Publicado en Página 7 y Los Tiempos el 30 de mayo de 2010
Cuando una multitud enardecida mata del modo más brutal a cuatro policías que representan la ley y el orden nacionales, se ufanan de haberlo hecho, se niegan a devolver los cadáveres de la víctimas y culminan su acción declarando, a título de sus usos y costumbres, un territorio libre para actividades que la ley republicana tipifica como delitos, es tiempo de preguntarnos si el Estado boliviano, al contrario de lo que parece, está en un camino gravísimo de desmoronamiento, o tiene todavía posibilidades de establecer una relación básica de vida civilizada entre bolivianos.
El problema planteado en las comunidades potosinas de laymes jucumanis, kharachas, pukaras, aymayas y otros, ya no puede seguir disfrazándose más. Se trata de una decisión, la de ejercer con una lectura, subjetiva y arbitraria el art. 2 de la Constitución que dice: “Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno…al reconocimiento de sus instituciones y la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la ley”.
¿Qué se entiende por ese ejercicio? ¿Hasta dónde llega? ¿Quién y cómo define la ley que regula un reconocimiento, que en el extremo es el derecho pleno a la autodeterminación. Por ejemplo, convertir esa entidad territorial conformada por ayllus en un espacio libre, sea para el ejercicio de una vida separada del resto del país, sea para la comisión de delitos, impidiendo en su territorio la presencia de representantes del Estado.
En los cuatro años y medio de gobierno de Morales los linchamientos se han convertido en una horrorosa moneda corriente. Los argumentos de las comunidades donde se producen son que la justicia nunca detiene ni castiga a los delincuentes (presuntos o reales) y que los linchamientos son excesos que se salen de control. El del gobierno es que se trata de hechos que nada tienen que ver con la justicia comunitaria. Lo objetivo es que ocurren cada vez con más frecuencia, y nadie o casi nadie va preso ni es juzgado por tales actos de barbarie. En tanto, hasta hoy, nadie sabe exactamente qué, cómo, donde y cuándo tendremos parámetros claros en lo que se refiere a la concepción, definición, jurisdicción y aplicación de la justicia comunitaria y cómo se vinculará ésta con la justicia republicana.
El riesgo es más que obvio, los hechos van por delante de las leyes, el posicionamiento del poder atrabiliario de algunas comunidades está demostrando que el Estado pierde soberanía sobre su propio territorio. Lo paradójico e irónico es que, mientras en una punta el gobierno libra una batalla autoritaria contra los líderes legítimos de algunos departamentos, en la otra asiste pasivo, o mira con buenos ojos esta fragmentación y quiebre de su propio poder.
La base de la existencia de un Estado es un pacto aceptado por todos con una ley marco, la Constitución, que por ninguna razón puede ser rebasada o negada. Se debe apoyar en una estructura organizativa, en este caso de autonomías, con reglas claras, en un marco jurídico coherente, equilibrado y justo para todos, y debe contar con algo esencial, la potestad incuestionable del Estado de administrar de modo exclusivo el uso legítimo de la violencia y los mecanismos de recaudación nacional. Debiera estar fuera de discusión que las Fuerzas Armadas, la Policía, Impuestos Nacionales y la Aduana, pueden y deben circular libremente por todo el territorio nacional cumpliendo sus obligaciones específicas y garantizando la ley, la paz y el orden.
En el caso de los ayllus potosinos, ocurre que reconocidos líderes de actividades ilícitas, bajo el paraguas de la autonomía de las naciones indígenas, desconocen al Estado, lo desafían y lo vencen. Si este fuese un caso aislado podríamos suponer que la negociación terminará por resolver el problema, pero -no nos engañemos- no los es, es la punta de un iceberg que puede generar en poco tiempo una situación simplemente incontrolable.
Lo preocupante es que hay dentro del gobierno muchos ideólogos y padres de esta Constitución, cuyas incoherencias comenzamos ya a sufrir en carne propia, que en lo íntimo celebran estos hechos y que fomentan estos arranques. “Dolores de parto necesarios de todo proceso revolucionario”, dicen. El monstruo creado acabará con ellos, pero cuando eso ocurra puede ser tarde para todos.
Es una aberración pretender que quienes objetamos el diseño equivocado de este inviable pacto social, buscábamos la preservación del pasado. El pasado no volverá y el cambio con igualdad de oportunidades, inclusión, reconocimiento de nuestras diferencias, nuestras culturas en el marco de autonomías ordenadas y consistentes, es necesario y se debe apuntalar. Otra cosa muy distinta es este desmoronamiento progresivo de un Estado que muestra cada vez con mayor claridad que es un gigante autoritario, confundido y con pies de barro.
Carlos Diego de Mesa Gisbert 
Señor Mesa:
Lo que no entiendo es que su proverbial objetividad pierse su norte cuando usted habla o comenta de su talon de aquiles personal: Evo Morales.
Ahora el echar la culpa de los linchamientos a Morales es digno más de un enconado resentimiento o despecho sentimental suyo que una acabada conclusión lógica y razonada. Los linchamientos en nuestro país se han producido no solo en el gobierno de Morales sino que se remontan me atrevo a pensar a la misma historia republicana de Bolivia.
Los linchamientos son producto de la inexistencia institucional del Estado (policias, militares, juzgados, escuelas publicas, centros sociales, centro de ayuda a la produccion, etc) y generalmente se producen en comunidades alejadas de los centros urbanos. Son territorios donde el Estado ha tenido poco presencia y sus obligaciones han sido dejadas de lado por una manifiesta incapacidad economica, logistica, de planificacion economica, etc.
Si usted toma en cuenta que los linchamientos no tienen origen unicamente en Bolivia sino que se originan en territorios abandonados de la mano de Dios podemos colegir que las causas son mas profundas que el mero paso de un gobierno en concreto o no. Por ejemplo, en Guatemala, «según un estudio de MINUGUA (Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala), entre 1996 y 2002, se produjeron 480 casos de intento de linchamiento, de los que 133 terminaron con la muerte de los involucrados.Los datos de Bolivia no están sistematizados, pero las informaciones de prensa dan cuenta que en 2005 se produjeron 7 ejecuciones sumarias, en 2006 fueron 10, y en 2007 se cita 48 ejecuciones.»
En su gobierno, el 15 de junio de 2004, fue linchado en Ayo Ayo el alcalde de dicha población, y que yo sepa nunca los inductores de dicho crimen fueron juzgados, tampoco me consta que usted haya previsto modificaciones legistativas, aumento de comisarias de policia o una mayor presencia del Estado en dicha localidad producto de «este vacío de Estado».Y su entonces Ministro de Gobierno,Alfonso Ferrufino reconocia que el Estado «ha perdido autorid,ad hace bastante tiempo» en varias regiones del altiplano.
Lamentablemente no existe un estudio estadistico sobre el tema (o yo no lo conozco) pero es comprobable que las ejecuciones sumarias de los linchamientos han tenido verdadera carta de ciudadania entre la poblacion altiplanica en toda la vida republicana.
http://www.mapuche.info/indgen/clarin040620.html
Creo que la solución no es tan complicada, el Estado debe recuperar su soberanía asentando a sus instituciones coercitivas (policia, fuerzas armadas), sus instituciones asistenciales (hospitales, juzgados, centros de ayuda al niño y al anciano, colegios de calidad), o instituciones de cooperacion al desarrollo economico (centros de asistencia tecnica a la agricultura, prestamos blandos a jovenes emprendedores, becas educativas). Un linchamiento no se produce porque un gobierno sea de izquierda o de derecha, sino porque el Estado no tiene presencia y luego son las personas de dichos territorios los que suplantan y reemplazan a las instituciones estatales. Lo demas es hacer simplemente politica electoral.
Lo que no entiendo es de dónde se saca Usted que yo le endilgo al gobierno los linchamientos. Ojalá fuera tan simple. Mi preocupación es que lo que el gobierno no ha logrado es la presencia de Estado, el poder del Estado y la legitimidad del Estado. En otras palabras, me frustra constatar el hecho de que mi convocatoria a la Asamblea Const., no ha logrado restablecer el Pacto Social y constatar también que si Morales no fuese Presidente estaríamos igual que antes en términos de presencia estatal y vida en común entre bolivianos, fragmentados, carentes de un sentido de respeto a la ley y de una lógica de responsabilidad individual y colectiva,(lo que incluye una visión correcta y necesaria de justicia comunitaria). Un país no puede depender de una persona, menos aún proceso de transformación profunda.
Me temo que Usted presume en mí una fijación que no existe. Mis críticas son a un asunto estructural mucho más grave que un episodio, que no por dramático y terrible, deja de ser un episodio, ilustrativo -eso sí- de un profundo problema.
Señor Mesa:
Me temo que con su convocatoria a la asamblea constituyente o con la nueva CPE no vamos a restituir ningun pacto social porque sencillamente en Bolivia, por sus limitaciones estructurales, nos quedamos en frontera de las formas, en las palabras de las normas jurídicas. En Bolivia nos regodeamos y presumimos de avances que quedan en papeles y libros, Bolivia misma es el parto de los montes.
Los campesinos de nuestro territorio, y más concretamente los ayllus de jucumaris, laimes, pukaras, etc son comunidades ancladas en el medioevo. Sus condiciones de vida son similares a las padecidas por sus antepasados. Viven en casas ruinosas de adobe plagadas de vinchucas, su suelos son de tierra, no tienen luz electrica, no tienen un cuarto de baño para su higiene personal, cocinan con leña, no tienen capacidad de refrigerar sus alimentos al no tener electrodomesticos, el agua caliente es una entelequia futurista, por ello sus condiciones de salubridad son infrahumanas, sus medios de vida son los mismos desde hace mas de 4 siglos atrás, plantan la tierra igual que sus abuelos para el mero autoconsumo sin generar plusvalías, tienen una dieta rayante en la avitaminosis, y son tan pobres, o más pobres, que sus ancestros. ¿Cómo podemos a un hombre medieval que vive en condiciones del medioevo pedirle respeto a la ciudadania, cuando este principio no se desarrolló hasta siglos más tarde?.
Si un antropologo europeo u occidental quisiera estudiar como vivian los hombres hace mas de 400 años tiene muy facil su estudio: con tan solo venir a Bolivia y visitar la pobreza aberrante de sus comunidades indigenas se dará cuenta como se vivía antes de la aparición del Estado social y antes del surgimiento de las libertades civiles. La superación de sus barreras mentales no será facil, ni sencilla, generalmente el pobre se acostumbra a su pobreza y su cotidianeidad lo esclaviza e impide cualquier ascenso o progreso social. Necesitamos elevar el nivel economico de estas comunidades, mas que asambleas constituyentes o CPE necesitamos un «plan marshall» que haga levantar a estas comunidades insertándolas en un mundo moderno, necesitamos una inyección millonaria de dolares para «crear Estado», porque si un Estado no se manifiesta en sus habitantes con «poder económico» o les ayuda a generar riqueza por sí mismos, entonces es un Estado disfuncional.
Son dos cosas complementarias. El pacto social, es cierto, debe ir acompañado de un doble proceso, el de educación desde la base y el de una lógica de inversión productiva especialmente en el área rural. No son cosas excluyentes. El problema es que una visión puramente ideológica de ese nuevo pacto y un proyecto de poder por el poder, desnaturalizan un camino que es indispensable. La construcción de la sociedad boliviana debe complementar todos esos elementos. Pensar que eso es imposible, sería una autocondena.