El 15 de enero de 2015 Rafael Puente en su columna habitual en «Página Siete» escribió: «Respuesta algo atrasada a Carlos Mesa». He aquí mi respuesta.

Comienzo por agradecer a Rafael Puente por la valoración que hace de mi trabajo como parte del equipo del tema marítimo. Dicho lo cual vale la pena hacer algunas precisiones en torno a su lectura de mis adscripciones y acciones políticas.

Dice Puente que soy “un convencido neoliberal”. Un primer elemento imprescindible para juzgar los hechos históricos es hacerlo intrínsecamente, más allá de lo que circunstancialmente pueda representar una determinada figura política.

La Participación Popular fue un hecho revolucionario en la construcción de un Estado capaz de encarar el siglo XXI de modo adecuado. Fue el salto estructural más importante hacia la descentralización y la edificación de autonomías reales, pero además articuló al país con la definición de los municipios territorializados. Fue una transferencia de poder real en lo político, en lo económico y en lo social. Pero algo más, fue el primer paso objetivo al reconocimiento de los municipios indígenas y a las mancomunidades municipales indígenas, pilar inexcusable de la vertebración de la idea de un Estado Plurinacional. No puede reputarse una ley de colonial porque el municipio sea una institución colonial. El cabildo, instrumento esencial de la democracia indígena, es una herencia colonial, apropiada y adaptada a la lógica del mundo no europeo en el área rural boliviana. El ejemplo de la concejala aymara de Ayo Ayo nos podría conducir, por ejemplo, a decir que los linchamientos son una herencia de las prácticas comunitarias indígenas lo que no sólo no es cierto, sino que es una grave manipulación de una estructura de justicia comunitaria que está en las antípodas.

Es bueno que Rafael Puente valore la Ley INRA. La ley reconoció la propiedad comunitaria en los Andes y, lo que es más importante, estableció los territorios indígenas en las tierras bajas, un salto histórico de dimensiones gigantescas, para no hablar del impuesto a la gran propiedad y el concepto de la Función Económica y Social de la Tierra. No confundir concepto con aplicación o no de ese concepto. Si juzgáramos al gobierno actual por la distorsión de la filosofía de su proyecto histórico, las actuales autoridades se verían en figurillas.

De la política hidrocarburifera más vale hablar, porque si algo es evidente es que mi gobierno estableció –mediante el Referendo de Hidrocarburos- es el comienzo del cambio fundamental en la política sobre el tema. Primero, la abrogación de la Ley aprobada en el gobierno de Sánchez de Lozada. Segundo, la recuperación de la propiedad de los hidrocarburos en boca de pozo, lo que quiere decir el control de contratos internacionales, precios internos y mecanismos de comercialización. Tercero, la refundación de YPFB y cuarto, el incremento hasta un mínimo de 50% de los impuestos a favor del Estado. Para que Rafael Puente no tenga dudas cito un considerando del DS de 1º de mayo de 2006 firmado por el Presidente Morales: “Que en el Referéndum Vinculante de 18 de julio de 2004, a través de la contundente respuesta a la pregunta 2, el pueblo ha decidido, de manera soberana, que el Estado Nacional recupere la propiedad de todos los hidrocarburos producidos en el país”. Y ahora hablemos de la Ley de Hidrocarburos de 2005 y el IDH. El capítulo II de ese instrumento legal se titula: “Ejecución y cumplimiento del Referéndum”. Si no hubiese hecho el Referendo esa ley no existiría. ¿Alguna duda? El nacimiento del IDH es consecuencia directa de ese Referendo. Las razones por las que no promulgué la ley tuvieron que ver con la tenaza a la que estaba sometido, entre dos radicalismos que esperaban o la aprobación o el veto para aplastar a mi gobierno. Mi margen político era cero al carecer de respaldo partidario, parlamentario o de movimientos sociales. No me opuse a la esencial de la ley, de haberlo hecho la hubiese vetado. La citada ley, que vale la pena recordarlo fue redactada en estrecha colaboración por Dante Pino del NFR y Santos Ramírez del MAS, tiene graves problemas: a) Manejo equivocado del tratamiento impositivo plano en desmedro y desincentivo de campos pequeños, marginales o declinantes cuya mayor producción es la de líquidos. b) Desmembró innecesariamente YPFB por presiones regionales. c) Hace una distribución desequilibrada del IDH que no compensa adecuadamente a los departamentos no productores.

Renuncié a la presidencia por una sola y fundamental razón, porque no estaba dispuesto a incumplir un compromiso ético esencial, el del respeto a la vida. Ante la acción de las minorías eficientes que buscaban que sacara a las FFAA a la calle, con las consecuencias predecibles, decidí dejar el cargo porque no hay razón de Estado que justifique la violación grave de los Derechos Humanos de mis compatriotas.

Sería de agradecer que quienes tienen ideas distintas terminen con el marbete de calificar de neoliberal toda aquella mirada crítica a lo que piensan o hacen. ¿Neoliberal la Participación Popular, la Reforma Educativa o la Ley INRA? ¿Neoliberal el Referendo de Hidrocarburos? ¡Por Favor!