Impedido por la Constitución para aspirar a otros cinco años de mandato y con el debido tiempo, el presidente había planificado su ruta cuidadosamente.

En 2015 hizo una propuesta de modificación del artículo 168 de la Constitución (CPE) a la Asamblea Legislativa, que limita a dos periodos consecutivos el mandato presidencial. Fue un trámite breve dados los dos tercios de los que goza en la Asamblea. El cambio se aprobó abriendo la posibilidad de una nueva postulación suya. Quedaba, como manda la CPE, un referendo popular aprobatorio.

Entonces, los bolivianos hablaron y le dijeron un no resonante a la reforma. Fue un terremoto. En ese momento el Gobierno no tenía un plan B.

Febriles, los asesores del presidente estudiaron varios caminos hasta optar por el que años antes había escogido el premio Nobel de la Paz y expresidente Óscar Arias en Costa Rica para habilitarse como candidato cuestionando la Constitución de su país que prohibía la reelección.

El 4 de abril de 2003 la Corte Suprema de Justicia con su decisión favorable a Arias abrió una caja de Pandora para la democracia en América Latina. El argumento -ingenioso sin duda- fue que la limitación de la reelección en cualquiera de sus formas viola el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) que dice: “Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades…de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores”.

A la Corte costarricense no le importó el espíritu de la norma que apunta a defender al ciudadano de los excesos de los poderosos y, menos aún, respetar el principio esencial de que la Constitución es la máxima expresión de la voluntad popular que establece las reglas de juego de una sociedad, entre las que se cuentan aquellas que limitan legítimamente el poder de quien lo ejerce, una de cuyas bases es la de la temporalidad del mandato presidencial, sus restricciones y el principio de la alternabilidad.

Roto el dique a través del desplazamiento de decisiones esencialmente legislativas a manos del Poder judicial, los émulos de Arias no se hicieron esperar. En 2014 Daniel Ortega en Nicaragua, sobre el mismo principio, forzó a una modificación constitucional que permite su reelección indefinida. En 2015 le tocó el turno a Juan Orlando Hernández en Honduras, que logró, mediante el mismo argumento, cambiar una de las cláusulas “pétreas” que le costó el cargo a Manuel Zelaya por sólo proponer una consulta sobre el tema.

No fue difícil entender en Bolivia que antes que ensayar algo incierto era aconsejable seguir la huella ya existente. De ese modo, el 28 de noviembre de 2017 el Tribunal Constitucional cumplió el encargo del Gobierno y estableció que el ya célebre artículo 23 de la CADH, dada la preeminencia de los tratados y convenios internacionales de DDHH ratificados por Bolivia sobre la Constitución, garantiza un “derecho humano fundamental” de Evo Morales, violado por el art. 168 de la CPE.

La decisión del Tribunal se hizo extensiva a todo cargo electivo y, por si las dudas, llevó a los magistrados a entusiasmarse y declarar en suspenso cuatro artículos de la Constitución, arrogándose potestades de las que carecen.

Pero no todo era miel sobre hojuelas para los autores de esta solución. A diferencia de los otros mandatarios beneficiados por tal lectura de los “derechos humanos” de los poderosos, el pueblo boliviano se había pronunciado a través de un referendo.

La soberanía popular, máxima expresión de una sociedad, había dicho no a la reelección indefinida de acuerdo al mandato que el pueblo mismo se dio en un referendo anterior que aprobó la Constitución en 2009. Ante tal peso de legitimidad y legalidad quedó en evidencia que el Tribunal Constitucional había prevaricado.

Lo que se pensó desde el Gobierno como un mero trámite engorroso, se convirtió en una pesadilla. La oposición ha acuñado una frase que se repite como un karma: “¡Bolivia dijo No!”, allí donde encuentra alguna autoridad de gobierno en acto público.

A algo más de un año de los comicios, el presidente ha decidido cruzar el Rubicón y romper lazos con la democracia, negando validez al 21F. Pero hay quien piensa que aún queda mucha agua por pasar. La gente se suma como en un gran río a la reivindicación de fecha tan emblemática, las encuestas ratifican una y otra vez que más del 70 % de los bolivianos están en contra de la repostulación de Morales, y la intención de voto por el mandatario es muy modesta en comparación con los abrumadores números de sus anteriores triunfos electorales.

En este escenario que se anuncia turbulento, uno de los órganos del Estado, el electoral, se halla ante un grave dilema. ¿Reconocerá la palabra del pueblo expresada en el referendo que sus magistrados presidieron o se inclinará, bajo presión gubernamental, por la decisión del Tribunal Constitucional?

Queda una última pregunta: ante tal uso del artículo 23, ¿no es tiempo de una interpretación justa de su real significado y espíritu por la Corte Interamericana de DDHH?

NOTA: Este artículo forma parte del servicio de firmas de la Agencia EFE al que contribuyen diversas personalidades, cuyos trabajos reflejan exclusivamente las opiniones y puntos de vista de sus autores