Escrito el 22 de Noviembre del 2009

Una de nuestras actuales paradojas es la gran dificultad que tienen quienes detentan el poder y quienes a través suyo están representados, en entenderse como las elites que son.

La llegada a la presidencia de Morales no ha representado demasiados cambios reales en el escenario del país, la mayor parte ha sido hasta hoy retórica, discurso y simbolismo, pero lo que es indudable es que –y en eso sí hay una proximidad con la Revolución de 1952- se ha producido un desplazamiento, destrucción y sustitución de elites. Lo más evidente es lo referido a la creación de una elite política que sustituye a otra que comenzó con la implosión de los partidos históricos en 2003, continuó con la derrota electoral de sus subrogantes en 2005 y sucesivamente en los referendos y revocatorio nacionales del periodo 2006-2009. Es poco probable que el saldo de las elites derrotadas pueda resistir con éxito el proceso electoral 2009-2010 y es imperativo que  simultáneamente se complete el círculo con la creación de una nueva estructura de partidos serios de diversas tendencias de oposición democrática. Hoy por hoy, sin embargo, como en 1952, la mayor parte del espectro político nacional está copado por el MAS y lo que ello implica. Quienes gobernaron hasta 2003 no gobiernan y quienes marcarán el recambio democrático que llegará más temprano que tarde, no serán ciertamente las personas que gobernaron entre 1982 y 2003.

Desde el punto de vista económico estamos viviendo un momento interesante, estimulante pero cargado de riesgos. Surgen nuevos protagonistas que rompen progresivamente los círculos de poder tradicional, no sólo en las esferas de los grandes empresarios donde el mecanismo es aún embrionario, sino sobre todo en medianos y pequeños empresarios, tanto en el sector productivo como en el de comercio y servicios. El  problema mayor es la informalidad que amenaza comerse al país, sobre todo en los sectores más dinámicos, las empresas medianas, las pequeñas, las microempresas y muy en particular las cooperativas mineras y las comunidades indígenas que quieren controlar esas actividades económicas en sus jurisdicciones, lo que hace cada vez más difícil un mínimo orden económico y la capacidad de ampliar el espectro de recaudación de impuestos que es urgente, y que el único que lo puede hacer  por su capacidad de control de movimientos sociales y convocatoria popular es el gobierno. Complementariamente, las actividades ligadas al contrabando y al narcotráfico van viento en popa a toda vela, lo que implica dos consecuencias: incremento de la corrupción (un reciente informe internacional confirma que el discurso de la honestidad y austeridad es eso, un discurso, pues Bolivia sigue entre los países con mayor corrupción del hemisferio) y un crecimiento preocupante de la violencia.

En lo social, el desplazamiento de las elites en el poder trae como efecto la ruptura de estamentos que estaban poco vinculados entre sí, o que funcionaban como compartimentos estanco y que ahora comienzan a abrir vasos comunicantes. Si en el pasado se caracterizó a estos procesos que ya existieron en escala modesta como de “encholamiento” de la sociedad, ahora podríamos hablar de una “indigenización” de las elites y un ascenso de los indígenas que se incorporan progresivamente a la clase media y la clase alta modernas. Modernidad no quiere decir “neoliberalismo”, quiere decir la necesidad de estar preparado para este siglo. Es un camino que acompaña la creciente urbanización del país y la necesidad de insertar a Bolivia en el mercado internacional. Lo interesante es que si el concepto de “vivir bien” se aplicara con inteligencia y no con teorías esotéricas y absurdas, es posible diseñar una propuesta de modernización sobre ideas que conjuguen los valores positivos del “vivir mejor” occidental y el “vivir bien” local, recogiendo lo creativo y bueno de ambos. Mejor y bien no son incompatibles. Vivir bien no es tomar como referente una vivienda uru-chipaya cuyas características casi no han cambiado desde hace medio milenio, es tomar como referente aquello que permita la armonía entre ser humano y medio ambiente. Vivir mejor no es sumarse al modelo desarrollista que está llevando al planeta al colapso, es mejorar condiciones de acceso a la salud, agua potable, saneamiento básico y educación intercultural.

Para que esto proceso supere el descalabro al que puede conducirnos la incomprensión de la dimensión del desafío de quienes gobiernan, es indispensable que los pueblos indígenas del país entiendan que están en el poder, que lo conquistaron y lo detentan, que ya no son los mirones de un banquete ajeno. Otra cosa es si el Presidente indígena y sus colaboradores hacen la diferencia o no, pero sobre todo habrá que ver si un indígena de hoy vive bien en comparación a cómo vivía el 21 de enero de 2006, o si por el contrario sigue exactamente igual que entonces.
Pero lo que no se puede aceptar es que los gobernantes y los intelectuales que son funcionales al régimen sigan hablando como si estuvieran todavía bloqueando carreteras y cuestionando al gobierno-estado “neoliberal”. Ellos son el poder formal, ellos son la elite. Asúmanse como elites porque lo son y demuestren que esta nueva elite tiene la capacidad para gobernar a todo el país y a todos los bolivianos, sin privilegios para unos pocos, sin “nomenklaturas”, sin prebendalismo, sin corrupción, sin comprar conciencias, sin violencia represiva desde el Estado, sin soberbia, con sentido democrático y sobre todo con un espíritu de respeto real a los derechos humanos.

En pocas palabras: Se acabó la coartada del victimismo, se acabó el discurso de los quinientos años, se acabo la denuncia de que las elites de siempre gobiernan desde siempre al país (cosa que por otra parte no es cierta). Ya han pasado cuatro años y aunque Morales dejara de ser Presidente, esas nuevas elites se instalaron en la política y se están instalando en la economía y en la sociedad, una instalación definitiva y necesaria, siempre que acepte la pluralidad y la inclusión que reclamaron  por siglos.