Publicado en Página 7 y Los Tiempos el 16 de mayo de 2010

Los dos jóvenes muertos en Caranavi, víctimas de la represión policial, ponen en evidencia una realidad dramática; el circuito de la violencia generada por los conflictos entre Estado y sociedad o en el seno de ésta, no cesa.

Una de las muchas razones que nos impulsó a proponer y convocar a una Asamblea Constituyente entre 2003 y 2005, fue la idea de que el pacto social se había quebrado progresiva e irremediablemente y que la construcción común de un nuevo compromiso colectivo, hecho de forma democrática y participativa, renovaría una relación que estaba teñida de violencia, intolerancia e irracionalidad.

Entre 2006 y 2009, a trompicones, en medio de una guerra entre gobierno y oposición, vulnerando sistemáticamente la ley de convocatoria a la Asamblea, y sobre la base de un texto jamás discutido en el plenario, se acabó promulgando la nueva Constitución. De modo dramático, la sangre de tres compatriotas bautizó sus páginas.

A un año y algo más de su puesta en vigencia nada parece indicar que el nuevo pacto haya modificado algo básico, la idea de que la ley está hecha para cumplirse. Tampoco hay elementos que nos permitan pensar que la relación entre sociedad y Estado ha cambiado.

La peor ironía es que Morales, quien fue uno de los impulsores de las movilizaciones más violentas contra anteriores gobiernos, responsable y víctima a la vez de los efectos de esas confrontaciones, vive hoy desde el otro lado del escritorio el efecto de la acción devastadora y crónica de  manifestaciones, huelgas, bloqueos, movilizaciones, amenazas y ultimátums. Doble ironía si subrayamos que el ministro de Gobierno fue en su momento presidente de la Asamblea de DD.HH. e hizo los más desgarradores alegatos contra la represión ejercida en la etapa “neoliberal” (publicó incluso un libro denunciando la violencia de los “reaccionarios” al servicio de los intereses de las elites en el periodo 1985-2006). Y hete aquí que tanto el vicepresidente como el ministro de Gobierno, han usado exactamente los mismos argumentos de sus antecesores que tuvieron que usar la represión para frenar la violencia callejera. Argumentos del más puro liberalismo en cuestión económica y de los más ajados lugares comunes para justificar sus actos. En Caranavi, además, la acusación contra la derecha y los Estados Unidos sonó hueca e inverosímil. La terrible diferencia entre el pasado y el presente la marcó Morales. El Presidente obligó a los dirigentes yungueños a reconocer que ellos y no el gobierno son los culpables de la muerte de los dos jóvenes, lo cual –hay que reconocerlo- es de una perversa sofisticación, sobre todo porque la justificación presidencial podría aplicarse perfectamente a los doscientos dieciocho muertos civiles víctimas de acciones de gobierno desde 1982 a hoy, pero está claro que ese razonamiento usado por Banzer o Sánchez de Lozada, hubiese sido calificado por los afectados como un sarcasmo sangriento sobre los cadáveres de las víctimas.

En los más de cuatro años de esta administración se han producido cincuenta y cuatro muertes como consecuencia de conflictos sociales. De ellas, tres de servidores del orden, treinta y dos de civiles en enfrentamientos en los que el gobierno no tuvo responsabilidad directa, la tuvo por omisión o por respaldo explícito a grupos sociales afines. Finalmente, diecinueve personas murieron entre 2006 y 2010 por acción represiva ejecutada por policías o militares.

La constatación más preocupante de todo es que la lógica del desquiciamiento no ha cambiado. Faltan canales adecuados de diálogo, continúa la idea de que todo reclamo pasa por el ejercicio de la presión, que el Estado tiene la obligación de dar todo y resolver todo, falta una conciencia esencial de responsabilidad individual y colectiva ante la comunidad, se mantiene la teoría de que la pobreza justifica cualquier desmán. Este polvorín se pone al descubierto cuando, independientemente de la línea ideológica de quien administra el poder, los mecanismos de confrontación no cambian.

La lección es: el pacto social sigue sin funcionar, el Estado sigue acorralado y la ingobernabilidad es un hecho sólo atenuado por el nivel de legitimidad del Presidente. Si alguien con el 64 % de los votos tiene en su gestión estas cifras de víctimas mortales, sin contar más de dos centenares de heridos, ¿qué se puede esperar de un gobernante en el futuro con menor respaldo de votos y menos convocatoria social?

Sufrimos una grave enfermedad que debemos encarar de frente. Está en manos del Presidente Morales hacer una reflexión de fondo, replantear su lógica de amigo-enemigo, abrir un diálogo real con la oposición y organizaciones agremiadas y sobre todo, corregir esta patología instalada en los movimientos sociales -de la que es coautor en sus tiempos de dirigente cocalero-, que se ha convertido en un cáncer que corroe las bases del Estado y la sociedad en su conjunto.