Diego de Mesa Gisbert 
En ese juicio no estaban todos los que debían ¿qué? ¿que alguien inexplicablemente amnistió a uno de los bandos? oh… ¿quien sería?
No estoy de acuerdo con su articulo que aparecio el Domingo en Los Tiempos y hoy en una entrevista de television. Ud. trata de justificar el Decreto de Aministia donde se exonera de un juicio objetivo y justo de algunos agentes que se supone, hasta que no se demuestre que fue asi o lo contrario, con el proposito de pacificar el pais.
En mi opinion, antes de ese Decreto Ud. deberia haber renunciado o no renunciar hasta cumplir con su mandato consitucional y su deber por haber sido elegido en elecciones democraticas.
Lamentablemente veo mas un tema de ego que tratar de explicar algo donde se viola un principio….LA JUSTICIA DEBE SER IGUAL PARA TODOS….
Da la impresion de que a Ud. lo presionaron o lo chantajearon para que saque ese Decreto y no es convincente para mi que se haya pacificado el pais. Cuando Ud. renuncia hubo un muerto cerca de Sucre cuando Hormando Vaca Diez trataba de ungirse como Sucesor Constitucional. Se investigo ese muerto.?? Cierto que matematicamente hay una diferencia entre 67, donde hubieron tambien del otro lado, y 1…Pero solo una vida humana que se pierde por la violencia politica ya es un aspecto triste y dramatico y eso ocurrrio todavia cuando Ud. era Presidente.
Hay muchos que lo estan criticando y creo que lo mejor debia ser cerrar este capitulo del Decreto de Aministia y que no trate de justificarse para quedar bien con la historia.
No trato de justificar nada, simplemente me reafirmo en la decisión correcta de un DS que logró un objetivo jurídico, descriminalizar el derecho a la protesta y un objetivo político, pacificar el país. Si usted cree que el deber de un Presidente es poner orden a sangre y fuego y que no es relevante la muerte de 67 personas y las heridas de 400, es su opinión que, como comprenderá, no puedo compartir. Todo depende de las prioridades de Estado en las que usted crea y el concepto que le merezca el derecho a la vida y el respeto a los DDHH.
En todo gobierno se pueden producir y se producen hechos lamentables que pueden generar pérdidas de vidas humanas. Otra cosa es que esas muertes sea producto de una decisión expresa de actuar conociendo que el saldo puede ser fatal y masivo.
Menciona el caso de Sucre. Como lo sabe todo el país, el señor Coro, muerto el 9 de junio, estaba, junto a otros mineros sentado dentro de un bus, en una cola de buses que llevaban manifestantes para entrar a Sucre. Recibió una bala que entró al vehículo desde un costado de la vía y lo mató. Nunca se pudo saber cual fue el origen del disparo. En todo caso, inmediatamente enterado del hecho, una de mis últimas órdenes como presidente, fue abrir una investigación que, como es obvio, se hizo en el gobierno de mi sucesor. La compañía de la Fuerza Naval que impedía el ingreso de esos manifestantes a Suvce, precisamente PARA GARANTIZAR LA PAZ en la capital y garantizar la reunión del Congreso que de hecho se hizo en la noche de ese día con plena seguridad para los parlamentarios que aceptaron mi renuncia y posesionaron al Dr. Rodríguez, estaba muy lejos del bus. En consecuencia, le agradeceré informarse antes de endilgar a nuestro gobierno la responsabilidades sobre ese lamentable episodio que no tuvimos.
rosario de lamentos y lenguaje quejumbrero. es Arguedas? es Llobet? no es Carlos Diego cuyos tres cuartos reflejan el pesimismo del boliviano, más al fin recomienda comprender la dimensión exacta, sin excesos ni insuficiencias. ser ciudadanos correctos, honestos, respetuosos. responsables en el colectivo nacional. (Presentación del último art. de CD Mesa publicado LT «A quién le importa…como aparece en mi blog: http://documentosimperdibles.com
Si en un gobierno democrático se supone que todos los habitantes y estantes de un país, somo iguales en derechos y obligaciones ante el imperio de la ley y eso se resume en: Mis derechos terminan donde empiezan los del otro» y en uso de una norma legal y con el eufimismo que se le justifique, creo que el que mata, mata nomás, cometió un crimen, ya en un proceso, justo proceso, la justiica determinará la pena que deba recibir, lógicamente será diferente ante una razón alevosa y premeditada, frente a una de defensa personal, de todas maneras el que mata, mata…
Digame Ud. Señor Carlos Mesa
1.- ¿es justo que el ex alto mando militar del 2003 este tras las rejas por cumplir ordenes ESCRITAS del capitan general, cumplir la CPE y la ley organica de las FFAA?
2.- ¿que haria Ud. si fuese presidente en la actualidad con respecto a ese ex alto mando militar?
3.- ¿Hubo justicia con respecto al juicio de responsabilidades de octubre negro?
Gracias.
1.- El Alto Mando de entonces está preso por ejecutar un decreto supremo de recuperación del orden de acuerdo a la CPE, no recibió NINGUNA orden escrita en otro sentido.
2.- Mientras el poder político no haya respondido en un juicio a sus responsabilidades, es una contradicción que el poder militar cumpla una sentencia por órdenes de quienes están hoy sin juicio.
3.- Mientras no hayan sido juzgados de acuerdo al estado de derecho y con garantías de imparcialidad los responsables del poder político, se trata de un camino inconcluso.