Bolivia no ha logrado en más de medio siglo resolver la cuestión de la coca como uno de los ejes de nuestra economía, de nuestra política y de nuestros problemas sociales. El último paso de Evo Morales sobre el tema ha generado una intensa polémica sobre el asunto, que ha traído a colación algunos episodios del pasado, uno de los cuales toca a mi gestión presidencial.

El 3 de octubre de 2004 mi gobierno firmó un Convenio (no un Decreto Supremo) con las Federaciones del Trópico de Cochabamba a propósito de la superficie de cultivos de hoja de coca en la zona.

¿Por qué lo firmamos? Por dos razones. La primera, por la filosofía de paz que guió nuestra gestión en salvaguarda de la vida y en defensa de la democracia. Las tensiones entre quienes producían coca en un área protegida (Isiboro Sécure) y la Fuerza de Tarea Conjunta, dejaron como consecuencia un cocalero fallecido y la amenaza violenta de los productores sobre la citada Fuerza. La segunda, por la lección aprendida del proceso de eliminación total de coca en el Chapare en la gestión de Hugo Banzer. Entre 1998 y 2001 se provocó la muerte de 23 cocaleros por acciones represivas de la FELCN para hacer efectiva la premisa de coca cero en ese sector del país. En 2000 se había reducido la coca chapareña hasta sólo 600 hectáreas, pero en 2002 esa cantidad subió a 6.000 hectáreas, lo que demostró el fiasco del esfuerzo a pesar del costo en vidas humanas y el incremento de un volcán social y político que contribuyó a la crisis de la democracia en octubre de 2003.

El Convenio tenía premisas fundamentales: la más importante y base del acuerdo, el compromiso de gobierno y productores de realizar de manera inmediata un estudio de la demanda del consumo legal de la hoja a cargo de una institución nacional y/o internacional en el plazo máximo de un año a partir de su firma, cuyos resultados debían ser respetados y cumplidos por ambas partes. También se estableció la aceptación por parte de los productores de la erradicación total de la coca existente en los parques nacionales Isiboro Sécure y Carrasco, que a la sazón habían sido invadidos de cocales.

Es muy importante subrayar que en ningún momento el convenio ampliaba el límite de 12.000 hectáreas contempladas en la Ley 1008.

Cuando llegamos al gobierno en 2003 la coca existente en el Chapare era de 7.300 hectáreas. La decisión fue aprobar en ese Convenio un máximo de 3.200 hectáreas, es decir un 66% menos de la coca existente entonces, pero lo más importante fue que el Convenio era un documento de transición de sólo un año de duración, sujeto expresamente a la realización del citado estudio sobre los requerimientos del consumo legal. A los productores ni les interesaba ni les convenía hacerlo, porque es evidente que el consumo legal no requiere la producción nacional promedio que el país ha tenido desde 1988 (año de aprobación de la ley 1008) hasta hoy. Ese estudio no se realizó bloqueado por los productores, en consecuencia la validez del Convenio feneció el 3 de octubre de 2005 (cuatro meses después de nuestra salida del gobierno) precisamente por la lógica salvaguarda de demostrar que lo que se requería para el consumo legal obligaría a una reducción radical de la producción. Fue además la primera vez que una decisión de Estado sobre la coca se hizo sin consulta previa con la Embajada de los Estados Unidos, con base en los intereses sociales, políticos y económicos del país.

La actual Ley del MAS incrementa el número de hectáreas permitidas de 12.000 a 22.000, derogando las partes respectivas de la Ley 1008. Para evaluar el efecto de la medida hay que hacer algunas preguntas. ¿Contamos con información fiable sobre la verdadera demanda del consumo legal? El estudio realizado hace algunos años por la Unión Europea y el gobierno no se conoce en detalle, sólo sabemos el dato de una demanda genérica de 14.000 hectáreas en un informe escueto y no explicado por las autoridades. Si aceptamos la cifra como correcta, la Ley estaría 8.000 hectáreas por encima. ¿Cómo se garantizan los mecanismos de control, regulación y distribución de la hoja en los puntos de demanda que garanticen su correcto destino? ¿La idea de industrializar la hoja que no va al acullicu tiene fundamentos técnicos, científicos y de mercado? ¿Es posible industrializar la hoja para su exportación en volúmenes que cubran la producción excedente, a destinos que en su mayoría consideran ilegal la materia prima?

La deficiencia de la Ley tiene que ver con la inexistencia de una estrategia nacional que encare el problema estructural, es decir el fracaso estrepitoso de la guerra contra las drogas iniciado hace 50 años por EE.UU. y Europa y secundado por los países productores. Bolivia no ha planteado una propuesta que toque el corazón del tema que permita: 1. Un debate subregional (Colombia, Perú y Bolivia en el caso de la coca). 2. Latinoamericano para la cuestión integral del crimen organizado asociado a la producción de drogas blandas y duras. 3. Hemisférico -con EE.UU.- para reformular las premisas de una nueva era que busque superar este círculo vicioso interminable.