Publicado en Página Siete y Los Tiempos el 21 de noviembre de 2010

Formalmente la Constitución de 2009, a pesar de haber desterrado la nominación de República y caracterizar al país como un Estado Plurinacional, se apoya en la esencia de los valores republicanos. El artículo 12 de la CPE es inequívoco: “El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos”.

Independencia y  separación, son para el caso que nos ocupa los elementos conceptuales claves de esta declaración de principios y de esta obligación imperativa sobre quienes tienen la responsabilidad de presidir cada uno de los cuatro poderes.

Es este artículo el que fundamental la opción filosófica por el republicanismo del Estado boliviano, más allá de su nueva construcción  e independientemente de que además de la idea de democracia representativa, reconozca formas de democracia directa y de democracia participativa.

Las transformaciones, por profundas que sean, se hacen desde la legitimidad del voto, y desde las reglas del juego que la sociedad se ha auto impuesto a través de una Constitución cuya vigencia es plena y doblemente vinculante para quienes la redactaron, la promovieron, la sancionaron y la promulgaron. La receta es tan simple como poderosa. La separación de poderes no es otra cosa que la moderación y el balance, la atenuación de ese poder absoluto y la garantía de que ninguno de esos poderes permitirá que el, o los otros, cometan excesos. Esa, junto a la alternabilidad por la vía del voto popular, es la contribución de oro del republicanismo y la respuesta al totalitarismo al que condujeron mecanismos autocráticos, sea por la vía del orden conservador, o por la del orden revolucionario.

No se puede, en consecuencia, pasarse por alto la obligación de responder al imperativo de la Constitución de 2009. Todo el proceso debe hacerse respetando la legitimidad de origen (el voto) que no es otra que cumplir con la legitimidad de ejercicio (el cumplimiento de la ley).

Está claro que en el país ese equilibrio se ha roto y que los poderes no son independientes ni están separados. En el caso del Legislativo, el control gubernamental de los dos tercios se ha transformado en la aplicación de una imposición ciega de las mayorías, no de modo reflexivo, sino a través de la acción imperativa de la jefatura del gobierno que –constitucionalizada- define las leyes y las entregas elaboradas para el voto de los legisladores del MAS. Se podrá alegar –con razón- que esos dos tercios son producto del voto popular, atenuante poderoso a pesar de la actitud excluyente de esa mayoría. No es el caso del Poder Judicial que se ha transformado en una maquinaria de demolición de toda opción de disenso. La combinación entre una legislación frecuentemente desmesurada cuando no aberrante desde la Asamblea, se ejecuta a través del “matrimonio” entre Ministerio Público (fiscales) y Poder Judicial, lo que está destruyendo cualquier opción de hablar de la vigencia del estado de derecho en Bolivia.

El artículo 140 ha sido flagrantemente violado por la Asamblea y por el Presidente. El art. reza: “I. Ni la Asamblea Legislativa Plurinacional, ni ningún otro órgano o institución, ni asociación o reunión popular de ninguna clase, podrán conceder a órgano o persona alguna facultades extraordinarias diferentes a las establecidas en esta Constitución. II. No podrá acumularse el Poder Público, ni otorgarse supremacía por la que los derechos y garantías reconocidos en esta Constitución queden a merced de órgano o persona alguna”. A pesar de esta justa prohibición, la Asamblea le ha concedido al Presidente la discrecionalidad para nombrar a dedo y por tiempo indefinido a todo el Tribunal Constitucional, una parte de la Corte Suprema y el Consejo de la Judicatura. El Vicepresidente, por su parte, ha prolongado de modo ilegal el mandato (que era ya interino) del Fiscal General. Se ha postergado, además, sin fecha la elección directa de los dos máximos tribunales de la Nación. La suma es perfecta. En este tiempo, Poder Judicial y Ministerio Público, están cambiando la mayor parte de su composición (con la mayoría de sus integrantes afines al gobierno).

Los acontecimientos de los últimos meses no hacen sino confirmar que el Poder Ejecutivo tiene en el Poder Judicial un instrumento de castigo político implacable. Podríamos citar decenas de casos, pero baste mencionar la situación de los ex alcaldes de Sucre y Potosí, suspendidos inconstitucionalmente de sus cargos (gracias a un artículo atrabiliario de la ley de Autonomías) por un fiscal de materia que desconoce el valor más alto de la voluntad popular, el voto. Resultado: detención o condenados a unos años de cárcel. Esta aberración muestra en que se ha convertido la justicia.

La República de Bolivia (reconocida como tal en los art. 12 y 13 de la actual Constitución) es traicionada por un régimen político que no trepida en vulnerar su propia Carta Magna. Es que, para muchos fuera y dentro del país, aún estamos lejos de haber pasado la línea que divide democracia de autocracia. Cuando, en su subjetividad, la hayamos cruzado, toda lamentación y arrepentimiento serán vanos.